El reino de taifas de las Autonomías

Cuando los padres de la Constitución dieron cabida y nacimiento en el seno del texto legal al Estado de las Autonomías, difícilmente pudieron visualizar la evolución del modelo de gobierno al que estaban dando a luz.

En un momento en el que el afán pacificador ansiaba más unir que poner en evidencia las diferencias, se buscó, mediante el consenso, aprobar un texto legal que dejase satisfechas a todas las partes. Es evidente que era difícil encontrar un acuerdo entre las aspiraciones de vascos y catalanes, mayormente, y los partidarios de “una, grande y libre”, que en aquella época eran muchos más que ahora. Sin embargo, se consiguió, aunque como muchos de los acuerdos del texto constitucional quizás hace ya un tiempo que se le debería haber dado un repaso.

El caso es que el Estado de las Autonomías, tal y como es ahora mismo, parece no satisfacer a nadie. Según una encuesta realizada por empresa de estudios demoscópicos My Word (PDF) para la Cadena SER en 2012, el 49% de los encuestados apostaba por un Estado centralizado, sin comunidades autónomas, o con autonomías con menos competencia. Además, la crisis ha provocado también una desconfianza institucional sin precedentes.

Por otro lado, una aplastante mayoría de los ciudadanos respondió que no confiaba en el Gobierno de España (82%), en el Gobierno Autonómico (73,5%) ni en las Instituciones Europeas (72%). Además, siete de cada diez ciudadanos se declararon insatisfechos con el funcionamiento de nuestra democracia y nuestro Estado del Bienestar. A un porcentaje similar (73%) no le gusta cómo funciona nuestro Estado del bienestar. Eso por no hablar de la marcha de la economía, de la que renegó casi el 90%.

Evidentemente, han pasado 5 años desde la encuesta y las cosas pueden haber variado (encuesta del CIS de marzo (PDF)), sobre todo, quizás en la parte económica, pero lo que está claro es que en el grueso de la ciudadanía no ha terminado de calar el actual sistema autonómico.

De hecho, es percibido por buena parte de la ciudadanía como un reparto del país en 17 trozos no siempre acordes a la realidad histórica y geográfica, en los que el gasto quedó a merced de políticos de medio pelo, donde la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad, y donde, en el colmo del disparate, ni responden por el endeudamiento, ni rinden cuentas a nadie porque la gente no relaciona su experiencia personal con el despilfarro público.

España es en estos momentos posiblemente el estado más descentralizado del mundo, sobre todo en lo que a gasto público se refiere: sólo un 44% del gasto es realizado por el Gobierno Central, mientras que la media está en un 60% en los países con una estructura similar a la nuestra y en un 80% en aquellos con un Gobierno centralizado. No ocurre así en el caso de los ingresos, lo cual es uno de los grandes motivos de disputa entre Gobierno y Autonomías y, en ocasiones, de enfrentamientos entre ellas por el distinto tratamiento que reciben.

Sin embargo, lejos de que este mayor gasto incida de manera directa en el bienestar de la sociedad, buena parte del mismo se diluye en pagar estructuras de Gobierno, muchas veces redundantes, y mantener estructuras políticas percibidas por la ciudadanía como innecesarias.

De hecho, España es el país europeo con más políticos por habitante. Un reciente estudio cifra en casi 450.000 los políticos que tiene España (incluyendo los liberados sindicales), el doble que Italia y que Francia, o que Alemania, que con el doble de habitantes tienes tres veces menos cargos políticos. Es evidente que Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y similares, Parlamentos Autonómicos, Senado, Parlamento y, por supuesto, Instituciones Europeas son un enorme campo de acción en el que un joven político, con los adecuados contactos y amistades, pueda medrar toda su vida sin hacer otra cosa.

Si miramos algunas de las áreas más significativas, como pueden ser sanidad y educación, vemos que, con respecto a la primera, el coste de financiarla en 1.990, antes de ser transferida a las CCAA, era de 33.000 millones de euros (en euros de 2.015). Hoy el coste es de 67.000 millones y su calidad, en la percepción de los ciudadanos ha caído, tanto que 11 millones han optado por contratar un seguro privado. Evidentemente, no son las mismas circunstancias, el envejecimiento de la población es un lastre muy pesado, pero es también es evidente que la redundancia de estructuras que antes estaban centralizadas, con el consiguiente aparato burocrático y político, y la pérdida de economías de escala, que hacen que seamos uno de los mejores clientes para las farmacéuticas y las empresas del sector sanitario, influyen en el engrosamiento de las facturas sanitarias. Por otro lado, la búsqueda de la equiparación entre todas las comunidades y las rivalidades entre ellas, llevan a disparates como el inacabado hospital de Toledo, el mayor de Europa, en una ciudad de 83.000 habitantes.

Con respecto a la educación, su coste ha aumentado 14.000 millones de euros de 2.015 desde su transferencia a las CCAA. Nuestras universidades son fábricas de parados o de inmigrantes y de las 50 que existen en nuestro país, con 25 de ellas debería plantearse la posibilidad más rentable de cerrarlas y becar a sus alumnos en Oxford. Una recentralización con un criterio mejorar la gestión y cerrar lo inviable ahorraría 10.000 millones de euros. Sólo el coste político impide plantear siquiera el debate.

Pero hay más ejemplos, las embajadas, agencias, institutos y entes públicos diversos abiertos por algunas CCAA a lo largo del mundo, las televisiones autonómicas, las infraestructuras construidas para dar un servicio innecesario en cada Comunidad Autónoma sin más criterio que el poder estirar el cuello, alardear de un servicio innecesario y, sobre todo, para poder colocar a toda una pléyade de funcionarios y políticos también innecesarios. Luego, vienen los aeropuertos sin aviones, los polideportivos cuyo mantenimiento se comen los presupuestos municipales, etc.

Lo cierto es que, la tendencia en toda Europa es buscar la centralización para ahorrar costes, fomentando, por ejemplo, la mancomunidad de pequeños ayuntamientos, lo que ahorraría, según el propio Montoro, 7.129 millones de euros, al refundir y acabar con 5.900 ayuntamientos ineficientes que hay en nuestro país.

Igualmente, en toda Europa se busca la eliminación de barreras a la movilidad de mercancías y personas, mientras en España, las CCAA han publicado más de 100.000 leyes y normativas que, en muchos casos determinan la actividad productiva de empresas y personas, para empezar por el propio trato fiscal.

En definitiva, el Estado de las Autonomías se concibió para reconocer la pluralidad de España y dotar a los ciudadanos de una Administración más eficaz y cercana. Pero el derroche y ambición de algunos gobernantes ha derivado en un complejo entramado de pequeños Estados repletos de duplicidades y alejados por completo del sentir de una ciudadanía que en los últimos años ha tenido que ajustar su gasto, entre otros motivos, para mantener un Estado desorbitado.