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Midiendo la economía a través del PIB

El PIB de un país proporciona una medida cuantitativa en valor monetario que refleja la producción de todos los bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo que generalmente tiende a ser un año. Esto es una estadística importante que indica si no economía se encuentra en fase de crecimiento o bien recesión.

El PIB de un país sirve para medir de alguna manera tanto la salud como el tamaño de la economía. Aquellos países con economías saludables tienden a producir más bienes y servicios y por lo tanto, tienen un PIB superior. Un PIB creciente  representa la expansión dentro de la economía de un país, señalando que está en un proceso de ser cada vez más productivo, durante el mismo periodo de tiempo.

Proporcionar una cifra cuantitativa para el PIB ayuda a un gobierno a tomar decisiones tales como cuál es el flujo de dinero que necesita la economía, mediante la creación de base monetaria u  otros políticas monetarias y también fiscales, según el ciclo económico. En el caso de que una economía se encuentre sobrecalentada, el gobierno tiende a actuar para relajar las eventuales tensiones inflacionistas.

También hay que señalar que hay diferentes maneras de calcular el PIB. Por un lado tenemos el PIB nominal que es el valor total de los bienes y servicios te están evaluados a los precios actuales del mercado en la moneda de un país. Otra de las maneras de calcular el PIB es basándonos en la paridad del poder adquisitivo  que es básicamente el tipo de cambio implícito el que una moneda de un país tendría que ser convertida la de otro país para comprar una cesta idéntica de bienes y servicios.

Este cálculo es especialmente relevante ya que las conclusiones puede ser contradictorios según qué variable analicemos. Por ejemplo, Estados Unidos es la primera economía del mundo pues su PIB nominal es de 19,42 billones de dólares, mientras que China, en segunda posición asume un PIB nominal de 11,9 billones de dólares.

¿Pero qué sucede si comparamos estos PIB según la paridad del poder de compra? Bajo este supuesto China sería la economía líder en el mundo al asumir un PIB 23,19 billones de dólares, mientras que Estados Unidos seguiría con un PIB de 19,42 billones de dólares.

Midiendo la economía a través del PIB 1

El PIB es una medida contable que trata de valorar todos aquellos bienes y servicios que se producen en una economía. No obstante, existen determinados bienes y servicios que no quedan contabilizados dentro del PIB.  Entre los múltiples ejemplos, uno de ellos, serían los servicios en el hogar pues las labores domésticas  son un servicio valorado por el mercado, que de que no está sujeto a una transacción económica o también  aquellas personas que poseen un huerto propio destinado al autoconsumo.

Marc Fortuño

Carlos Lopez

Redactor de Euribor.com.es. Escribiendo desde el 2006 sobre el Euribor, economía, finanzas, bolsa, hipotecas y ahorro

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  • Ada Colau rechaza ceder locales para el referéndum

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  • El con­flicto entre el es­tado es­pañol y la Generalidad de Cataluña se ha in­ten­si­fi­cado tanto en el úl­timo mes, que está jus­ti­fi­cado pre­gun­tarse cuáles son y qué al­cance tienen los po­deres cons­ti­tu­cio­nales que asisten al go­bierno para im­pedir lo que esa ins­ti­tu­ción au­to­nó­mica y los par­tidos que la apoyan han pro­me­tido hacer de aquí al 1 de oc­tubre pró­ximo, fecha de un pre­ten­dido re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción para Cataluña. Durante años se ha ci­tado el art. 155 de la Constitución Española como un ins­tru­mento de úl­timo re­curso a dis­po­si­ción del go­bierno para el caso de que las au­to­ri­dades de una co­mu­nidad au­tó­noma no cum­plan con sus obli­ga­ciones cons­ti­tu­cio­na­les. Sin em­bargo, las fa­cul­tades que ese ar­tículo otorga al go­bierno no están es­pe­ci­fi­ca­das; el 155 sólo le da un poder in­de­ter­mi­nado para obligar a la Comunidad a cum­plir­las, bajo los tér­minos de una au­to­ri­za­ción que el go­bierno debe re­cabar del Senado.

    Sin embargo, las facultades que ese artículo otorga al gobierno no están especificadas; el 155 sólo le da un poder indeterminado para obligar a la Comunidad a cumplirlas, bajo los términos de una autorización que el gobierno debe recabar del Senado.

    Según han señalado diversos constitucionalistas, el reglamento del senado no permite la aprobación senatorial en un tiempo útil acorde con las necesidades operativas que plantea el desafío perentorio del ‘govern’. Aunque el gobierno pudo haber desestimado hasta ahora el 155 por su imprecisión o por la prolijidad de su tramitación, debería sincerarse ante una opinión pública que insistentemente evocaba la necesidad de apelar a su cumplimiento.

    Un artículo del constitucionalista Jorge de Esteban, en el diario Mundo, hace pocas semanas, descartaba la viabilidad del recurso al art. 155, precisamente por lo prolijo y demorado de su aplicación. Sencillamente, no hay tiempo para aplicarlo ya que el supuesto anticonstitucional, es decir, la pretendida celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña, está prevista para el 1 de octubre próximo.

    El instrumento constitucional más afín a las previsiones del 155, más preciso y mejor instrumentado desde el punto de vista operativo, es la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Los tres estados son aplicables cuando se dan “circunstancias extraordinarias” que hacen imposible “el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”.

    Es claro que son las mismas “Autoridades competentes” de la comunidad autónoma de Cataluña las que están haciendo imposible “el mantenimiento de la normalidad” constitucional. Sería irónico que para este caso fuera el gobierno de la Generalidad “la Autoridad competente”, puesto que se le ha atribuido la facultad de gobernar Cataluña según la Constitución. Pero ocurre que es esto lo que viene aduciendo el ‘govern’, como autoridad suprema y democrática de Cataluña; sus poderes, alega, no le vienen de la Constitución sino de la voluntad ya expresada por el pueblo catalán al elegir un parlamento con mayoría independentista (aunque mayoría mínima). El gobierno, pues, se verá seguramente en la necesidad de elegir uno de los tres ‘estados’ de la LO 4/1981.

    El de ‘alarma’ no es específico para el caso de que se trata, ya que se refiere a catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales, etc. Sólo la paralización de estos últimos, como comunicaciones, carreteras, etc., pueden verse afectados por un acto sedicioso, pero en principio no de una forma catastrófica. Este artículo, sin embargo, es el que más incondicionalmente tiene el gobierno a su disposición, puesto que puede declararlo con un simple decreto, aunque para su prolongación después de los primeros quince días necesitaría el permiso del Congreso.

    El estado de excepción está previsto para situaciones en que las instituciones, los servicios públicos o el orden público “resultan tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”. Aquí el gobierno necesita la autorización del Congreso, lo que puede dar ocasión a la utilización del permiso como arma de negociación entre fuerzas políticas opuestas, sobre todo si consideramos la posición de un PSOE convencido de que tiene la fórmula para resolver el problema catalán con tal de “aproximarse” a Cataluña, y un Podemos que quiere que se celebre un referéndum, aunque dice que debe ser legal.

    El estado de sitio, por último, contempla “una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía nacional o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”.

    En este supuesto extremo, el gobierno puede declarar el estado de sitio en consejo de ministros, el cual durará quince días, aunque para prorrogarlo necesita la aprobación del Congreso. Es evidente que este ‘estado’ es más flexible desde el punto de vista del ejecutivo que los otros dos, puesto que le libra durante una quincena de la presión de las fuerzas de la oposición.

    Por otro lado, y desde el punto de vista puramente operativo, el de sitio es el ‘estado’ más apto para enfrentar los primeros choques con los que alteran el orden constitucional. En ese caso, el gobierno, que dirige la política militar y la de defensa, queda facultado, acogiéndose al art. 97 de la CE, a asumir todas las facultades extraordinarias previstas en ésta última ‘y en la presente ley’ (la 4/81). Quien deberá asegurar y ejecutar las previsiones de la ley no será sino ‘la autoridad militar’. Esto no debería sorprender ni escandalizar a nadie. Si consideramos que las fuerzas armadas españolas tienen la obligación de defender la independencia y la integridad territorial de los países aliados, qué duda cabe de que esa obligación se intensifica en lo relativo a la independencia e integridad territorial de España. Mal garantizaría el gobierno español el cumplimiento de sus obligaciones como aliado, si no encomendase a sus propias armadas el cumplimiento de las propias.

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  • Cheque formación, ¿la solución para mejorar la empleabilidad? http://buff.ly/2thjToV

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  • ¿Se ha con­ver­tido el mi­nistro De Guindos en un agente ilus­trado de la banca? Eso pa­rece si se ana­lizan al­gunas de las cu­riosas de­cla­ra­ciones que a veces pro­ta­go­niza. Claro que no ha sido en di­recto sino a través de la nueva ley que re­gu­lará los prés­tamos por vi­vienda, que está casi a punto de pu­bli­carse: A me­dida que se co­nocen los de­ta­lles queda más claro que uno de los prin­ci­pales ob­je­tivos de Economía para esta nor­ma­tiva es la má­xima fle­xi­bi­li­dad.

    El ministro Luis de Guindos, titular de esta cartera, anunció en un foro celebrado en Málaga que el texto reducirá el precio que deben pagar los hipotecados por transformar el tipo de su crédito de variable a fijo, incluso si ante la falta de un acuerdo deciden acudir a los servicios de otra entidad.

    La prioridad de la norma a este respecto será "facilitar, prácticamente sin gastos y si el consumidor lo decide y lo pacta con su banco, que pueda pasar su hipoteca a un tipo fijo", según explicó el ministro a los medios reunidos en Málaga.

    En su opinión, ésta es una excelente noticia para aquellas familias vinculadas a un crédito hipotecario, ya que, aunque los tipos de interés se encuentran actualmente en mínimos históricos, esta coyuntura "no va a durar toda la vida". Por consiguiente, tener la posibilidad de acceder al tipo fijo de forma fácil y barata constituye un motivo de tranquilidad para el usuario medio.

    En caso de que no sea posible que el banco transija con la operación bajo unas condiciones aceptables, el nuevo cuerpo legal que ultima Economía permitirá al cliente marcharse a otra entidad que le ofrezca mejores condiciones. Este traslado se realizaría sin que el banco perciba comisión de cancelación, y con unos gastos de escritura y registro menores que los establecidos en la actualidad.

    Con este anuncio, el Gobierno confirma su tendencia a seguir el signo de los tiempos en lo que a Economía se refiere. En los últimos tiempos, las hipotecas a tipo fijo viven un auge: el pasado mes de abril, el 39,9% de las hipotecas se firmó a tipo de interés fijo, un nuevo récord histórico.

    La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha reaccionado a las revelaciones sobre la nueva ley con optimismo, pero también con cautela. Su presidente, Santos González, calificó las declaraciones de de Guindos como "una simple declaración de buenas intenciones" que habrá que "concretar".

    "Si un consumidor quiere cambiar y esto tiene una bonificación, bienvenido sea", comentó González, quien sin embargo advirtió que, dependiendo de cómo se desarrolle la normativa, esta medida "podría tener efectos no deseables".

    El presidente de AHE declinó señalar al tipo fijo como una mejor alternativa para los usuarios, pero señaló que, pese a que las hipotecas que no están referenciadas a índice alguno son más caras, cuentan con inmunidad a los vaivenes del mercado y al a veces impredecible curso de los vientos económicos.

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  • Las úl­timas en­cuestas no están lle­gando con buenos datos ni para Donald Trump ni para Theresa May. La media de los ocho son­deos pu­bli­cados estos días re­fleja un magro apoyo del 40% al pre­si­dente de EEUU, con un má­ximo del 43% y un mí­nimo del 36%. Los por­cen­tajes de quienes desaprueban su ges­tión en los pri­meros seis meses en la Casa Blanca van del 52% al 57%. Incluso en los re­fu­gios más fo­rofos del trum­pismo el res­paldo no pasa hoy día del 50%.

    A la primera ministra británica incluso le va peor. Sólo un 16% de la población cree que las cosas van bien respecto al Brexit. El 40% opina que se está dirigiendo mal. Y si a Trump no hay quien le tose dentro de su equipo, y que se atrevan, Theresa May tiene su propio patio revuelto. Con un día de antelación ‘se ha filtrado’ la regañina de May a sus ministros en la reunión de este martes por la mañana.

    En esa nueva filtración sobre el navajeo en Londres, The Times publica en primera plana lo que May advertirá a los miembros de su Gobierno que con su actitud ‘están llevando al líder laborista Jeremy Corbyn’ al poder. El diario también dice que algunos están pidiéndole a May que destituya a los culpables de las filtraciones contra Philip Hammond, el ministro de Economía partidario de un Brexit blando, e identifica a algunos de sus críticos, entre ellos el titular del Foreign Office, Boris Johnson. Otras versiones inciden justo en que habría que despedir a los más europeístas.

    Precisamente Johnson es uno de los candidatos a voces para relevar a May si se materializan los rumores de una rebelión interna en el partido conservador, que se materializaría en otoño. Aparte de la pugna entre los partidarios contumaces de un Brexit duro y los moderados que ven los graves problemas que puede acarrear tanto populismo nacionalista, hay rivalidades personales, rencores y envidias con nombre y apellido.

    Un botón de muestra. David Davis, el negociador-jefe para el Brexit, llegó el lunes a Bruselas para la primera sesión de trabajo de ambas delegaciones. Davis no fue solo: le acompañaron 98 expertos en los diferentes campos de las negociaciones para la UE. Y este martes toda la prensa destaca fundamentalmente dos datos: que Davis sólo estuvo una hora en la reunión y que la foto con las dos delegaciones sentadas a la mesa decía mucho de unos y otros. Los miembros del equipo de la UE dirigido por Michel Barnier tenían pequeños montones de papeles frente a cada uno de ellos. Los británicos no tenían ni un solo documento que enseñar a la cámara.

    Davis es otro de los candidatos a suceder a May. Pero la foto se ha tomado como metáfora de la escasa preparación y el desconcierto que reina en Londres. Uno de los dirigentes más activos para la campaña a favor de la salida de Reino Unido de la UE, Dominic Cummings, ha dejado hecho polvo a Davis al calificarlo así: ‘Tan espeso como carne picada, tan vago como un sapo, tan vanidoso como un Narciso’.

    En este amiente poco propicio, el personaje que redactara el famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa que permite la salida de la UE de cualquiera de sus miembros ha firmado con otros 64 escoceses relevantes una carta abierta en la que pide un frenazo al Brexit. John Kerr y sus colegas advierten de las ‘desastrosas consecuencias, cada vez más claras’, de un proceso que está siendo caótico desde antes de empezar. ‘En una democracia siempre es posible pensárselo dos veces y optar por otro camino’.

    La carta insiste en lo mismo que señalan otros expertos: que Reino Unido puede estar adentrándose en ‘una caída del nivel de vida, aumento de inflación, desaceleración del crecimiento y menos productividad’. Ante esta tesitura, la columnista Polly Toynbee titula hoy su artículo en The Guardian con lo que muchos piensan: ‘¿Se puede frenar el Brexit?’.

    A diferencia de quienes creen que se podría organizar un segundo referéndum, la periodista no lo aconseja, porque los populistas volverían a las andadas para ‘envenenar’ con mentiras como la de que la UE le cuesta a los británicos 400 millones de euros a la semana. Pero Toynbee sí considera que inexorablemente, ‘en un futuro Gran Bretaña puede votar un Gobierno que propugne ‘humildemente’ el regreso a la UE. Pero será ‘una UE cambiada’.

    Para esa fecha indeterminada, ¿habrá conseguido Trump cumplir su promesa de América Primero? Desde luego, el presidente lo intenta: este lunes inauguró la Semana del Made In America con un discurso de los suyos: ‘Quiero prometer a todos y cada uno de vosotros que ya no vamos a permitir más que otros países vulneran las normas, roben nuestros empleos y sangren nuestra riqueza’.

    Typical Trump, pero no predica con el ejemplo de empezar por su propia casa. Por su flamante Trump International Hotel en Washington, a un paseíto desde la Casa Blanca. A la misma hora de su arenga proteccionista, el periodista Sam Stein del portal The Daily Beast se daba una vuelta por la tienda de recuerdos del hotel. Esto es lo que encontró: un babero Made in Perú a 30 dólares; una gorra de golf con la leyenda Trump pero Made in Bangladesh a 32 dólares; un jersey de lana Made in Pakistán a 50 dólares; otro jersey Made in Vietnam a 80 dólares; y otra gorra de golf Made in China a 32 dólares.

    No en balde The Daily Beast era el periódico donde trabajaba el héroe de la mítica novela de periodistas ‘¡Noticia bomba!’.

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