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¿Cuáles son las economías más libres del mundo?

¿Cuáles son las economías más libres del mundo? 1En una economía de libre mercado, la ley de la oferta y la demanda, en lugar de un gobierno central, regula la producción y el trabajo. Las empresas venden bienes y servicios al precio más alto que los consumidores están dispuestos a pagar, mientras que los trabajadores exigen los salarios más altos que las empresas están dispuestas a pagar por sus servicios.

Una economía puramente capitalista es una economía de libre mercado. El afán de lucro impulsa los intereses individuales  y obliga a las empresas a actuar con la mayor eficacia posible para evitar perder cuota de mercado frente a sus competidores.

Por el contario, las economías dirigistas están marcadas por tendencias comunistas y socialistas. El gobierno controla los medios de producción y la distribución de la riqueza, dicta los precios de los bienes y servicios y los salarios que reciben los trabajadores.

Las economías de libre mercado y las economías dirigistas existen más como conceptos abstractos que como realidades tangibles; casi todas las economías del mundo presentan elementos de ambos sistemas. Por ejemplo, mientras que Estados Unidos -un país identificado como puramente capitalista- permite a las empresas fijar precios y que los trabajadores negocien los salarios, el gobierno establece parámetros, como salarios mínimos y leyes antimonopolio, que deben seguirse.

Basado en el Índice 2017 de Libertad Económica, Hong Kong, con sus tasas impositivas extremadamente bajas, regulaciones mínimas sobre las empresas y un sistema de economía altamente capitalista, se ubica en el 89.8% económicamente libre, que es la calificación más alta del mundo.

Singapur ocupa el segundo lugar y tiene un 88,6% de libertad. El país no impone aranceles y hay pocas restricciones a las inversiones. Singapur cuenta con fuertes derechos de propiedad privada.

Australia, que se sitúa en el 81,0% libre de impuestos, tiene aranceles muy bajos y fuertes derechos de propiedad privada. El gobierno proporciona a las empresas mucha flexibilidad y no les restringe con regulaciones o procedimientos de licitación demasiado complejos. Nueva Zelanda y Suiza también se encuentran entre los 5 primeros, con un 83,7% y 81,5% de economías libres, respectivamente.

Estados Unidos, con los mercados financieros más avanzados del mundo, sumíndice de libertad es del 75.10% en 2017. Este número ha disminuido en los últimos años. Mientras que ciertas industrias estadounidenses generan más escrutinio gubernamental que otras, las empresas privadas, en lugar del gobierno, controlan la mayoría de los sectores. El país también practica el libre comercio con gran parte del mundo.

Para encontrar a España hay que mirar por la mitad de la tabla, concretamente en el puesto 69, por debajo de Azerbaiyán y encima de México

Marc Fortuño

Carlos Lopez

Redactor de Euribor.com.es. Escribiendo desde el 2006 sobre el Euribor, economía, finanzas, bolsa, hipotecas y ahorro

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  • Ah, pues muy bien, El mundo blanco o negro, sin matices de gris. muy realista

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  • La ce­le­bra­ción de un re­fe­réndum sobre la in­de­pen­dencia de Cataluña pre­visto por la Generalidad para el pró­ximo 1 de oc­tubre fue apro­bada este mar­tes, a horas muy tar­días, en el ‘Parlament’ por 72 votos a fa­vor, abs­ten­ción de doce dipu­tados y aban­dono de la sala como pro­testa de los dipu­tados de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular.

    La objeción del CGE desbarataba el efecto sorpresa que los independentistas querían producir, para que la oposición no tuviese posibilidad de debatir el proyecto de ley, y así sacarla por vías excepcionales el miércoles mismo, muy pocas horas después de su elevación al pleno de la cámara. Esa objeción, sin embargo, solo tuvo la virtud de retrasar por unas horas la votación.

    Aunque las recomendaciones del CGE no son vinculantes, su desconocimiento por el ‘parlament’ mina las pretendidas credenciales democráticas del movimiento independentista, tan jaleadas por sus líderes. Sus procedimientos quedan identificados con los métodos que desde hace dos meses emplea el régimen bolivariano de Venezuela para acallar a la oposición, al tiempo que crea una realidad institucional ‘paralela’ por la vía de hecho, que en el caso venezolano incluye además el uso de la fuerza.

    Los partidos PSC y Ciudadanos habían acudido al Consejo en petición de un dictamen sobre el procedimiento que los independentistas querían imponer. Reclamaban que se diese tiempo suficiente para la presentación de enmiendas, y contra la decisión de la mesa del ‘parlament’, de impedir que la cámara se dirigiese al CGE en petición de una resolución sobre la tramitación de la ley.

    El CGE, aunque obviando la posibilidad de emitir un dictamen, prefirió recordar con una carta al ‘parlament’ la necesidad de abrir un plazo para solicitar una resolución del propio Consejo, “en garantía del derecho de los diputados al ejercicio de su función”.

    Ignorar la reacción previsible del CGE ha demostrado ser un error de cálculo, que pone en evidencia el grado de improvisación, arbitrariedad y voluntarismo que caracteriza todo el llamado ‘procés’.

    El Consejo declaraba que lo que pedían los diputados de la oposición constituye “un elemento esencial e inexcusable del procedimiento legislativo asegurado por la Constitución y por el Estatuto”.

    Lluis Rabell, portavoz del frente de izquierdas Catalunya Si que Es Pot, no se cree una palabra de las pretensiones de legalidad del proyecto de ley, y denunció el intento como un serio atentado a la democracia, al tiempo que acusaba al gobierno del partido popular de inmovilismo y de no dar solución a las demandas de Cataluña.

    Rabell, sin embargo, anunció que "nos abstendremos a pesar de las profundas objeciones que nos produce el proyecto de ley”, y acusó al ‘govern’ de abandonar el llamado Pacte Nacional pel Referéndum y de retomar el camino de la unilateralidad"

    El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró que el presidente Puigdemont y y el vicepresidente Oriol Junqueras, “nos han trasladado a una representación fraudulenta y perversa para mantener la ilusión de unos cuantos. Si el presidente Tarradellas levantara la cabeza se entristecería", concluyó en alusión al primer presidente de la Generalidad, restaurada durante la Transición a la democracia.

    El líder del PSC, Miquel Iceta, acusó al ‘govern’ y a la coalición gobernante de pretender “en un solo día liquidar una relación de más de cinco siglos (en España) y organizar un referéndum ilegal", y le recomendó prestar atención a la opinión del Consejo de Garantías.

    Las manifestaciones de improvisación y descuido que acompañan el proceso exceden la esfera parlamentaria y el corazón de su proyecto separatista. Se dan también en cuestiones que normalmente se consideran ‘de Estado’.

    El presidente Puigdemont salió este miércoles a corregirse a sí mismo respecto de unas declaraciones suyas recientes, sobre la necesidad de que una Cataluña independiente contase con un ejército, queriendo cubrir el olvido de esa cuestión, cometido por el proyecto de constitución de una futura Cataluña independiente, que acababa de ser dado a conocer a la opinión, sin que él ni nadie se diesen cuenta.

    Pues bien, este miércoles, corrigió su propia rectificación afirmando en la sesión parlamentaria que, aunque “es necesario tener una política de defensa y, concretamente, contra el yihadismo global”, descarta que Cataluña tenga “un ejército regular”.

    Este extraño doble giro de Puigdemont sobre una cuestión de estado hace sospechar que en él ha intervenido la opinión de la CUP, el grupo radical de izquierdas que da apoyo a la coalición, que no quiere saber nada de ejércitos.

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  • Un anuncio te­le­vi­sivo de veinte se­gundos muestra una línea fe­rro­viaria con una bi­fur­ca­ción, bajo el lema en ca­talán cuya tra­duc­ción es: “Naciste con la ca­pa­cidad de de­ci­dir. ¿Vas a re­nun­cia­r?”. Un spot fi­nan­ciado por la Generalitat de Catalunya – que ya in­ves­tiga la Fiscalía de Cataluña– que tiene un doble men­saje. Que la Generalitat pre­para el re­fe­réndum del 1 de oc­tu­bre. Y, la bi­fur­ca­ción fe­rro­via­ria, ilustra tam­bién lo su­ce­dido en la tu­mul­tuosa y ma­ra­to­niana se­sión par­la­men­ta­ría, de más de die­ci­séis ho­ras.

    Un debate que concluyó de madrugada, y en que los pro independentistas de Junts&Si (PDECat y ERC) y la CUP, aprobaron con una mayoría de 72 votos, con abstención de 11 votos de la izquierda de Catalunya sí que es Pot y la ausencia del resto de la oposición formada por Ciutadans, PSC y PPC.

    Era, en principio, una sesión ordinaria del Parlament. Sin embargo, el calendario aprieta para los pro independentistas y alteraron el orden del día, a través del artículo 81.3 del reglamento, para colar la ley del referéndum. La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, esquivó y omitió las protestas de la oposición, junto a las opiniones del Consejo Consultivo – no vinculante – que le advertían de la inconstitucionalidad de la nueva ley.

    Después de más de diez horas de intempestivos debates llego el momento del voto, sin sorpresa. Abandonaron sus escaños Ciutadans, PSC y PPC, dejando estos últimos unas banderas de España y Cataluña en sus escaños y que una veterana diputada de Podem quitó las españolas, a pesar de las órdenes de Forcadell de que las dejase y se volviesen a colocar. La foto final, tras la votación y en Can dels Segadors, el himno nacional catalán, fue de un hemiciclo medio vacío.

    A continuación el gobierno que preside Carles Puigdemont se reunió en el mismo Parlament, dejando transcurrir hora y media – momento en que la ley se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat – antes de pasar a la firma colegiada de la ley – el vicepresidente Oriol Junqueras firmó con un bolígrafo Bic – y sus derivados, como la creación de la Sindicatura Electoral, por parte del president y todos los miembros del gobierno. “Nada podrá impedir la decisión de los catalanes de ir a votar” dijo Puigdemont.

    A destacar que, además de las peleas dialécticas entre independentistas, federalistas o unionistas, se escenificó la división en la izquierda cuando cuatro diputados de Podem – integrados en el grupo de Catalunya sí que es Pot – se ausentaron del hemiciclo al no haberles cedido la palabra los lideres de su propio grupo, Coscubilea y Rabell. Aunque al final, Dante Fachin, líder de Podem, recordó que nos veremos en el voto del 1-O, dejando claro que la lucha electoral, ya sea en un referéndum que no será vinculante, o en la previsibles elecciones, la campaña electoral ya ha empezado.

    Por su parte, Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, el principal grupo político de la oposición con 25 escaños, anunció que presentará una moción de censura, a la que invitó al PSC y al PPC, contra Carles Puigdemont – a pesar de que no contaría con mayoría – para forzar una cita “real” con las urnas.

    Quedan abiertos todos los escenarios en esta “bifurcación” política decidida por Junts&Si y la CUP, sobre todo por las medidas ya anunciadas por parte del gobierno que preside Mariano Rajoy y las anulaciones que llegarán por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál será el nuevo paso? Será la concentración masiva convocada, como cada año, para el 11 de Septiembre, fiesta nacional catalana, que esta vez será en Barcelona donde se prevé dibujar una masiva cruz humana en el centro del Eixemple. Una cruz que también será simbólica, como los raíles ferroviarios, a la espera de que con o sin consulta el 1-O, habrá que buscar vías a partir del 2-O.

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  • Reyal Urbis, la em­presa que Rafael Santamaría creó tras com­prar la fi­lial Urbis a Banesto, ha en­trado en li­qui­da­ción con una deuda que su­pera los 4.600 mi­llo­nes. Es La se­gunda gran des­apa­ri­ción de una in­mo­bi­liaria des­pués de que Martinsa Fadesa fuera arras­trada con un en­deu­da­miento de más de 7.000 mi­llo­nes. En el ca­mino de la crisis de 2008, se han que­dado otras como Habitat, Nozar y Noriega. Todas ellas hun­didas por culpa del es­ta­llido de la bur­buja.

    La compañía se ha llevado cuatro años con el agua al cuello hasta que, en junio pasado, no aguantó más y se vio abocada a la liquidación, tras no lograr el respaldo de los bancos acreedores. Entre las entidades afectadas, se encuentran el Santander a quien adeuda unos 500 millones de euros, la Sareb unos 1.066 millones y Hacienda unos 363 millones.

    El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dictado el auto de liquidación de la segunda gran inmobiliaria que es arrastrada por la crisis que se desató a finales de 2017 y que ha hundido a un gran número de empresas.

    Según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 1 de septiembre se notificó a la sociedad el auto con fecha 28 de julio dictado por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el que se dispone la apertura de la fase de liquidación de Reyal Urbis S.A. En el mismo auto, se declara disuelta la sociedad.

    La empresa soporta un patrimonio negativo de 3.494 millones de euros según los datos publicados a cierre del primer semestre. Los activos inmobiliarios están valorados, en cambio, en unos 1.170 millones de euros. La compañía registró unas pérdidas de 79,8 millones de euros hasta junio pasado.

    Martinsa Fadesa, la quiebra más sonada

    Pero si sorprendente ha sido la caída de Reyal Urbis, fue aún mayor el hundimiento sufrido por Martinsa Fadesa tras confirmar el Juzgado número 1 de lo Mercantil de A Coruña en abril de 2015 su disolución. La compañía inmobiliaria, símbolo de la mayor burbuja inmobiliaria que ha sufrido este país, se vio abocada a su desaparición una vez que los bancos le han dado la espalda y no poder hacer frente a los pagos. La compañía arrastraba entonces una deuda próxima a los 7.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor quiebra del sector.

    Los propios intereses que generaban tal endeudamiento y la propia atonía del mercado inmobiliario acabaron por lanzar al abismo a la compañía y con ello a su presidente, Fernando Martín.

    Igual que en el caso de Reyal Urbis, los bancos no aceptaron la oferta de la empresa de quedarse con hasta el 70% del capital mediante la capitalización de su deuda La compañía arrastraba un pasivo 6.995 millones de euros, de los cuales unos 3.200 millones de euros son débitos contraídos con la banca. Entre los principales bancos a quienes más adeudaba, estaban la Sareb, el Banco Popular, Caixabank y Abanca.

    El principal accionista de la inmobiliaria es el propio Fernando Martín con un 60% del capital, convertido en el gran derrotado de la crisis del sector. Martinsa Fadesa se creó en marzo de 2007 cuando el empresario vallisoletano y su socio Antonio Martín lanzan una OPA por 4.000 millones de euros sobre la constructora gallega Fadesa, propiedad del empresario gallego Manuel Jove.

    Esta operación le convertía a Fernando Martín en el gran constructor que había salido en su día de la política de UCD y del ayuntamiento de Madrid para hacerse empresario. Fue la compra más sonada del sector por la dimensión de la misma y por el riesgo que suponía. En esos momentos, empezaban a aparecer ya los primeros síntomas del derrumbe inmobiliario debido al calentamiento de la burbuja.

    Otros símbolos del ‘pelotazo’ del ladrillo

    Como se ha visto después, Martinsa Fadesa no fue la única que se vio arrastrada por la fuerte crisis del ladrillo y por el pelotazo que muchos empresarios quisieron dar en los años del boom inmobiliario. Varias empresas como Habitat corrieron la misma suerte. A finales de 2008, la sociedad fue a la quiebra al no poder hacer frente a la deuda de 2.840 millones de euros. Al igual que las demás, vendió parte de su patrimonio pero no logró refinanciar los préstamos que tenía contraídos con la banca. Entre los accionistas mayoritarios, se encontraba la familia Del Pino con un 20% del capital.

    Otra de las fuertes en caer fue Nozar, que entró en concurso en 2008 y en liquidación en 2015. En el momento de la liquidación, presentaba un pasivo de 1.500 millones. Santander, Banco Popular, BBVA y Caixabank figuraban entre las entidades acreedoras.

    La constructora Noriega fue liquidada en 2012 después que en 2010 suspendiera pagos y entrase en concurso voluntario de acreedores. La deuda acumulada ascendía a 1.162 millones. La empresa cordobesa fue fundada por el empresario Eugenio Sánchez-Ramade Villegas. ¿Las causas de la quiebra? Las mismas que el resto: arriesgadas operaciones inmobiliarias y con mucha deuda al descubierto.

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