La renta básica llega al Congreso

Los datos macroeconómicos siguen apuntando a una clara recuperación del crecimiento en España. El Producto Interior Bruto volvió a rebasar en mayo su nivel de antes de la crisis tras llegar el PIB a los 1,124 billones de euros que registró en el tercer trimestre de 2008.

En este periodo de 10 años desde el estallido de la crisis han sucedido dos importantes cambios en la economía española. Por un lado, la estructura del PIB ha sufrido un cambio en España durante la recuperación económica. El sector de las exportaciones ha ganado peso después de alcanzar los 205.560 millones de euros hasta septiembre y marcar un nuevo récord.

Por otro, a pesar de la recuperación económica y de crecer un 3,3% de media el año pasado, las desigualdades, que han perjudicado sobre todo a la clase media, han calado en el mercado laboral español. Un informe de la Unión Europea (UE) publicado hace unos días sitúa a España a la cola y en una “situación crítica” en desigualdad de renta junto a Bulgaria, Grecia y Lituania.

Desde el punto de vista de los salarios, se puede observar que éstos han crecido de forma desigual en España desde 2008. A ello se une que los sueldos medios sufrieron una caída el año pasado pese al notable avance del PIB. En concreto, el sueldo medio se situó en 1.878,1 euros con una bajada del 0,8% respecto a 2015, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Los más perjudicados han sido los que menos cobraban antes de la crisis y aquellos que se han visto obligados a cambiar de trabajo. En 2008 la remuneración del 10% de la población con un salario más bajo fue de 655,07 euros, una cantidad que todavía no se ha recuperado. A cierre del año pasado, las ganancias mensuales de este 10% que menos cobraba eran de 633,39 euros.

Es con el fin de paliar este efecto colateral de las pérdidas adquisitivas de los salarios por el que se sigue hablando de la creación de una renta básica universal. Es decir, una renta que se perciba por cada persona sin importar su sexo, patrimonio ni situación laboral.

En este sentido, el Congreso de los Diputados aprobó hace unos meses una proposición de Ley al Ejecutivo para implantar una renta mínima de 426 euros a unos 2,2 millones de beneficiarios potenciales sin empleo. El coste de tal medida se ha cifrado en 16.000 millones de euros.

La respuesta del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha sido demoledora: la renta mínima que pide el Congreso de los Diputados supondría la “quiebra de la Hacienda Pública”, una “destrucción masiva de empleo” y para pagarla habría que subir el tipo general del IVA al 27%. Esta afirmación viene avalada por una serie de cálculos de Hacienda que plantean un escenario poco menos que apocalíptico en el caso de implantación de la medida.

Pero la crítica aún va más allá, Nadal ha criticado que, en la propuesta del Congreso, la prestación no requiere requisito alguno de residencia u origen, lo que, en su opinión, provocaría un efecto llamada de ciudadanos desde otros países de la UE que no cuentan con sistemas de protección tan generosos. Además de que tampoco se exija para recibir la renta demostrar una búsqueda activa de empleo o justificación de reinserción social.

De este modo, dado que los cálculos del coste de la medida no tienen en cuenta este efecto llamada, las estimaciones de gasto fácilmente se triplicarían, teniendo en cuenta ese factor, sobrepasando los 45.000 millones de euros, lo que significaría un impacto sobre el PIB de entre 3,5 y 4,5 puntos. Todo esto sin tener en cuenta el desincentivo que una renta de esas características provocaría de cara al mercado laboral.

Señala igualmente que la cobertura social a estos colectivos desfavorecidos, si se suman prestaciones no contributivas, complementos a mínimos y ayudas sociales, suponen ya 22.000 millones, casi un 2% del PIB un porcentaje similar al de los países de nuestro entorno. En la actualidad, las comunidades autónomas cuentan con una red de rentas mínimas que suman 1.400 millones para 320.000 beneficiarios que cumplen una serie de requisitos.

El caso es que Finlandia lleva a cabo desde hace un año un experimento de renta mínima. Por sorteo se escogió a 2.000 ciudadanos sin empleo y se les ha concedió una Renta Básica de 560 euros mensuales sin condiciones. La mantendrán durante dos años, sea cual sea su poder económico y encuentren o no trabajo en este tiempo. No la tienen que declarar y no la perderán bajo ningún concepto.

El objetivo del experimento es doble: por un lado, se trata de analizar si el hecho de tener una renta garantizada desincentiva o no la búsqueda de empleo; por otro, se busca dar paso al debate sobre el modelo de financiación del Estado del Bienestar. Es decir, persiguen conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual. O si están dispuestos a pagar más impuestos a cambio de la mencionada Renta Básica.

Pero la prueba más famosa tuvo lugar en Canadá. En la localidad de Dauphin, se concedió a toda la población una asignación mensual. Cada cual en una cantidad inversamente proporcional a su nivel de ingresos. El experimento duró desde 1.974 hasta 1.979 y las conclusiones se publicaron en 2.011 en el libro “El pueblo sin pobreza” (PDF). Según éstas, el empleo apenas se resintió en la población, mientras que el efecto psicológico positivo obtenido por la seguridad económica de los sujetos compensó sobradamente cualquier efecto adverso.

La idea de la renta básica, procede del siglo XVIII, cuando Thomas Paine señaló que todo ciudadano debía percibir una renta como compensación por la explotación privada de los recursos naturales, que pertenecen a todos, y tiene como primer objetivo no sólo mejorar el nivel de vida de los hombres, sino proporcionarles un mínimo indispensable para subsistir. Es decir, que su puesta en práctica nos permitiría eludir la miseria y gobernar mejor nuestro tiempo de vida.

El debate se abre en torno a dos vías. Una económica, ya que es una medida que requeriría una fuente de financiación por ahora inalcanzable. Otra ideológica: ofrecer una renta a cambio de nada es fomentar la creación de una población subvencionada, que no tendría interés ni necesidad de trabajar y que dedicaría su existencia a vivir a costa del resto de la sociedad.

En nuestro caso, no hay que olvidar que en España tenemos casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión y 2,5 millones de trabajadores pobres a pesar de tener un sueldo. Con una renta mínima (y hay que tener en cuenta que este colectivo de trabajadores no está incluido en este debate), se tendría garantizado el comer y pagar las facturas básicas cada mes, si se quisiera aspirar a algo más, como una casa en propiedad, un coche, etc. sólo podría hacerse a través de un trabajo remunerado, con lo que el nivel de empleo no tendría por qué verse afectado. Y sí, positivamente, el nivel de consumo.

Visto así, hasta podría ser positivo. Lo que está claro es que, dada la evolución hacia la que camina el mercado de trabajo, dados los niveles de salarios y dados los índices de desigualdad social, si no es esta la solución, con las variantes que se crean oportunas, habrá que inventarse otra.