El informe GRECO sobre la corrupción en España

Es conocido por todos que, en nuestro país, el problema de la corrupción se sitúa como uno de los principales de la economía y la política. Aquí no se cumple el tópico de ser un país en vías de desarrollo o gobernado por una dictadura y, sin embargo, padecemos, a pesar de la opinión del Gobierno, de una corrupción estructural de libro.

Tanto es así, que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018 y nuestro país no sale muy bien parado. De las once recomendaciones que hace el GRECO para combatir contra la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”.

El GRECO lleva desde 2005 haciendo “rondas de evaluación” a más de cuarenta países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores.

Dentro de estas declaraciones que deben presentar cada año, el Consejo de Europa valora que estén obligados a declarar sus actividades y sus bienes, pero echa en falta más detalles. Considera que el Parlamento ha hecho un esfuerzo por aumentar la transparencia de su página web en cuanto a las actividades que hacen los diputados. Pero pide más, especialmente en lo relativo a las declaraciones de bienes, e incluso plantea que se incluya la información de los cónyuges y del resto de familiares que dependan económicamente de los parlamentarios. También solicita que estos declararen los nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, así como el valor de mercado de sus propiedades y vehículos.

La autoridad europea también critica que el Parlamento no haya modernizado su reglamento para incluir propuestas anticorrupción del GRECO, a pesar de que ha habido algunas iniciativas y de que varios grupos incluyen en sus programas estas medidas. En concreto, Europa pide desarrollar y adoptar un código de conducta para las dos cámaras, incluyendo aspectos como los conflictos de interés, los regalos, las actividades complementarias y los intereses financieros.

Otra recomendación parcialmente cumplida es regular la relación de los diputados y senadores con los “lobbies”. Le parece bien que se pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero para Europa, esta iniciativa, impulsada por el PP, es insuficiente.

En lo que se refiere a jueces y fiscales, el GRECO muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramiento de los altos cargos judiciales. Por ello, acoge en buena medida la puesta en marcha de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, hace hincapié en que los parlamentarios “no deberían participar en ninguna etapa” del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pues hasta el momento son los diputados los que eligen a la cúpula judicial.

En el apartado para evitar la corrupción en la Fiscalía, el GRECO toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada.

Por todo esto, el resultado es un enorme suspenso y la sensación de que el tiempo se va agotando para nuestro país. Para el GRECO, el nivel del cumplimiento de las autoridades españolas es “globalmente insatisfactorio”.

En definitiva, informes aparte, la corrupción masiva no ha surgido porque todos los políticos sean una especie de rapaces destinados por la naturaleza al saqueo de lo público. Ha surgido de un sistema que ha sido muy tolerante con la pequeña corrupción y que, además, ha eliminado todos los controles independientes que un Estado de derecho debería tener sobre su Administración pública.

Y es que cuando un sistema permite que los funcionarios encargados de velar por lo público pierdan su independencia, y sus carreras profesionales dependen del político de turno, lo que se consigue es que ese funcionario se libre muy mucho de exigir honestidad a sus jefes. Cuando un interventor ya no es un titular de un puesto que ha superado una oposición nacional limpia, sino un interino que ha promocionado en una oposición autonómica, lo que se está procurando es que este sepa a quién debe un favor y cómo debe portarse. Lo mismo ocurre con jefes de servicio médicos, letrados, jefes de personal, etc. Funcionarios de toda índole cometen a diario el pecado de omisión (y algunos, desgraciadamente, el de acción) por no ver en peligro su futuro profesional.

Esta situación de clientelismo en la Administración permite un estado de cosas que hace que las pequeñas corruptelas: contratar a conocidos, realizar pequeños favores, aceptar invitaciones etc… pasen a ser “lo normal”. Después solo hay que ir subiendo en  escala hasta acabar en los grandes comisionistas de las obras públicas.

Por otra parte, es inútil y engañoso pedir penas más duras y ejemplares en ruedas de prensa mientras se intenta desesperadamente controlar las carreras de los jueces encargados de imponerlas. Sin una separación radical de poder judicial y Fiscalía del poder político, no es posible adoptar ninguna medida de lucha efectiva contra la corrupción.