La convulsa actualidad del sector eléctrico

La semana pasada el Gobierno, adelantándose dos años a lo previsto, comenzó a mover ficha en lo concerniente al mercado energético español. Ha sido además con una contundencia que ha sacudido la cotización de las compañías y ha puesto en alerta a los inversores en energía en nuestro país. Y no es para menos, porque el ministerio que dirige Álvaro Nadal está decidido a recortar los ingresos que reciben las compañías eléctricas y gasistas por sus redes de distribución y transporte, con el argumento de propiciar una rebaja en la factura que pagan los consumidores por la luz y el gas.

La gestión de Nadal al frente de la cartera de Energía es corta, pero salpicada de enfrentamientos con las empresas del sector. Comenzó su gestión a finales del 2.016 con un traspié judicial para el Gobierno. En aquellas fechas, el Supremo daba la razón a las grandes eléctricas y obligaba al Ejecutivo a devolver 500 millones por el pago del bono social en 2014, 2015 y 2016. Esta decisión judicial coincidió con la llegada de la primera ola de frío, la escalada de precios de la energía de principios del año pasado y la sospecha por parte del Ministerio de si las empresas pactan precios para acrecentar su beneficio.

Tuvo después lugar el tema de los cierres de centrales. Enel, por un lado, anticipando su intención de cerrar las centrales de carbón de Compostilla y Andorra para 2.020 porque no le eran rentables. Iberdrola y Endesa, por otro lado, enfrentadas por si cerrar o no la central nuclear de Garoña. La decisión del ministerio fue finalmente llevar a cabo el cierre a la planta burgalesa e intentar que las compañías asuman los costes.

Entre estas batallas, el enfrentamiento con el sector renovable. Tras años de moratoria, el Gobierno lanzó dos concursos de energía renovable. En mayo y en julio del 2.017 se pusieron sobre la mesa 8.000 megavatios para eólica, fotovoltaica y biomasa. Esto no hizo sino dar comienzo a críticas: desde el sector han acusado la falta de planificación energética, las carencias del modelo de subasta español y que se favorezca a unas tecnologías por encima de otras. Al mismo tiempo que se lanzaban estos concursos, se anunció un nuevo recorte a la retribución a las renovables con intención de reducir el recibo de la luz.

Igualmente, en los tribunales están tramitándose temas como la metodología del cálculo del margen comercial de las comercializadoras de electricidad en el mercado regulado, publicado en 2.016 y recurrido por las compañías por insuficiente.

Pero parece que todo esto no es suficiente para el ministro, que ha abierto un nuevo frente con la introducción de una serie de enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía en su trámite en el Senado. Según el ministro, existe “un claro caso de sobre retribución” en los ingresos de las compañías eléctricas, algo también denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV).

El recorte, que para que prospere se está intentando conseguir el apoyo del PSOE, afectaría, sobre todo, a las cinco grandes eléctricas del país (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP y Endesa) y se centraría en el ajuste de los costes del transporte y la distribución y el denominado “factor de retardo”. Éste consiste en que las compañías reciben la retribución con un retraso de dos años de media, a un módico 10% de interés. Este es el punto que Nadal quiere modificar para adaptar la retribución a los costes financieros del mercado.

El primer efecto ha sido una caída bursátil de las empresas afectadas, ya que muchos analistas denunciaron la situación de “inseguridad jurídica” que suponía el adelanto de la fecha de revisión. Según el Gobierno, puesto que lo que se busca es abaratar los recibos de luz y gas para el consumidor, este ajuste debería producirse cuanto antes.

En cuanto a la cifra en la que se calcula que van a suponer estos cambios, el borrador redactado por Energía habla de un recorte a las compañías gasistas (como primera toma de contacto) de 375 millones anuales: 285 millones por la distribución y 90 millones por el transporte. Estas cifras se han visto moderadas por un anuncio de Nadal en el Congreso, que determinaba un ajuste final de 250 millones de euros anuales a las empresas afectadas.

Para las compañías este adelanto rompe sus previsiones, ya que no esperaban la revisión de tarifas eléctricas hasta 2.020 y hasta 2.021 en el gas; por tanto alegan que es “cambiar las reglas del juego a mitad de partido”.

Según JP Morgan, no es tanto el efecto del recorte propuesto de los ingresos como el riesgo de la incertidumbre que se genera para los inversores, indicando incluso que el ahorro de los posibles recortes no justifica el daño infligido a la confianza del mercado.