El culebrón de los Presupuestos Generales del Estado

Tras la prórroga de los presupuestos del 2017 para este año, el Gobierno parece estar jugando un peligroso juego con la oposición en la elaboración de la previsión de las cuentas nacionales. Según el Ministro Montoro, el Gobierno “sigue trabajando para tener cuanto antes unos Presupuestos Generales del Estado para el 2018” y ha señalado como fecha tope tras la Semana Santa de finales de marzo. Para entonces debe existir un proyecto de ley que pueda estar definitivamente aprobado en junio, comenzando entonces la carrera para el proceso de confección de las cuentas del 2019.

También ha informado el Ministro que, aunque falta el cierre definitivo de las cuentas, en el 2017 España logró cumplir su objetivo de déficit del 3,1% del PIB. Según Montoro, el cumplimiento del objetivo de déficit del 2017 se ha visto favorecido por un incremento de la recaudación de impuestos de más de 12.000 millones de euros, el 6,3% más que el año anterior.

El Ministro Montoro ha justificado la actual prórroga de los presupuestos del 2017 en “motivos políticos”, a saber, la aplicación del 155 en Cataluña ha provocado que el socio de Gobierno PNV haya bloqueado cualquier apoyo a Rajoy, lo que significa que la aprobación de los Presupuestos Generales queda en entredicho por falta de apoyos parlamentarios.

Es por eso que Cristóbal Montoro ha apelado a todos los grupos parlamentarios y, de forma particular al PSOE, para “dejar a un lado nuestros legítimos intereses partidistas” y favorecer la aprobación de unos Presupuestos del estado que permitan llevar a cabo las tareas pendientes de las remuneraciones de los empleados públicos, los ingresos de autonomías y ayuntamientos y los proyectos de inversión. Si no se llegase a ningún acuerdo, la prórroga de los Presupuestos del 2017 se mantendría a lo largo del 2018, lo que haría que hubiese que buscar fórmulas alternativas para garantizar una salida a estos tres temas.

El caso es que la patata caliente no está en el plato del Gobierno. No existe un impedimento legal para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se puedan prorrogar dos años seguidos, aunque sí cree importante aprobar este año es el techo de gasto de 2019, lo que ya le daría vía libre para funcionar con decretos ley. Por eso, ya ha avanzado que hay de plazo hasta el mes de abril para la aprobación de unos nuevos presupuestos. Si no fuera así, los decretos ley empezarían a llegar al Parlamento para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios o las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.

Así pues, lo único que necesita el ejecutivo es la aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit del 2019, algo que debe hacerse antes del 30 de junio; de hecho esto fue lo que se hizo con las cuentas del 2017. Es más, el ejecutivo está convencido de que la creencia de que un Gobierno no puede funcionar sin los Presupuestos resulta ya “obsoleta” en el contexto económico de la Unión Europea y el euro, porque se puede seguir gobernando vía decretos ley siempre y cuando se cumplan con las previsiones de los cuadros macroeconómicos que se presentan ante Bruselas.

La estrategia del Gobierno sería entonces llevar al Congreso buena parte del Presupuesto de 2018 fraccionado en reales decretos, en un intento de mostrar la contradicción de las fuerzas políticas que no quieren dar su apoyo a las cuentas públicas en su conjunto y que presumiblemente no podrían negar el apoyo en algunos de sus aspectos de manera fraccionada.

En cuanto al “socio” de gobierno, Ciudadanos, su postura es la de desear aprobar unos Presupuestos Generales para 2018 y que no busque excusas el Ejecutivo para no aprobarlos y así no aplicar lo pactado entre las dos formaciones políticas desde septiembre, que se cifra en 8.300 millones de euros y que incluye la bajada del IRPF para los mileuristas y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El caso es que el Gobierno no se siente presionado en este sentido. Sabe que tiene que presentar unos Presupuestos cada año, pero si no los presenta, no pasa nada y, al final, políticamente hablando sale favorecido. Quien va a tener la decisión para los incrementos de partidas puntuales y además muy lucidas es el Ejecutivo, lo que redundará en que se pueda, en su momento, ir apuntando un tanto detrás de otro.

Sobre todo teniendo en cuenta que todas las medidas de ampliación de gasto que el Gobierno logre sacar adelante mediante decreto suman ya para la campaña electoral. De hecho, la rebaja fiscal está en ciernes, a lo que se sumaría la equiparación de los salarios de las Fuerzas del Estado y la subida salarial de los funcionarios. Ya se sabe que los gobiernos acometen las medidas duras en los primeros seis meses, pero un año antes de las elecciones es cuando hay que demostrar los resultados.

Y así acabará convirtiendo lo que a ojos de la opinión pública podría ser un escándalo: dos años seguidos prorrogando Presupuesto, en bazas ganadoras, pudiendo adoptar medidas muy populares (no tiene nada que ver con las siglas del partido) y pudiendo dejar de lado las que no lo son porque, al fin y al cabo, no hay Presupuestos aprobados. Y todo ello por obra y gracia de la oposición, que no quiso aprobar las cuentas.