La nueva normativa de pagos Europea, una nueva reinvención de la banca

En el año 2009, los países del Área Económica Europea (que comprende la UE más Islandia, Noruega, Suiza, Mónaco y Liechtenstein) adoptaron la primera directiva sobre servicios de pago, conocida por sus siglas en inglés PSD1 (Payment Service Providers), que a su vez sentó las bases para poner en marcha SEPA (Single Euro Payment Area), que traducido significa Zona Única de Pagos en Euros. El objetivo de esta normativa, liderada por el Consejo Europeo de Pagos y con el apoyo de la Comisión Europea, no era otro que el de crear una zona en la que los pagos en euros se realizasen en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones. Con SEPA, una transferencia entre dos cuentas nacionales es tan rápida y sencilla como una transferencia entre una cuenta en España y otra en cualquiera de los países participantes.

Principalmente, estos son los elementos de pago que se vieron afectados:

– Las cuentas bancarias, en las que el Código Cuenta Cliente (CCC) desapareció para dar lugar al Internacional Bank Account Number (IBAN).

– Transferencias SEPA, en sustitución de las transferencias normales, que pasaron a realizarse en base a los códigos BIC e IBAN.

– La domiciliación de recibos, sustituida por los adeudos directos SEPA.

– Las tarjetas de débito y crédito, cuya principal novedad fue la introducción del chip EMV.

Con esta directiva aumentó la seguridad y la comodidad de los clientes de las entidades bancarias, eliminándose trámites burocráticos relacionados con operaciones internacionales, posibilitando que cualquier cliente con una única cuenta, una única tarjeta y unos instrumentos de pago con idénticas características pudiera realizar pagos en cualquiera de los países de la zona SEPA.

Pero, además, PSD1 introdujo por primera vez una nueva categoría de proveedor de servicio de pago diferente a los tradicionales bancos, hecho que serviría para aumentar la competencia y la capacidad de elección de los clientes. De hecho, fue el germen de la aparición y posterior consolidación de las fintech, las nuevas empresas que, sin ser bancos, ofrecen servicios financieros utilizando para ello todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías.

En 2015 se decidió que se debía dar un paso más en mejorar las reglas existentes y, sobre todo, en promover los pagos por el móvil y a través de Internet, lo que significaría un intento por acercar a las entidades bancarias a los nuevos tiempos digitales en materia financiera y de pagos. Es ahora, en 2018 cuando esta nueva normativa entra en vigor.

Aunque los cambios que se introducen son múltiples y tienen numerosas implicaciones, lo que más ruido está generando es todo lo que tiene que ver con la apertura de los servicios de pago de los bancos a terceras empresas, los denominados TPPS, por sus siglas en inglés Third Party Payment Service Providers. Y es que con esta norma se eliminan la mayor parte de las barreras que los TPPS tenían para acceder a los servicios de pago tradicionales de los bancos, lo que servirá para introducir nuevos actores en el mercado, intensificando al mismo tiempo la seguridad en torno a los pagos en línea.

La respuesta de la banca ante este desafío que amenaza con introducir mucha más competencia en lo que hasta ahora era casi un coto cerrado de su actividad ha sido intentar adelantarse a la oferta de servicios que se avecina. La explicación es sencilla: los usuarios podrán ahora, con la nueva normativa disponer de todos sus datos bancarios. Así, si lo desean, pueden, dando su consentimiento, hacer uso de la información contenida en sus cuentas y tarjetas y compartirlo sin necesidad de que cada entidad dé su consentimiento.

Las consecuencias de esta nueva normativa serán, probablemente, de un gran alcance y que van más allá de una mejora de la seguridad en las transacciones, como es uno de los objetivos previstos. Realmente puede suponer la revolución del sector bancario: el hecho de abrirse el negocio de las transacciones financieras a operadores que ni siquiera tienen por qué ser bancos debe enfocarse como parte de una transformación completa que atañe a toda la organización de las entidades financieras. Estas, tendrán que adaptar sus infraestructuras y servicios y, en algunos casos, los modelos de negocio al nuevo escenario competitivo.

La PSD2 acelerará el cambio de las entidades financieras debido a tres factores: la reducción de las barreras de entrada, la llegada de productos y servicios alternativos y la aparición de entidades que operarán sin ser bancos y ni siquiera tener productos propios, y cuyo valor añadido será el de asesoramiento a sus clientes y la oferta de un conjunto de productos adaptados al mismo.

Además, la entrada de competidores para las entidades bancarias no se limitará a unas cuantas fintech de nueva creación. Las grandes cadenas de distribución (llámese Amazon y similares) de restauración o turismo y, en general cualquier gran empresa con un alto grado de conocimiento de un sector determinado del mercado, liquidez y datos de las pautas de consumo de su clientela también podrán apuntarse. Con la entrada de PSD2, los pagos gestionados por las entidades financieras se reducirán por la entrada de nuevos competidores, lo que conllevará  que éstas tengan que reinventarse, centrándose en generar relaciones a largo plazo de mayor valor con los clientes.

En España, ya son tres las entidades bancarias que disponen de (o están a punto de culminar) aplicaciones que permiten la agregación de cuentas y movimientos de un mismo cliente en distintos bancos, lo que se conoce en el sector como open banking o banca abierta. Los tres bancos que han presentado su solución tecnológica con el fin de que sus clientes no tengan la necesidad de introducir más actores en su operativa de compras por internet o, más bien, a través del móvil, han sido el Santander, el BBVA y Caixabank.

Los demás, aún no han lanzado nada, pero sin duda estarán trabajando en este sentido. La alternativa es quedarse atrás y, puesto que cada una de las aplicaciones podrán gestionar todas las cuentas, podría ocurrir que un retraso significase quedarse fuera del futuro de la banca digital.