La Eurocámara aprueba nuevas reglas para acabar con el anonimato de criptodivisas como el bitcoin

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un paquete normativo contra el blanqueo de capitales que, entre otras cuestiones, tiene el objetivo de combatir el anonimato en el mercado de criptodivisas como el bitcoin y facilitar el acceso a información sobre propietarios reales de empresas.

En concreto, las nuevas normas obligan a las plataformas de negociación y a proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los que se exigen en la actualidad a los bancos, como la verificación de sus clientes.

Además, estas plataformas y servicios deberán registrarse, al igual que las empresas de cambio de divisas, las oficinas de cobro de cheques o los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales. En el caso de las tarjetas de prepago, se rebaja de 250 a 150 euros el importe a partir del cual los titulares deben estar identificados.

Los eurodiputados han respaldado con 574 votos a favor, 13 votos en contra y 60 abstenciones una serie de cambios en la directiva contra el blanqueo de capitales que todavía debe recibir el visto bueno del Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.

Cuando esto suceda, los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la UE y los países tendrán 18 meses para trasladarlos a sus legislaciones nacionales.

Otra de las modificaciones que incluye esta quinta reforma de la directiva es el derecho de cualquier ciudadano a acceder a información sobre los titulares efectivos de empresas que operan en el bloque comunitario. El objetivo de esta medida es acabar con la opacidad de las llamadas ’empresas buzón’, utilizadas con frecuencia para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos.

La directiva incluye también criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan riesgo de lavado de dinero y medidas de vigilancia más estrecha de transacciones que implican a nacionales de países de riesgo. También incluye disposiciones para aumentar la protección de personas que revelen información sobre blanqueo de capitales, como el derecho al anonimato.