Las cuentas del independentismo catalán

Es un hecho contrastado que tras el proceso separatista catalán existe un pulmón económico de una solvencia importante. Papeletas, urnas, propaganda, actos… un sinfín de gastos interminables para sostener, no sólo el pulso contra el Gobierno central, sino también la ilusión de sus afines. A estos gastos se les ha añadido presuntamente en los últimos tiempos nuevas partidas, a saber, el mantenimiento de los huidos a Bélgica o Suiza y el pago de las sustanciosas fianzas que se van exigiendo conforme avanzan los procesos judiciales a los dirigentes independentistas.

El último gasto importante fue el mes pasado con el pago de la fianza que ponía en libertad al expresidente (o todavía presidente, según la fuente que se consulte) Carles Puigdemont. Un total de 75.000 euros abonados mientras la justicia alemana dilucida si debe o no extraditar al susodicho por malversación de fondos, tras haber duchado con agua fría (una vez más) las aspiraciones del ejecutivo español (perdón, de la justicia española) para conseguir un reconocimiento de la rebeldía del dirigente catalán y, por tanto, un reconocimiento implícito de la ilegalidad de las aspiraciones catalanistas por parte de Europa.

Pero antes fue el de Carmen Forcadell, más sustancioso quizás porque el importe de la fianza lo estableció un tribunal español, con 150.000 euros, abonados igualmente con la celeridad y precisión que caracteriza a quien tiene el mencionado pulmón financiero solvente.

Y la pregunta es ¿de dónde sale este ingente río de dinero? Pues lo cierto es que nadie se apunta su autoría, más allá de decir que viene de la “caja de resistencia” nutrida por donaciones de particulares, aunque tanto la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como la asociación cultural Òmnium son los grandes sospechosos. De hecho, uno de los primeros pasos del ejecutivo fue tratar de descabezar (infructuosamente) el entramado financiero del independentismo catalán deteniendo y encarcelando, hasta ahora sin posibilidad de fianza, a los dos dirigentes de ambas asociaciones: los famosos p… p… (póngase las palabras preso y político donde la ideología del lector considere oportuno) Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y Jordi Sánchez, expresidente de la ANC.

Lo cierto es que el ojo de la Hacienda Pública está sobre ambas asociaciones desde hace un tiempo, ante la sospecha de que esta podría haber sido la vía indirecta escogida por el Gobierno catalán para financiar el proceso independentista y evitar así las acusaciones de malversación de fondos. El Gobierno sospecha también que los fondos de la ANC podrían ser los que estuvieran financiando la aventura europea de Carles Puigdemont y del resto de consejeros huidos.

El caso es que la ANC es una vieja conocida de Hacienda. En 2016, una inspección fiscal y una multa de la Agencia de Protección de Datos obligaron a la entidad a pagar, respectivamente, 176.000 euros y 83.000 euros. Unas sanciones que comportaron un parón temporal en sus actividades.

Ese año, la ANC, que por cierto no publica sus cuentas y, por tanto, lo único que se conoce de sus finanzas es lo publicado en prensa, declaró haber gastado 3,4 millones de euros en propaganda y 400.000 en retribuciones para los directivos de la asociación y su personal laboral habitual (teóricamente voluntarios). En cuanto a los ingresos, la entidad declaró 1,6 millones de euros en aportaciones de socios y militantes y 1,2 en ingresos por la venta de merchandising, básicamente camisetas para la Diada de ese año. Dato este último que descuadró cuando la propia asociación declaró posteriormente haber ingresado 2,7 millones de euros por las ventas de esas mismas camisetas.

Por tanto, la sospecha de Montoro es que la ANC se ha financiado durante los últimos años a través de subvenciones indirectas del Gobierno catalán, de las diputaciones y de los ayuntamientos nacionalistas a pesar de que lo prohíben sus propios estatutos. Además de las donaciones de empresarios y particulares.

En cuanto a Òmnium Cultural, nacida en 1961, se sabe que ha recibido desde 2005 más de 20 millones de euros en subvenciones públicas. La mayor parte de ellas son a fondo perdido y otorgadas a dedo, sin concurso público. La última gran subvención se la dio Artur Mas en 2011, con un montante de 1,4 millones de euros para sufragar las “actividades y proyectos de Òmnium Cultural durante las anualidades 2011 a 2013”.

Sin embargo, las sospechas de la Guardia Civil, metida de lleno en desenredar el entramado de financiación independentista, no cree que estas fuentes de ingresos puedan ser el único flujo monetario con el que han contado estas asociaciones. La teoría es que sus rutas de dinero pueden estar implantadas en esquemas internacionales, por lo que se está buscando relaciones con otros entramados financieros en paraísos fiscales, ante la evidencia de pasadas utilizaciones de estos mecanismos por parte de los Pujol y de otros cargos vinculados a la Generalitat. Lo curioso y lo irritante sería el descubrimiento de conexiones con la trama Gürtel.

Por último, y como dato curioso que no deja de ser un rumor como cualquier otro, fruto de la avalancha de salidas de empresas que tuvo lugar el año pasado de Cataluña, los despachos de abogados de Barcelona prácticamente se colapsaron con las solicitudes de empresarios para llevar a cabo el proyecto de salida fuera del territorio catalán. Lo curioso es que, unidas a estas peticiones en muchos casos se acompañaron otras del tipo de gestionar donaciones tanto a la ANC como a Òmnium, lo que sólo sirve para demostrar que el dinero no tiene ideología y que una cosa es apoyar una independencia y otra es arriesgar el patrimonio.