Los efectos distorsionadores de la inmigración

El drama de los refugiados que huyen de los conflictos bélicos de Oriente Medio, del hambre y las desgracias provocadas por los señores de la guerra en los países subsaharianos o simplemente de la miseria vuelve a poner sobre la mesa de la Unión Europea el debate de la solidaridad, la responsabilidad y el derecho al asilo.

El caso es que todos los estudios apuntan a que la llegada de inmigrantes tiene claros efectos positivos a largo plazo sobre una economía. De hecho, Alemania calcula la necesidad de inmigrantes para sostener el crecimiento económico del país y el fondo de pensiones en medio millón de inmigrantes al año.

Sin embargo, a corto plazo, las ventajas son más discutibles. Para empezar, se trata de una necesidad más de la industria y del mundo empresarial que de la sociedad. En las etapas de fuerte demanda de fuerza de trabajo el crecimiento en una economía desarrollada se consigue mejorando la productividad, lo que exige altas inversiones, a no ser que, cuando la demanda de fuerza de trabajo crea tensiones al alza en los salarios en el mercado nacional, se acuda al exterior para aportar más fuerza de trabajo de baja cualificación que cubra la demanda y además abarate los costes salariales. Este fenómeno fue el vivido por España en los tiempos de Zapatero y su famosa regularización de inmigrantes, que aportó 3 millones de nuevos trabajadores a la economía aliviando las tensiones de salarios al alza que en aquellos momentos experimentaba la economía española.

No cupo la menor duda de que lo que más convenía a la mayoría de los sectores, sin capacidad inversora para mejorar la productividad, era importar mano de obra para mantener los salarios dentro de límites tolerables, aun a sabiendas de que con ello se salvaban empresas a la larga no competitivas. En teoría, los inmigrantes permanecerían en el país mientras se los necesitase y volverían a sus países cuando cambiase la coyuntura.

La realidad, sin embargo, fue otra. Para muchos inmigrantes el Estado social les ofrecía muchas mejores condiciones de vida de las que tendrían a su vuelta a sus países de origen, por lo que pasaron a depender de ayudas sociales y a alimentar la economía sumergida, a pesar de que se les ofreció ayudas para regresar a sus países de origen.

Si a ello se suman los costes que en educación y sanidad trajo consigo la reunificación familiar de una población que había desembocado en el paro, pronto se cayó en la cuenta de que, si bien las empresas se habían beneficiado, y mucho, de la inmigración, el Estado al final es el que se encarga de los altos costos de mantener cientos de miles de trabajadores sin una perspectiva de poder emplearlos.

En este sentido, un estudio del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) sostiene que el coste de la inmigración es insostenible para las arcas del Estado. La razón principal que se aduce es que los inmigrantes, “por su menor nivel de renta y mayor tasa de paro, generan un mayor gasto por persona en prestaciones” que la población autóctona, señalando además el estudio el alto grado de picaresca relacionada con “familiares de estos inmigrantes que ni siquiera viven en nuestro país”.

Así, según este estudio, una emigración sería netamente ventajosa si se cumplieran algunas de las siguientes condiciones: que los emigrantes desempeñen actividades económicas de nivel mayor que la media española o que trabajen en empleos que los nacionales no cubren; que no generen conflictividad social o delincuencia en proporciones mayores que los propios nacionales; que se asimilen e integren con normalidad en la sociedad; que presenten un balance fiscal positivo con el Estado; o que tengan un nivel cultural similar o superior a la media del país.

En este informe se detallan las llamadas rentas de garantía de ingresos que otorgan las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, donde con una población emigrante registrada del 12% (en la franja de edad laboral de 23 a 64 años), se beneficia del 45% de esta renta. En la comunidad de Madrid las cosas no son muy distintas, los beneficiarios de las ayudas públicas al alquiler de vivienda muestran, a pesar de la dificultad analítica derivada de que la Comunidad esconde la nacionalidad de los beneficiarios, que entre el 60% y el 70% de los perceptores de ayudas al alquiler son extranjeros.

Con más niveles de paro y rentas por debajo de la media de los españoles, es lógico pensar que la contribución que los emigrantes aportan al Estado tenderá a ser inferior también que la de los nacionales. Y en el estudio queda meridianamente patente: tan sólo un 3% del IRPF (que subiría al mero 4% si se contabilizan los casos de doble nacionalidad). Por no hablar de cuotas muy bajas en impuestos de sociedades, de propiedad inmobiliaria o de impuestos ligados al consumo.

Sin embargo, detractores de estas afirmaciones sostienen que los inmigrantes con baja cualificación suponen un gran estímulo económico. El coste de su formación, alimentación y atención sanitaria durante su niñez y adolescencia ha corrido a cargo de sus países de origen y, sin embargo, nosotros los recibimos en plena edad productiva y nos aprovechamos de ellos cuando desempeñan los trabajos que los autóctonos no quieren ocupar.

De hecho, muchas pequeñas empresas y negocios regentados por españoles no podrían sobrevivir si no disfrutaran de la inestimable colaboración de millones de inmigrantes. El ejemplo más claro es el caso de la agricultura andaluza en la zona del Ejido; a pesar de las altas tasas de paro de los autóctonos andaluces, los empresarios agrícolas no podrían mantener y ampliar sus explotaciones de no contar con mano de obra extranjera. Evidentemente, esto es discutible, porque es precisamente la gran cantidad de inmigrantes la que permite la oferta de salarios a la baja y la aceptación de condiciones de trabajo inaceptables para aquellos que no vengan de un lugar peor.

Lo que sí es cierto es que la población inmigrante debido a motivos económicos muestra mayor dinamismo, así como un más acusado espíritu emprendedor que la gente del país al que llegan, debido a que generalmente son jóvenes, tienen toda la vida por delante y mucho que ganar al emigrar. De este modo, por regla general, los inmigrantes tienden a trabajar más duro y a ahorrar más, tienen una mayor propensión a iniciar nuevos negocios e innovar, en comparación con los trabajadores autóctonos del mismo sexo, edad y nivel educativo. Y esto es debido a que, en la mayoría de los casos, y en los casos de inmigrantes por motivos económicos, la persona que se marcha a otro país no es el tipo de gente que se queda de brazos cruzados esperando a que la ayuden.