Un año perdido

Esta semana se cumple el aniversario de la votación en el Parlament de las leyes que dieron origen al 1-O y que especificaban que si el resultado era favorable, Cataluña declararía la independencia. Debido a la mayoría en el Parlament de los partidos independentistas (quizás su mayor éxito, el haber sido capaces de crear una coalición transversal y mantenerla), salieron adelante si bien fue muy polémico ya que el estatut dice que hacen falta 90 votos a favor para poder reformarlo y sin embargo, con 72 ya consideraban que había suficiente como para iniciar un proceso que, de hecho, lo abolía. Con todo, el problema era el contenido que incluía disposiciones incompatibles con la Constitución y por lo tanto el TC anuló su contenido. El que la Generalitat siguiera adelante desobedeciendo a una instancia superior suponía la confirmación oficial de un conflicto en el que unos políticos tomaron la decisión consciente de desafiar las leyes vigentes. Desde un punto de vista jurídico esto podía ser considerado –evidentemente lo fue- como una desobediencia (sin pena de cárcel, riesgo de inhabilitación y multa…) y dejarlo ahí pero la cosa se aceleró y Puigdemont acabó declarando la independencia de una parte del estado español, algo claramente ilegal. Yo acato las decisiones judiciales y no es mi intención criticar la labor del juez Llarena pero hubo dos decisiones que liaron mucho más el tema: ordenar prisión provisional para los Jordis y lanzar la acusación de rebelión contra Puigdemont y cía. Lo primero, aparte de tener poco sentido porque para evitar la “reiteración delictiva” bastaba con un arresto domiciliario, seguro que ayudó a que los siguientes en ser llamados a declarar, ante la perspectiva de la prisión, planearan su huida del país. Y lo segundo también complicó las causas judiciales, especialmente en el extranjero, ya que es cierto que unos cargos autonómicos no necesitan violencia para ejercer poder pero insistir en un cargo –el de rebelión- que según la ley exige de violencia, no ayuda a facilitar las acusaciones de los fiscales. La sedición (y no lo digo sólo yo, también expertos legales) sería una acusación más defendible ya que no implica violencia y sí se puede argumentar (otra cosa es demostrarlo) que hubo un alzamiento tumultuario con el que se pretendía impedir la aplicación de las leyes.

El caso es que en el tema legal, España ha recibido un revés en el extranjero –y duele más cuando es de países amigos- porque aunque nadie ha puesto en duda a la Justicia española, sí que han castigado la labor del juez Llarena, que entiendo ha preferido esperar al juicio y a que haya sentencias, para volver a intentar conseguir las extradiciones como él las quiere. El juicio debería ser cuanto antes, especialmente por los presos preventivos (cada día con menos motivos para seguir siéndolos), pero se sigue alargando. En cualquier caso, es evidente que se cometieron delitos y que algunos son graves, no se puede frivolizar con hechos que, si hubieran tenido éxito, hubieran provocado a España –y por tanto a los españoles- la mayor pérdida de territorio y población desde la Guerra de Cuba, además del coste social y económico. La justicia de una hipotética Cataluña independiente sin duda también actuaría contra quien quisiera secesionar una parte del territorio patrio. Otra cosa es demostrar con pruebas cada una de las acusaciones (por ejemplo, en la de malversación creo que nadie duda que se usó dinero público para organizar el 1-0 pero si se pagaron facturas y la empresa que las cobró puso en ellas que se trataba de, es un decir, bolígrafos en vez de urnas, es muy difícil). Acabando ya con el aspecto jurídico, añado que aquellos que aún creen que Europa o la ONU van a castigar a España por los sucesos del 1-O pecan de la misma ingenuidad que los que se creyeron los tuits de la cuenta oficial del partido de Puigdemont de hace un año cuando afirmaban que tanto la UE como los EUA reconocerían el resultado del referéndum. Más allá de la evidente exageración en el número de heridos, la violencia policial –que existió- es algo común en todas las democracias avanzadas en circunstancias similares y, nos guste o no, si la policía te dice que te apartes y no te apartas, en cualquier lugar del mundo te cae un mamporro: lo he visto en todas partes, este año en una manifestación de huelguistas en Francia y también en 2011 cuando los mossos apaleaban a los de la acampada del 15-M en Plaza de Cataluña para desalojarlos.

Desde un punto de vista político y social, el balance un año después es desolador: nadie ha conseguido nada de lo que quería y todos estamos mucho más cabreados con este tema. Se han polarizado las posturas hasta el punto de banalizar con términos tan serios como el terrorismo (confundiéndolo con vandalismo) o el fascismo (que es como denominan algunos a toda postura diferente a la suya) y creándose un abismo que hace 12 meses no existía, tanto entre muchos catalanes y muchos españoles que no habitan en Cataluña como entre los propios catalanes. Y por supuesto los culpables son variados, no son sólo del bando independentista pero sí que es cierto que éstos fueron los que rompieron las reglas de juego de nuestra democracia, fracturando con ello a la sociedad catalana. Puigdemont ha quedado como un héroe para muchos pero lo cierto es que su decisión de no responder a Rajoy cuando le preguntó por dos veces si había declarado la independencia, hizo inevitable el 155 y su decisión de declarar la independencia (de forma tan chapucera que ni siquiera cerró antes algún acuerdo con algún país para que la reconociera) antes de fugarse, ha dejado todo en un punto muerto. Es decir, la independencia ya ha sido declarada, ese hito ya se ha superado, ya no sirve ni siquiera como amenaza para una negociación política porque ya ocurrió. Nadie hizo nada por defenderla, hasta la CUP pareció olvidarlo al participar en las autonómicas del Reino de España el 21D y nadie en el mundo la ha reconocido… pero ya está hecho. En la práctica es como si se hubiera quemado el último cartucho, tras ello el margen de maniobra político del independentismo es escaso porque sin una reforma constitucional en España (que necesita una mayoría de dos tercios del Parlamento y pasar una votación popular) ya se han visto los límites. Podría aprovechar su importancia parlamentaria actual en la supervivencia del gobierno de Sánchez para conseguir otras ventajas –estilo PNV– para los catalanes pero el pedir (o exigir) más autogobierno se va a encontrar con un muro. Y ya se comprobó que organizar huelgas (que perjudican más a los catalanes que al resto de españoles), hacer manifestaciones o quemar fotos del rey… no cambia las cosas.

Es triste porque si se leen mis artículos de hace un año, todo lo que ha pasado era evidente, desde la fuga de empresas a la falta de reconocimiento internacional pasando por la suspensión de la autonomía y el deterioro social. Mi mayor preocupación hace un año era cómo se gestionaría –tras el previsible fracaso y las continuas mentiras que lo alentaron- la frustración de tantos independentistas engañados y a día de hoy, para mi sorpresa, aún no es un gran problema primero porque aún, a pesar de todo, no ha cundido el pesimismo y segundo porque la mayoría ha volcado su frustración sólo en el bando unionista y en el resto de España en general, sin aparentemente darse cuenta de la chapuza que hicieron Puigdemont y cía. Es verdad que el desastre político del 155 (que ni hizo nada para cambiar las cosas para el largo plazo ni en el corto para convencer a los catalanes de que otro gobierno podría ser mejor) y los errores del gobierno español han ayudado pero al final el balance es que los organizadores del procés se equivocaron hace 12 meses y su fracaso es evidente: ni han conseguido la independencia, ni un referéndum pactado, ni el apoyo de la UE, ni el reconocimiento internacional… Es cierto que el victimismo sigue dando votos, que hay una cuestión emocional aún mayor que, unida al sistema electoral, va a dar mayoría parlamentaria al independentismo una y otra vez incluso aunque gestione mal y que el tiempo corre a su favor porque los jóvenes están más convencidos pero ¿De qué sirve que gobierne el independentismo si al no poder avanzar en esa faceta hacen como los últimos meses, cerrar el Parlament y no hacer prácticamente ninguna gestión salvo darle la vuelta a los escasos cambios del 155? A los políticos mucho pero a los catalanes, ¿de qué les sirve? Ahora dicen que su objetivo es que las 4 capitales estén gobernadas por ellos tras las municipales del próximo mayo y yo me pregunto ¿cómo es una gestión independentista de una ciudad, qué ventajas tiene, qué medidas van a aplicar diferentes aparte de –por ejemplo- cambiarle el nombre a Plaza España por plaza del 1-O?

Mi sensación es que el monotema está dominando tanto el discurso que todos parecen olvidarse de que los que vivimos en Cataluña tenemos muchos más problemas y sobre todo queremos un gobierno, central y autonómico, que gobierne tomando medidas para cuando esta racha de crecimiento del PIB de tantos trimestres por encima del 2,5% con baja inflación, se modere e incluso se revierta. Y es que si hay un aspecto en el que no estamos peor que hace un año es el económico. Sin duda en Cataluña estaríamos mucho mejor sin los sucesos de hace 11 meses (y mucho peor si el 155 –fue para lo único que sirvió- no hubiera tranquilizado los ánimos) pero con tanto crecimiento económico, apenas se nota la recaudación fiscal perdida en los ayuntamientos por el traslado de sedes sociales ni el descenso de turistas si bien creo que en el medio y largo plazo la menor creación de empresas, la fuga de depósitos bancarios y la caída de la inversión sí se notará. Si en lo social y político los sucesos del último año han supuesto un antes y un después (para peor), en lo económico creo que ha quedado en un susto. Pero es un susto que debería hacer reflexionar a muchos: hay que estar muy alejado de la realidad para pensar que el buen comportamiento de la economía catalana el último año no se debe precisamente a que la independencia fracasó, sobre todo ahora que sabemos –ya no es una suposición- que nadie en el mundo reconoce a Cataluña como estado y que la UE está en contra. Nadie que no sea un fanático puede negar que una Cataluña aislada políticamente y en claro enfrentamiento con España –su principal mercado- y Francia (su otro vecino) hubiera sufrido un shock económico de primer orden.

Y aunque sé que el artículo está quedando un poco largo, me gustaría hacer una última reflexión. Hasta hace unos meses veía con mucho escepticismo las teorías de la conspiración pero me parecían más bien inofensivas, sin embargo tras lo vivido el último año creo que no lo son. Cuando la inquina y la animadversión hacia el que no piensa como uno se une a unas redes sociales amplificadoras, medios de comunicación irresponsables, personajes notorios en las redes que buscan el aplauso fácil de los suyos y noticias falsas… se generan una oleada de teorías cargadas de tanta maldad que decenas de miles de personas acaban creyendo que los “otros” son, básicamente, muy mala gente capaces de los actos más atroces. Y todo esto acaba dividiendo mucho más y obstaculizando la integración. Insultar y criminalizar a un grupo de personas con las que quieres vivir en un mismo país es de lo más absurdo y peligroso, y eso vale tantos para los españoles que quieren que Cataluña siga siendo España pero menosprecian a los catalanes como para los independentistas que quieren formar un estado nuevo y parecen olvidar que en ese estado habrá 1,3 millones de catalanes –sumando sólo los votantes de Cs y PP- a los que tendrán que seducir e integrar con algo más que insultos. En mi opinión la independencia a día de hoy no es posible aunque las probabilidades crecerán con el tiempo porque lo lógico es que aumente la mayoría social a favor de ella y porque en una situación de crisis económica futura habrá más gente dispuesta a tomar más riesgos… pero creo que el objetivo primordial debería ser que la convivencia entre catalanes no se vea alterada por esta legítima batalla política. Vencer sin convencer no le servirá a ninguno de los bandos.