El impacto de las actividades sumergidas en el PIB

Mediante la aprobación del reglamento europeo 549/2013 se aprobó la nueva forma de contabilidad nacional, conocida como SEC 2010. Esta nueva normativa obligaba (entre otras cosas) a considerar las drogas y la prostitución como parte de la contabilidad nacional. Sin embargo, la economía movida por negocios como el tráfico de drogas, el tráfico de armas o la prostitución es difícil de contabilizar para las agencias oficiales.

De hecho, el propio cálculo del PIB ya es de por sí muy complejo. Así, las estadísticas que solemos conocer en los medios de comunicación suelen ser estimaciones que sólo se ajustan con el paso del tiempo, cuando se van corroborando los datos. Lo que sí es cierto es que, a la hora de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, vale más una estimación que la falta de datos.

A esta dificultad, se le añadirían los desafíos adicionales de medir la economía sumergida, que se ha de hacer con estimaciones basadas en estudios de terceros para dar una aproximación de la contribución de estas actividades.

En concreto, para la consideración de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, el contrabando de tabaco y el juego ilegal, el INE utiliza fuentes de información tan variadas como la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad con la colaboración de las comunidades autónomas, o los informes anuales de los Observatorios Español y Europeo de las Drogas y Toxicomanías del Ministerio de Sanidad, así como información procedente del Ministerio de Hacienda o de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Para medir el aporte en la economía nacional de las actividades relacionadas con la prostitución se ha de echar mano de fuentes como los informes sobre trata de blancas elaborados por el Ministerio del Interior, o los informes de seguimiento del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o diversas encuestas sobre hábitos sexuales. Sin olvidar los informes que diversas asociaciones como Anela (la asociación de los locales de Alterne), puedan aportar, siempre con la salvedad de lo dificultoso de poder hacer estimaciones fiables.

Eso sí, por mucho que la midamos, la prostitución sigue sin ser legal, algo que está teniendo un profundo debate en toda Europa. De hecho, parece haber dos claras tendencias con respecto a esta actividad: los partidarios de legalizarla y regularla, como cualquier otra actividad económica, y los partidarios de endurecer su práctica, así como el uso de sus servicios.

Dentro de la primera opción, estaría la política llevada a cabo en Alemania, que liberó y reguló la prostitución en el 2002. Desde ese momento, esa actividad en el país se disparó y miles de mujeres se incorporaron al mercado alemán al calor del boom y de la ampliación de la UE a los países del Este en 2004. Los precios se desplomaron y los clientes comenzaron a exigir cada vez más, conscientes de que si una trabajadora no lo hacía, siempre habría otra. Además se establecieron nuevas variantes de negocio como la “tarifa plana”, mediante la cual el cliente paga una entrada y puede tener sexo hasta cansarse. Todo ello en detrimento de las trabajadoras que han visto empeorar aún más sus condiciones de vida al entrar en juego las reglas del capitalismo de forma legal.

UEGD, la asociación que representa a unas 200 empresas en toda Alemania calcula que entre 2000 y 2012 aumentó un 33% el número de prostitutas trabajando en Alemania. Según las cifras oficiosas que ellos manejan, en ese mismo periodo, los precios disminuyeron un 23%. Piensa que la única solución para frenar la caída es regular la oferta, es decir, que haya menos burdeles y menos trabajadoras. Eso sí, se muestran disconformes con el sistema de “tarifa plana” y dicen que ninguno de sus asociados lleva a cabo tal oferta. Dentro de esta política se encuentran, además de Alemania, Dinamarca y Holanda.

En la línea de la segunda tendencia se encuentra Suecia, cuyo gobierno comenzó en los años 90 a implementar unas políticas a largo plazo contra la trata de seres humanos que se centró principalmente en la protección de la mujer. Hace casi 20 años, en 1999, todos los partidos en el Parlamento sueco, sin ningún atisbo de división, aprobaron prohibir la compra de servicios sexuales y se centraron en el cliente. En esta línea se han colocado otros países como Canadá, Francia o Noruega, siendo éste último el más duro en su postura, ya que penaliza a sus ciudadanos el consumo de servicios sexuales incluso fuera de sus fronteras.

El éxito de la política sueca en los 20 años de implantación, que tiene un coste de 620.000 euros anuales, se ha plasmado en la práctica erradicación de la prostitución más evidente, como la calle o los clubes de alterne. Sin embargo, desde principios de siglo, el auge de Internet ha abierto un camino para los detractores del abolicionismo. Por lo que se estima que en el país escandinavo pueden existir alrededor de un millar de prostitutas, de las que sólo 300 son foráneas. Desde que entró en vigor la ley hace dos décadas, más de 7.600 hombres han sido procesados y multados por pagar por tener sexo con una mujer, según datos oficiales. Las multas son “severas” y dependen de los ingresos de cada persona para que sea un castigo proporcional.

En España, uno de los países con más clientes de prostitución del mundo, el Gobierno quiere regular la trata y la explotación sexual con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas, en la línea del modelo abolicionista sueco. Según el Ministerio del Interior el número de prostitutas en nuestro país ascendía a 14.000 en 2017 aunque se estima que son al menos el triple. Otros informes aluden a 100.000. La policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales. Colectivos como Aprosex o Hetaira advierten de que perseguir al cliente o multar a las mujeres con normativas municipales las destierran a lugares más peligrosos donde están más desprotegidas.

La prostitución mueve hasta 160.000 millones de euros a nivel mundial, según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope, que cita el Parlamento Europeo en sus informes, un montante del que nuestro país se queda con un 14%, ya que suma 22.800 millones anuales.

Por último, ¿ha crecido mucho nuestro PIB con estas medidas? La verdad es que parece que no ha impactado mucho en los números sobre nuestra riqueza nacional. De hecho la estimación era que las actividades ilegales añadían un 0,87% (0,35% para la prostitución y 0,5% para el tráfico de drogas) al PIB español. Datos, además, en consonancia con los de países de nuestro entorno. Sólo con el cambio metodológico que supuso la nueva contabilización del I+D, se aprecia una subida de más de un 1,55%.