Gibraltar en la tormenta del Brexit

La negociación sobre el “brexit” amenaza con enquistarse. Tras la negativa europea a las pretensiones británicas el gobierno de May amenaza con la posibilidad de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, en lo que ha sido un órdago que puede tener más de farol que de contenido real.

Inserta dentro de esta negociación como uno de los puntos clave se encuentra una cuestión que afecta de manera importante a los intereses españoles, como es el tema de Gibraltar. En este sentido, la posición del Gobierno español, después de una serie de altibajos, se muestra optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y aunque el equipo negociador sigue siendo el mismo que con el gobierno anterior, sin embargo, los posicionamientos y las prioridades han variado desde el principio de la negociación, primando ahora la cuestión socioeconómica del campo de Gibraltar.

Realmente la negociación del “brexit”, que debe de culminar para dar una salida negociada a Gran Bretaña el próximo marzo, se halla paralizada por las diferentes posturas en materia comercial y la peliaguda cuestión sobre la frontera irlandesa. Pero lo cierto es que los líderes europeos han instado de nuevo a Theresa May a acelerar las negociaciones bilaterales con España para resolver su disputa sobre la posición que tendrá Gibraltar tras el “brexit”. Algo incluido en la última ronda de negociaciones por petición del Ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Desde el inicio de las negociaciones del “brexit”, la UE ha dado a España poder de veto sobre el futuro del Peñón cuando Reino Unido se marche. Ni el futuro acuerdo comercial entre Bruselas y Londres ni el periodo de transición para garantizar un aterrizaje suave se aplicarán a Gibraltar a menos que no haya un acuerdo previo entre el Gobierno británico y el español, según ha confirmado Borrell.

En su momento, el Gobierno de Rajoy planteó cuatro exigencias a May sobre Gibraltar: control compartido del aeropuerto, más transparencia para que deje de ejercer como un paraíso fiscal, lucha contra el contrabando y mejor protección medioambiental, en concreto en lo referente a vertidos contaminantes. Esto significa que la cuestión de la soberanía nunca estuvo sobre la mesa de diálogo, entrando sólo en juego justo antes de la moción de censura que propició la llegada de Sánchez al poder.

El uso del aeropuerto de Gibraltar es uno de los elementos más complejos de la negociación entre Madrid y Londres respecto al futuro del Peñón. España lleva años reclamando un uso conjunto del aeropuerto, ya que considera que la construcción del mismo se hizo territorio no contemplado por el Tratado de Utrecht de 1713. Este tema es uno de los que más irritan a Gran Bretaña porque supondría dar entrada a fuerzas de seguridad españolas en un territorio que consideran propio. Esto sería debido a que, al no formar Reino Unido parte del área de libre circulación de Schengen, España reclamaría contar, en algún punto del aeródromo, con policías o guardias civiles que supervisaran los tránsitos.

En lo que se refiere al contrabando de tabaco, Gibraltar es el mayor punto de entrada ilegal de España del mismo. Sólo el año pasado fueron interceptadas más de 600.000 cajetillas, según datos oficiales, un 158% más que en 2016. El Gobierno quiere comprometer a Reino Unido a que el precio del tabaco, muy reducido en Gibraltar, se equipare más al español para hacer menos atractivo el tráfico ilegal.

En cuanto al tema fiscal, es uno de los puntos prioritarios de las exigencias españolas y se refiere al establecimiento y cumplimiento de unos criterios más estrictos de domicilio fiscal, que impidan el establecimiento del mismo en el Peñón a empresas que claramente operan en nuestro país. De hecho, Gibraltar no forma parte de la unión aduanera, no asume las políticas agrícola y comercial ni aplica el IVA, entre otras cosas, por lo que el régimen tributario del Peñón puede ser equiparable a un paraíso fiscal en muchos aspectos. En un territorio con poco más de 30.000 personas radican su actividad más de 55.000 de empresas, que en buena medida operan en España. En concreto, el régimen especial de Gibraltar, en lo que respecta al negocio del juego online, ha convertido a la colonia en sede de 30 compañías que aglutinan el 60% del mercado mundial. Actualmente, el 40% del PIB del Peñón se deriva de esta actividad y todo ello depende de potentes conexiones de fibra óptica que, a través de territorio español, hacen accesibles estos casinos al mayor mercado del mundo en este sector. En este sentido, no hay que olvidar la investigación abierta en el seno de la Comisión en 2013 sobre la ley gibraltareña de impuestos sobre ingresos de las empresas.

Y todo esto en medio de un escenario en el que cada día cruzan la frontera 14.041 trabajadores, según cálculos de Gibraltar, 8.739 de ellos españoles. Y aquí se habla de la convivencia entre una zona con una de las rentas per cápita más altas de Europa inserta en una de las regiones más deprimidas y con uno de los mayores índices de paro. Y la duda es qué pasará con estos trabajadores si la Verja se cierra una vez que el Reino Unido abandone el Espacio Schengen.

La retirada de la pretensión española de la cosoberanía ha aliviado la tensión entre los mandatarios del Peñón, lo que posibilita la consecución de un acuerdo, ya que los intereses de Gibraltar pueden estar más cercanos a los españoles que las consecuencias que acarrearía un “brexit” sin acuerdo con España con capacidad de veto.

Aunque también es cierto que, según Borrell, España no renunciará a la soberanía del Peñón, el Ministro reconoce que este no es el marco ideal para reclamarlo. Esto a pesar de estar reconocida por la doctrina de la ONU, que da un marco favorable a España, ya que colocó a la colonia británica en 1946 en la lista de los territorios no autónomos y, desde 1964, en la lista de territorios pendientes de descolonización, sin considerarlo nunca un territorio con derecho a autodeterminación.

Lo curioso del caso, a recordar en todo caso, es que Londres, en la etapa de idilio entre Blair y Aznar (hasta se hicieron una foto juntos en las Azores), ya aceptó hablar de cosoberanía. El anterior Ministro de Exteriores, Margallo, explicó que, durante esa etapa, se mantendrían las dos banderas y los gibraltareños podrían contar con la nacionalidad británica y también con un estatus económico-fiscal especial. Cuando ese periodo, establecido en un tiempo de alrededor de 50 años, llegase a su fin, se procedería a la integración total en el Estado español, como preveía la ONU.

El problema en esa ocasión fue que los ciudadanos del Peñón se pronunciaron en contra de la cosoberanía en noviembre del 2002. En una consulta sin valor legal organizada por el entonces ministro principal, Peter Caruana, los llanitos rechazaron con un 99% de votos esa posibilidad, lo que empantanó las conversaciones entre Madrid y Londres. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero retomó el dosier en el 2004, incluyendo en las negociaciones a Gibraltar en el llamado Foro de Diálogo Tripartito, en un intento de apaciguar los ánimos en la colonia, que sólo sirvió para dar alas a las aspiraciones soberanistas gibraltareñas.