Los notarios aconsejan seguir firmando hipotecas, pero aclarando que no se sabe quién debe asumir el impuesto

La Comisión Permanente del Consejo General del Notariado ha enviado una nota a los casi 3.000 notarios de toda España aconsejando continuar con la firma de hipotecas, pero dejando la clara constancia de que no se sabe quién debe asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), según han explicado fuentes del Consejo notarial a Europa Press.

En el escrito interno, el Consejo General del Notariado intenta aclarar el camino a seguir mientras la cuestión no se dilucide por completo, ya que hasta el próximo 5 de noviembre, fecha prevista para la celebración del Pleno que revocará o mantendrá la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acordó que sean los bancos los que asuman el tributo, se mantiene la incertidumbre.

De esta forma, la asociación de escribanos recomienda a los notarios informar al consumidor del contenido de la sentencia, advirtiéndoles de que no es posible determinar quién debe pagar el gravamen sobre las escrituras de hipotecas.

“Lo lógico es seguir autorizando la escritura de préstamos hipotecarios, pero dejando constancia de que las partes conocen la situación”, han subrayado las mismas fuentes, señalando que, hasta que la sentencia no se haga pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no tiene efectos generales.

Con todo, los notarios recuerdan que, según las condiciones pactadas entre cliente y entidad, quien tenga que pagar finalmente el impuesto dispone de 30 días hábiles para hacerlo.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, el primero ha emitido una nota en la que afirma que todos ellos “han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

Tanto el fallo de este tribunal como la decisión de Díaz Picazo de dejar en suspenso la aplicación de la novedosa sentencia en espera de que el Pleno de la Sala –compuesto por 31 magistrados– la confirme o anule en las próximas semanas ha creado una situación sin precedentes en el alto tribunal, que Lesmes ha tratado de reconducir con la reunión de este lunes, dado su fuerte impacto económico y social.

Díaz Picazo emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un “giro radical” en la jurisprudencia y una “enorme repercusión económica y social”, por lo tomó la insólita decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirmaba o no la nueva jurisprudencia.