A vueltas con la subida del salario mínimo interprofesional

Tras el anuncio del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas y las rasgaduras de los harapos de la patronal se han elevado a los cielos, anunciando la destrucción de puestos de trabajo y la debacle más espantosa.

Este acuerdo, por el que el salario mínimo ascendería un 22,3% para el año 2019, se engloba dentro del plan que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea; tendrá un coste de 340 millones de euros y aportará 1.500 millones a la Seguridad Social, fruto del aumento de las cotizaciones sociales, que pasarán del 12,4% del PIB en 2018 al 12,5% del PIB en 2019. Por otro lado, este aumento sirve para cumplir en parte la Carta Social Europea, que establece que el SMI de los estados que pertenecen a la Unión Europea debería ser de, al menos, el 60% del salario medio. Según esto, para alcanzar ese 60%, el SMI debería llegar a algo menos de 1.000 euros al mes en 14 pagas, en el caso de nuestro país.

Pero se ha encendido un debate (otro más para un Gobierno que, superando todas las previsiones va camino de superar octubre) relativo al huella sobre la creación, o la destrucción, de puestos de trabajo. A pesar de que, vaya por delante, no existen evidencias empíricas contundentes de los efectos de una variación del SMI sobre el mercado laboral.

De hecho, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consecuencias del SMI en el empleo son reducidas, tendiendo hacia la insignificancia. El Banco de España analizó la subida del 8% del año 2017 bajo la premisa de “probabilidad de perder el empleo” en los 12 meses siguientes a la subida. El resultado fue que esta subida tuvo un huella relativamente pequeño para la economía en su conjunto: un descenso del empleo del 0,1% en el caso de la subida del SMI aprobada en 2017.

¿A favor de esta medida? A pesar de la falta de estudios concluyentes, hay dos grandes factores que determinan la bondad de la subida. Por un lado, la experiencia de Corea del Sur, ha pasado de ser uno de los países del mundo que menos reducía la desigualdad a convertirse en uno de los mejores en este sentido, hecho que se ha visto apoyado porque una de las medidas que se tomaron fue precisamente un aumento del salario mínimo del 16,4%. Por otro lado, no es desdeñable el hecho de observar el colectivo a los que supuestamente beneficiaría la medida: jóvenes y empleados poco cualificados del sector servicios, en definitiva, ese 17% de trabajadores cuyos ingresos están por debajo de los 12.900 euros anuales, de los cuales el 64% son mujeres, según la Encuesta de Estructura Salarial.

Otro efecto positivo sería el aumento del consumo privado de los beneficiarios de la subida del SMI, aunque éste sería muy limitado, dada la escasa proporción de los mismos respecto al total de los trabajadores.

Como argumentos en contra se citan también unos cuantos. Para empezar el de que esta subida ralentizará la creación de empleo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida, elevando así el paro estructural con especial incidencia sobre los colectivos a los que se quiere favorecer: jóvenes y trabajadores menos cualificados.

El argumento se basa en que uno de cada diez trabajadores cobra actualmente menos que lo que sería el nuevo SMI. Estos trabajadores son jóvenes, personas mayores y trabajadores poco cualificados y serían éstos los colectivos de perjudicados con la subida ya que sería susceptibles de que a las empresas no les compensase el beneficio que obtienen de estos trabajadores con el salario que les tendrían que pagar. Esto podría provocar la destrucción de 190.000 puestos de trabajo, de acuerdo con un cálculo basado en estimaciones del Banco de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVAResearch. Esto es, la medida se podría llevar por delante la mitad de los nuevos empleos previsto por el Gobierno para el próximo año.

Según explica el Banco de España, existen 1,9 millones de trabajadores en nuestro país sobre los que su empleador deberá decidir si le compensa seguir contando con sus servicios una vez aplicada la subida o si prefiere rescindir la relación laboral. Esto es según el mismo estudio que analizó el huella de la subida del 2017, en el que concluía que el huella del 0,1%, y que determina que el efecto llegaría al 1,4% con una simulación de 950 euros mensuales en 2020.

Además, esta medida podría ser contraproducente en el sentido de la desigualdad entre trabajadores: el empresario podría plantearse contratar antes a quien ya está formado, en lugar de dar una oportunidad a quien no tiene experiencia, aunque éste esté dispuesto a trabajar por una cantidad menor, ya que esta opción desaparece.

Por otra parte, los analistas aducen que no es comparable la situación en el 2017, con la subida del 8%, con la actual, ya que en ese momento la economía española estaba creando empleo a un buen ritmo. Y así, esta subida, junto con la de este año del 4%, no hicieron resentirse a la creación de empleo, y que incluso esta creación tuvo mayor relevancia en los sectores más jóvenes de la población. La situación ahora es distinta, ya que se aprecia el inicio de una cierta desaceleración económica, con lo que cualquier comparativa no sería válida.

Finalmente, el Banco de España advierte de que los efectos negativos se podrían amplificar si la subida del Salario Mínimo Interprofesional se acaba trasladando al resto de las escalas salariales. Es decir, si la subida se tiene en cuenta para acordar las subidas salariales para todos los trabajadores en el marco de las negociaciones de los convenios colectivos, estos efectos negativos señalados anteriormente podrían multiplicarse.

Como nota adicional se podría decir que, frente a la experiencia de Corea del Sur, se tiene la experiencia de Alemania de hace tres años. En 2015, este país aplicó una subida del SMI que provocó la pérdida de 60.000 puestos de trabajo durante el primer año de aplicación, de acuerdo con un informe elaborado por la Oficina Federal de Empleo con una muestra de 15.000 empresas.

Y esto teniendo en cuenta que se trata de una economía saneada en la que las empresas son capaces de asumir los costes de la formación de sus trabajadores en mejores condiciones que las empresas españolas. La conclusión del estudio fue que “un gran número de trabajadores se beneficiarán de salarios más altos a costa de sacrificar los empleos de un número más pequeño de empleados”. Aun así, los detractores de esta medida auguraron una recesión y la pérdida de 450.000 puestos de trabajo, algo que no ocurrió, sino lo contrario, ya que, en posteriores años, las cifras de empleo mejoraron en Alemania.