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Actualizado el 27 de septiembre de 2024
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reanudado a las diez de esta mañana la deliberación sobre quien debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados -impuesto sobre hipotecas-. Se trata del segundo día de debate, después de que ayer la disparidad de criterios protagonizara durante ocho horas la primera jornada de la reunión.
Los 28 magistrados que integran este tribunal deben fallar si estiman o no tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia que fallaron a favor de las entidades bancarias.
En la jornada del lunes intervinieron mostrando su postura casi un tercio de los asistentes al Pleno, un total de 9, y según fuentes consultadas por Europa Press las posturas estaban divididas prácticametne al cincuenta por ciento.
Dos de los que defendieron la nueva jurisprudencia fueron los ponentes de los recursos, los magistrados Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís, que fueron secundados por cuatro de los jueces que hablaron durante el pleno de ayer. Otros cinco intervinientes se mostraron sin embargo en contra de confirmar la nueva doctrina y abogaron por volver a la situación anterior, la de que sean los clientes los que abonen este impuesto a Hacienda, según las mismas fuentes.
Una de las claves de la deliberación que sigue este martes es la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que ésta se confirme. Se baraja que pueda establecerse en cuatro años -que es el plazo que permitiría la reclamación por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto- o tenerse por ilimitada, lo que permitiría reclamar en los tribunales a un número mayor de ciudadanos. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se ha tocado durante todo el día de ayer.
En la deliberación de este asunto siguen sin estar presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda de protección municipal en Rivas.
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Vaya... no sé para qué tanta reunión si después quedan en evidencia ante todo el mundo por su falta de parcialidad y de profesionalidad... Hoy, el tribunal de DDHH ha sentenciado que Otegui no tuvo un juicio justo. La justicia está totalmente politizada. Nuestros jueces son simples marionetas del dels poderes políticos y económicos. Una verdadera pena.