La fábrica de los pleitos contra la banca

Tras el estupor causado por la decisión del Tribunal Supremo en lo referente a quién ha de pagar los gastos a la hora de contratar una hipoteca, con el tema de fondo del impuesto de actos jurídicos documentados, tanto las asociaciones de afectados por la hipoteca, como los innumerables despachos de abogados especializados en estas causas se preparan para el contrataque en los tribunales.

Así, sin ir más lejos la asociación Adicae defiende el derecho de los consumidores a reclamar los gastos de la hipoteca, “cuya imposición ya fue declarada nula por el Supremo en diciembre de 2015 y que ya ha originado centenares de sentencias reconociendo el derecho a recuperar todos o parte delos gastos pagados”. El razonamiento se centra en dos pilares, por un lado, en hacer hincapié en que lo que se defiende no es sino los derechos de los consumidores, por otro lado, en el planteamiento de que lo que ha hecho el Supremo es marcar doctrina, pero no significa que los jueces tengan que aplicarla sin más. Cada juez aplicará el criterio que considere más ajustado a Derecho tal y como ocurría hasta ahora, teniendo en cuenta, además, que cualquier juez tiene en su poder la potestad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de dictar su sentencia. Esta petición se puede hacer por iniciativa propia de cada juez o por petición de los abogados que representan a las partes personadas en una causa.

Así pues, se tiene un escenario en el que el Supremo ha opinado de forma distinta a la que el sentido del nuevo decreto Ley del Gobierno dicta y el que la justicia europea recomienda, por lo que se abona el camino para que estos bufetes de abogados sigan medrando a costa de una legislación confusa y seguramente sesgada a favor de las entidades bancarias.

De estas empresas especializadas en pleitear contra las cláusulas abusivas de los contratos de hipotecas, destaca especialmente una: Arriaga Asociados ha sabido ganarse un hueco en el imaginario colectivo como paladines en contra del poder omnímodo de las entidades bancarias.

Esta empresa, fundada en 2011 por los hermanos Juan José y Jesús María Ruiz de Arriaga (aunque la cara visible sea la del segundo) y la mujer de éste último, nació al abrigo del escándalo de las acciones preferentes de Bankia. Con tal alimento lograron crear la mayor fábrica de pleitos contra la banca de toda Europa occidental, hasta tal punto que tuvieron que hacer frente a denuncias y acusaciones de Bankia, que les denunció ante la CNMC de inflar las costas de las causas a las que, invariablemente, era condenada una y otra vez la entidad bancaria.

Actualmente, tiene demandas vivas por valor de 500 millones, según cálculos internos, y ha ganado, en menos de siete años, casi 56.118 sentencias recuperando para sus clientes unos 932 millones de euros; representa a más de 100.000 personas con productos financieros como preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles, cláusulas de suelo o gastos hipotecarios.

En 2017 facturó 51,54 millones, un 34% más que el ejercicio anterior. Lo que significa que podría estar entre los 10 mayores despachos de España, algunos de ellos centenarios o pertenecientes a multinacionales, por volumen de facturación. Situándose como líder por delante de Legálitas (45,5 millones de facturación en 2017), que no tiene la misma actividad, pero que también trabaja con miles de pequeños clientes.

En cuanto a beneficios, éstos se situaron en 3,95 millones después de impuestos, frente a los 16,24 millones de 2016. En Arriaga explican que esta caída del 75% se debe “a que reinvertimos los beneficios en elevar la publicidad, las oficinas y la plantilla”. De hecho, el número de empleados creció un 82% en 2017, al pasar de 336 a 612. Tiene 57 oficinas por toda España y siete de ellas en centros comerciales, una novedad que le está dando buen resultado y provoca el sobrenombre que la competencia le ha colocado: “el “burguer king” de la abogacía.

En cuanto al porcentaje de éxito, según la propia empresa, es de un 99% en los casos presentados ante los juzgados de primera instancia, y de otro tanto en apelaciones ante las audiencias provinciales.

¿Cuál es el secreto de este éxito? Pues no es otro que la aplicación del principio de la “cadena de montaje” en el mundo de los pleitos masivos. Arriaga ha inventado un sistema de producción en masa. Una división interna del trabajo en la que los empleados se especializan en las diversas partes del proceso: mientras unos atienden a los clientes, otros redactan las demandas, otros van a las vistas, otros recurren y otros van a por las costas, etc.. El buen resultado es evidente, aunque a veces la descoordinación pudo jugar malas pasadas, la suerte que esta empresa tuvo fue que, aunque pudiera exasperar a los jueces ante errores en las demandas, éstos estaban mucho más cansados e irritados contra las prácticas de las entidades bancarias.

En definitiva, la entrada en vigor del Real decreto significa buenas noticias para estas empresas, que aprovecharán cualquier resquicio legal para poder seguir teniendo motivos para pleitear contra la banca, buscando la retroactividad de la medida legislada, aunque vaya en contra de la doctrina del Supremo. Siendo ahora los tribunales de lo Civil los que acaben decidiendo sobre el camino a seguir. Teniendo en cuenta además que Europa ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre esta cuestión. Lo cual significa que la batalla judicial sigue en pie.