La improbable aprobación de los Presupuestos

De forma agónica se llegó en el pasado verano a la aprobación de los Presupuestos Generales para este año. Ya al anterior gobierno le había costado sudor y lágrimas lograr los apoyos, llegando a modificar las cuentas hasta cuatro veces y, tras el cambio de gobierno, estos apoyos se tambalearon, aunque el PSOE propuso heredar las cuentas, a pesar de no ser las suyas. El principal punto de debate que estos Presupuestos generó fue, sin duda, el incremento de las pensiones, en un 1,6% para todos los pensionistas y de hasta el 3% para las pensiones más bajas.

La polémica vino porque, con este anuncio, el Gobierno de Rajoy sacrificó su propia reforma de 2013, retrasando la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023, cuatro años después de lo previsto. Esto podría tener un coste de más de 3.300 millones y agrandaría el agujero de la Seguridad Social, cuyo déficit superó en el año 2017 los 18.000 millones. Este fue el origen de la “tasa Google”, como medida para incrementar los ingresos con los que financiar el aumento de las prestaciones.

Otra medida estrella de esos presupuestos es la subida del sueldo de los funcionarios. Tras años de sequía salarial, el sueldo de los funcionarios experimentaría una subida fija del 1,75% con carácter retroactivo desde enero de 2018. Así mismo contempla la posibilidad de negociar jornada de 35 horas semanales para algunos funcionarios y medidas para mejorar la conciliación. Además, la plantilla de trabajadores públicos se incrementará por primera vez desde que se establecieron las tasas de reposición. Las administraciones públicas que hayan cumplido con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, podrán elevar hasta el 100% la tasa de reposición y crear una bolsa adicional del 8% para reforzar plantilla.

Por otro lado, estos presupuestos contemplan una rebaja de impuestos para las rentas más bajas de 2.000 millones de euros, al quedar exentos del IRPF los ingresos anuales de menos de 14.000 euros y tener rebajas las rentas de entre 14 y 18.000 euros en una media de 300 euros.

Otras medidas son las que intentan favorecer la natalidad con 600 euros de ayuda por cada hijo que supere el mínimo establecido para las familias numerosas y un cheque guardería para familias con hijos de 0 a 3 años. O la que contempla la paulatina equiparación de los sueldos entre los Cuerpos de seguridad del estado y las policías autonómicas mejor pagadas. Todas ellas terminaron de configurar los presupuestos más expansivos de los últimos 10 años.

El peligro de estos Presupuestos deriva del cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, tanto el Banco de España como la Comisión Europea previnieron al anterior Gobierno de elevar el gasto con una deuda por encima del 98% del PIB. Lo cual significa que el Gobierno de Sánchez, heredero de las cuentas y el que, al fin y al cabo, tuvo que pelear para sacarlos adelante, se vea abocado a hacer equilibrismos entre ingresos y gastos, e incluso ejecutar ajustes que le permitan cumplir con los deberes y salir del procedimiento de déficit excesivo.

El caso es que, casi sin tregua, el Gobierno tuvo que comenzar la negociación de las nuevas cuentas para el año 2019, en una situación casi agónica, debido a su debilidad en los apoyos en el Congreso. El penúltimo capítulo tuvo lugar con la firma de un acuerdo entre PSOE y Podemos con las líneas maestras de las medidas que los nuevos Presupuestos deberán recoger.

El principal punto es, sin duda la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, con un huella en las cuentas de 340 millones de euros. Pero también se recogen otras como el aumento de los permisos de paternidad, que irán paulatinamente aumentando hasta equiparar a los padres con las madres en el 2021, con 16 semanas. Esta medida supondrá 300 millones de gasto.

En cuanto a otras partidas novedosas de gasto, se encuentran las medidas para la protección del alquiler y el acceso a la vivienda, que supone aumentar el presupuesto del ministerio de Vivienda en un 38% (hasta 630 millones en 2019), modificar la normativa del mercado de alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas y proteger a los inquilinos y permitir a los Ayuntamientos que regulen los precios del alquiler en las zonas donde se ha incrementado mucho en los últimos años.

También el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a aplicar una subida del 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas. Estas medidas supondrán más de 1.000 millones de euros en los Presupuestos, la mayor partida de gasto extra del plan.

Así como el aumento de las ayudas para los dependientes, cuyo presupuesto aumenta un 40%, hasta los 515 millones de euros, recuperándose, además, la cotización a la seguridad social por parte del Estado de los familiares que cuidan, con un coste de 315 millones.

Para financiar estas partidas se cuenta también con ingresos extras, basadas en dos grandes puntales. La primera es una nueva regulación de la fiscalidad para las grandes empresas y fortunas, aplicándose un tipo mínimo del 15% sobre la base impositiva para las multinacionales o las empresas que facturen más de 20 millones de euros. Además, se eleva el tipo mínimo del 15% al 18% para entidades financieras y petroleras. Se incrementa el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. Y se sube dos puntos el tipo del IRPF a los contribuyentes que ganen más de 130.000 euros, y cuatro puntos más para el tramo que supere los 300.000 euros, entre otras medidas.

La otra medida es la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

El caso es que, lejos de todas las posibles mejoras para la sociedad que esos avances sociales puedan propiciar, el Gobierno de Sánchez se enfrenta a dos grandes dificultades. Por un lado, la desconfianza europea respecto al cumplimiento del objetivo de déficit para la economía española; por otro, la insuficiencia del apoyo parlamentario con el que el PSOE cuenta, habida cuenta que el alto nivel de los políticos de nuestro país impide la toma de cualquier medida, no por la medida en sí, sino porque el que la presenta no es tu partido.

Es por eso que, en el colmo del despropósito, el Gobierno se plantea buscar la prórroga de los Presupuestos actuales y gobernar mediante Decreto cuando la situación lo requiera. Lo normal. ¿en qué cabeza cabe convocar elecciones en una situación en la que un Gobierno no tiene apoyos para gobernar?