A partir de este domingo España agotará su fuente de ingresos y pasará a financiar todos los gastos en los que incurren todas las administraciones públicas solo con la deuda que pide prestada, según los cálculos realizados por el Foro Regulación Inteligente e Institut Économique Molinari.
Se trata del ‘Día de la Deuda’, la jornada a partir de la cual estas organizaciones han calculado que se vacían las arcas del Estado, ya que los gastos ejecutados a partir de ese día son mayores a los ingresos recaudados por el Estado a lo largo del año.
Así, el Día de la Deuda supone también que, a partir de ese momento, las administraciones públicas tiran del dinero prestado, es decir de la deuda, para poder hacer frente a todos los gastos planificados.
Solo Polonia, Rumanía, Francia y Portugal llegan a este punto antes de que lo haga España, mientras que nueve países miembros, entre los que figuran Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia, al contar con un superávit en sus cuentas públicas que le permite disponer de ingresos para cubrir los gastos los 365 días del año, no alcanzan en ningún momento el Día de la Deuda.
De media, los países de la UE-28 alcanzan este día el 13 de diciembre, 18 jornadas más tarde que España. El principal obstáculo para el país es el “grave problema” con las cuentas de la Seguridad Social, que obtienen el mayor desajuste de la Unión Europea. De hecho, solo Hungría y Bulgaria tienen números ‘rojos’ en esta rúbrica.
El año en el que España alcanzó el Día de la Deuda con mayor precocidad fue en 2009, año en el que el país tuvo que recurrir a la deuda los últimos 150 días del año, frente al desajuste de 37 días al que tendrá que hacer frente este año.
No obstante, no todas las administraciones se comportan igual. Las comunidades autónomas, de media, solo obtienen un saldo negativo durante nueve días, mientras que los ayuntamientos logran un excedente fiscal de 38 días al registrar, en su conjunto, superávit.
De cara al año que viene, el desajuste presupuestado por el Gobierno arroja un descuadre de hasta 4.000 millones de euros. Frente a esta situación, el Foro Regulación Inteligente y el Institut
Économique Molinari sugiere “congelar el gasto público y reducir al 50% las subvenciones ofrecidas a diversos sectores de actividad”, unas medidas que permitirían pasar del déficit al superávit.
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