La muerte del Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo del Congreso de Diputados nació en 1995, con el apoyo de todos los partidos políticos con el fin de garantizar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con medidas que asegurasen la sostenibilidad financiera del sistema. Igualmente, otro de sus objetivos fue separar y clarificar las fuentes financiación para el pago de las prestaciones. Este acuerdo determinó que las pensiones contributivas se abonasen con las cotizaciones sociales aportadas por empresa y trabajador, y que las no contributivas (y también los gastos sanitarios y asistenciales) se financiasen a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En este Pacto también se llevó a cabo la creación, en el 2000, del famoso Fondo de Reserva o “hucha de las pensiones”, cuyo objetivo era acumular recursos económicos en los años con superávit en ingresos por cotizaciones para los años de “vacas flacas”. El dinero proviene de los excedentes de ingresos, del superávit de la Seguridad Social. Gracias al Fondo de Reserva, la Seguridad Social ha podido pagar las extras a los pensionistas en los últimos años, si bien a día de hoy está prácticamente agotado.

Pues bien, después de tres años de reuniones, preacuerdos y desencuentros, este Pacto, que tenía como objetivo llegar a un principio de acuerdo para renovar las recomendaciones del 2011, ha fracasado. Con el borrador acordado y a la espera de un acuerdo que se antojaba sencillo, Podemos ha roto la baraja introduciendo votos particulares a todas las medidas y levantándose de la mesa sin acuerdo (lo que no está claro es si antes, después o coordinados con el PP). Ante tal hecho los portavoces del resto de los grupos ya dan por agotadas las negociaciones y asumen que las pensiones entran de lleno en el debate electoral.

Y es que ya no queda prácticamente tiempo físico para cerrar un acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolverá las Cortes el próximo 5 de marzo, por lo que el Pacto de Toledo tendrá que volver a empezar de cero en la próxima legislatura. Es decir, si la ruptura de las negociaciones se consolida, el Pacto de Toledo tendrá que comenzar de nuevo sus trabajos desde el principio en la próxima legislatura. Esto significa que tendrán que volver a pasar por la comisión los más altos cargos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, así como de los agentes sociales (sindicatos y patronales) y expertos. Tras estas comparecencias se iniciarán las negociaciones, que podrán culminar finalmente en unas recomendaciones que se tendrán que aprobar. Justo el paso que ahora ha fracasado.

Los puntos en los que Unidos Podemos se ha mostrado más intransigente han sido el referente a la edad de jubilación, que propone que vuelva a los 65 años, y el aumento de las bases máximas de cotización y la suficiencia de las prestaciones, en definitiva, aclarar a cuánto tienen que ascender las cotizaciones para lograr unas prestaciones dignas.

La consecuencia principal a corto plazo de esta ruptura es que las pensiones entran de lleno en la campaña electoral, lo que permitirá a los políticos realizar cualquier promesa a los millones de votantes pensionistas. Este fue precisamente el motivo del nacimiento de este pacto: el poder desvincular las pensiones del debate político. Las propuestas de Podemos, sin ir más lejos, pasan por elevar la pensión mínima hasta 1080 euros mensuales lo que supondría un aumento de hasta un 70%, teniendo en cuenta los 607 euros al mes de una pensión mínima contributiva de viudedad sin cónyuge a cargo, y esto sin empezar la campaña.

Sin embargo, lo cierto es que fue el PP el primero en romper con el consenso con su reforma del 2013, en la que tiró de mayoría absoluta, dejando al Pacto malherido. De hecho, en la negociación que se acaba de romper, tiempo le faltó al PP, tras la sorpresa de Podemos, para levantarse de la mesa de negociación, que poco le apetece a Casado, darle una victoria a Sánchez con las pensiones a un paso de las elecciones.

Entre lo que se pierde tras esta ruptura de negociaciones está la derogación del polémico Índice de revalorización para la determinación de la subida de las pensiones, que pasaría de nuevo a vincularse con el IPC (a pesar de que ya Bruselas ha advertido que no lo ve claro). También se proponían medidas para conseguir la estabilidad de ingresos adecuada para garantizar un equilibrio en las cuentas.

Entre estas medidas se encontraría la revisión de la normativa del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) para limitar la figura del “falso autónomo”; pero también algo mucho más innovador, como es contemplar vías alternativas de financiación para la Seguridad Social ante la problemática del crecimiento de la productividad de la economía sin creación de empleo. Es decir, si la robotización provoca una reducción del empleo y los salarios, esto limitaría la disponibilidad de recursos para las pensiones. La solución sería una posible contribución de las empresas que utilicen robots para ayudar al sostenimiento del sistema público de pensiones.

Este concepto lleva años debatiéndose en los círculos económicos y sería la forma de generar recursos para los segmentos de la población expulsados del mercado de trabajo por culpa de la automatización.

Esta cotización de los robots es una alternativa, otra posible es incrementar el impuesto sobre sociedades, ya que la sustitución de trabajadores por robots lo que hace es aumentar los márgenes de beneficio. En cualquier caso, medidas destinadas a elevar la tributación de la tecnología que provoca la pérdida de rentas salariales.

Si complementamos esto con la propuesta del PP de fomentar la natalidad olvidándose del aborto, se entiende cómo no conseguiremos un acuerdo que garantice las pensiones. Lo que sí está claro es que una enorme cantidad de tonterías se van a escuchar con respecto a este tema, algo que, por su especial sensibilidad para muchas familias, debería prohibirse.