El jubilado de los 11.000 millones de euros

Nada puede distorsionar más un mercado que la existencia de irregularidades en su funcionamiento. Éstas no harán sino actuar a veces en contra de la lógica de la ley de oferta y la demanda ofreciendo bienes y servicios dónde o como no son necesarios saltándose los esquemas de precios, con lo que, al final obtendremos enriquecimiento injusto de algunos a costa de ineficiencias y desabastecimiento de otros.

El mercado eléctrico es el paradigma de las irregularidades, además cometidas por todos los actores participantes en el mismo. Éstas comienzan ya mismo desde su comienzo, cuando las grandes compañías pueden actuar para elevar los precios a los que los consumidores pagaremos nuestras facturas de la luz. A pesar de la vigilancia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pueda llevar a cabo.

Pero las prácticas van mucho más allá, alcanzando a todos los ámbitos y eslabones que van desde la producción de la electricidad hasta el consumo de la misma.

Por parte de los consumidores, el engaño y la estafa parten de la picaresca, no siempre mal vista ni denunciada. Los enganches piratas a la luz o la manipulación de los contadores suelen ser los dos grandes campos en los que actúan los consumidores a la hora de provocar distorsiones en el mercado.

En cuanto a los enganches piratas, solemos pensar que se suelen tratar de familias vulnerables o de ocupas, con un cable que conecta la casa, bien con la instalación general del bloque de pisos, bien directamente con el alumbrado público de la calle. Sin embargo, aunque estos casos generan muchos expedientes son, para las compañías fáciles de detectar y, gracias a la cada vez mayor, aunque aún insuficiente, colaboración entre éstas y los Servicios Sociales, también vienen siendo fáciles de reconducir. Lo que sigue creando una distorsión en el mercado pero ahora ya regulada y controlada.

El problema viene de los grandes consumidores: industrias, pequeñas y medianas empresas y negocios de hostelería, con consumos importantes y con prácticas que, según las compañías, se han profesionalizado desde el 2013. Las conexiones ilegales ya están realizadas por profesionales y no están ya a la vista, como antes, sino en las arquetas, incrustadas en la obra o en los paneles o que pueden desactivarse cuando el defraudador sospecha de una inspección. Además, se ha observado en esta práctica un gran auge en cultivos de marihuana en viviendas. Una vivienda utilizada como plantación de marihuana consume el equivalente a 20 viviendas y la concentración de estos cultivos en determinadas zonas llega a saturar la red.

Así, podemos encontrar empresarios que, conocedores de que su competencia usa estos métodos para disminuir su partida de gastos, pueden denunciarlo o pueden unirse a la causa en lo que sería una suerte de contagio.

Además, la profesionalización de estas prácticas ha llevado a la constitución de auténticas “empresas” dedicadas a realizar enganches piratas con equipos comerciales, que venden el ahorro fraudulento, y técnicos que lo ejecutan.

Otras de las prácticas habituales en el mundo del engaño y la estafa eléctrica viene a ser la manipulación de contadores, que tuvo su momento con la implantación de los contadores digitales. En la instalación de los mismos, en los que hubo que echar mano de instaladores ajenos a las compañías eléctricas, se dieron muchísimos casos de manipulación (sencilla por parte de un técnico con la herramienta adecuada) a cambio de una tarifa media de 800 euros.

En este sentido, según Endesa, la compañía eléctrica detectó casi 65.000 fraudes eléctricos en 2.018, recuperando 601 kWh defraudados. De estos fraudes 4.000 fueron denunciados por otros ciudadanos.

Según la compañía, el 48% de estos fraudes fueron debidos a enganches ilegales de usuarios sin contrato, el resto, más profesionales, fueron en su mayoría debidos a dobles acometida o manipulación de equipos de medida.

Pero las prácticas ilegales no sólo pueden venir por parte de la demanda. Las compañías, no sólo actúan en la determinación de los precios de la electricidad, se ha constatado la existencia de prácticas ilegales por parte de las compañías en la determinación del alquiler por los contadores eléctricos.

En este sentido, destaca Antonio Moreno Alfaro, ingeniero jubilado que asegura haber sido despedido de la empresa donde trabajaba porque se negó a participar en unos asuntos turbios, que denunció, perdiendo la posterior batalla legal. Sin embargo, inició su lucha a partir de ese momento (hablamos de mediados de los 90) y ha conseguido que Endesa devuelva 1,39 millones de euros a los consumidores andaluces y pague una sanción de 400.000 euros por una infracción muy grave perpetrada durante años en el precio del alquiler de los contadores telegestionados.

La irregularidad se producía porque desde 2010 la eléctrica cobró 0,33 euros mensuales de más a los usuarios andaluces, al aplicar la tarifa fijada para dichos dispositivos (de 0,81 euros al mes, más IVA) aunque estos no estuvieran efectivamente integrados en el sistema de telegestión. Estos hechos ya habían sido denunciados por FACUA en 2.014.

Sin embargo, el ingeniero ha reclamado a la Junta que anule dicha sanción, decomise a la compañía 10,8 millones de euros y la sancione con una cantidad que estaría entre 48 y 480 millones. Explica que, tras la reclamación de Facua, la Administración exigió a Endesa solo el reintegro de lo sobrefacturado durante 2014 y trató lo ocurrido no como una infracción en materia de energía, sino que aplicó la ley autonómica de protección de los consumidores. El ingeniero calcula que, sumadas todas las comunidades donde opera la eléctrica, lo sobrefacturado superaría los 26 millones y la sanción oscilaría entre 114 y 1.140 millones.

Sin embargo esta no ha sido la única batalla ni la única prueba de que las compañías hacen lo que esté en su mano para obtener beneficios por cauces cuestionables. En 2.015 denunció a Endesa por cobrar 9,8 euros más IVA de derechos de enganche a los nuevos contadores electrónicos. La Comisión Nacional de Energía le dio la razón y el Ministerio de Industria prohibió el cobro. El resultado fue un ahorro de 300 millones de euros para los usuarios.

Otra batalla ha sido la de los incrementos de potencia unilaterales por parte de la compañía, que en Andalucía afectaron a 400.000 usuarios y que concluyeron con una multa a Endesa de 1,6 millones de euros. Esta sanción fue reclamada, pero no por la compañía, sino por esta especie de “Robin Hood” por insuficiente, ya que considera que la sanción debería haber sido al menos de 140 millones. El asunto está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El caso es que este jubilado, desde 1994 ha detectado, documentado y litigado por catorce irregularidades en la factura de la luz. Las ha ido colgando en una página, EstafaLuz, que su hijo le montó y que Endesa quiso cerrarle por intromisión en su honor. Finalmente el la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón e impuso las costas del proceso a la eléctrica al anteponer el derecho a la información veraz antes que el del honor.

En la actualidad el ingeniero sigue luchando contra las eléctricas, a las que acusa de haberse embolsado 11.200 millones de euros en las últimas dos décadas a costa del consumidor, y advierte que aún le quedan “dos o tres bombas atómicas” que guarda para cuando se presente la ocasión y cuando pueda, económicamente, presentar la denuncia.