El fracaso en la regulación de los mercados de carbono

La cumbre de Chile, que se celebró en Madrid para un acuerdo mundial para combatir el cambio climático y sus efectos, terminó y como casi todas las que exigen un consenso lo más global posible e inversiones económicas a todos los implicados, se cerró con un “acuerdo de intenciones ambiciosas”. Y poco más.

Todo ello a pesar de las advertencias de la ONU, que dice que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2 grados (la otra meta que se establece en el Acuerdo de París). Lo que también ha advertido es que, si no se hace nada, si siguen las emisiones como hasta ahora, la temperatura media del planeta se incrementará en 3,2 grados, lo que tendrá consecuencias desastrosas en buena parte del planeta.

Brasil fue el principal opositor a un acuerdo por no querer aceptar dos párrafos sobre océanos y uso de tierras, tratando de limitar el mismo al ámbito atmosférico. Al final cedió en ello, por lo que se ha acordado que se iniciará una nueva labor en el marco de la ONU sobre el océano y el cambio climático para estudiar cómo fortalecer las medidas de mitigación y adaptación en este contexto.

Lo que no se ha conseguido es una regulación en los mercados de carbono, algo que ya se atascó el año pasado en la cumbre de Katowice (Polonia) y que se esperaba resolver ahora. Sin embargo, este es el tema más complicado, porque es en el que se toca el tema del dinero de lleno.

Fue en el Protocolo de Kioto de 1.997 en el que se habló en serio de este tema. Se reconoció que los países industrializados eran los culpables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos 150 años y, por tanto, se estableció que serían los que más debían comprometerse a reducir las mismas. En cuanto a los países en vías de desarrollo, se les invitaba a que hiciesen lo que pudieran dentro de las limitaciones de su economía.

Así fue como nació el comercio de los derechos de emisión. Un gobierno establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos en un territorio. Las empresas son obligadas a gestionar un número de bonos (un bono es el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono). Aquellas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras compañías que contaminen por debajo. La transferencia de créditos es entendida como una compra en la que el comprador está pagando una cantidad de dinero por contaminar, mientras que el vendedor se ve recompensado por haber logrado reducir sus emisiones. De esta forma se consigue, en teoría, que las compañías que hagan efectiva la reducción de emisiones sean las que lo hagan de forma más eficiente (a menor coste), minimizando la factura agregada que la industria paga por conseguir la reducción.

Hablando en término agregados, a nivel de países, un país que tenga una cuota asignada de emisiones y logre reducirla, puede vender sus excedentes de derechos de emisión a países que sobrepasen su cuota.

Los críticos de este sistema aducen directamente que no sirve para nada, ya que el balance final de reducción de emisiones es cero, ya que lo que unos dejan de contaminar es compensado por los que contaminan de más.

Así, las diferencias entre Brasil (con Estados Unidos, China y Australia en la sombra), interesado en poder utilizar el mayor número de créditos de emisiones que ha generado desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y la Unión Europea, preocupada porque su mercado de derechos de emisiones se pueda ver inundado de ese tipo de créditos si no se fijan controles estrictos, han impedido la concreción de un acuerdo en lo que se llama el mercado de “compraventa de la contaminación”.

Brasil en concreto, defiende el comercio de emisiones sin salvaguarda para, según sus detractores obtener un beneficio extra con los mercados de carbono. Gracias a la selva amazónica el país tiene la posibilidad de neutralizar una gran parte del dióxido de carbono que emite, lo que le da la opción de emitir más CO2. De esta forma vende su cuota de contaminación a empresas o países que sobrepasan su límite.

El caso es que desde Greenpeace aseguran que la regulación de los mercados está alejando a los países del auténtico objetivo que consiste en reducir las emisiones tan rápido como se pueda.

Así, de lo poco que la cumbre puede enorgullecerse de un moderado éxito es del establecimiento de la Red de Santiago, que desarrollará su trabajo ayudando a los países vulnerables a minimizar, evitar y recuperarse de las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Aun así, el texto final es menos firme de lo que se pretendía. Ya que el texto insta a los países desarrollados a financiar esas pérdidas, pero sólo invita a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima a seguir proporcionando recursos para pérdidas y daños.

Con esto y un pataleo de Greta Thunberg, nos veremos el año que viene en la COP26, organizada al alimón entre Reino Unido e Italia.