La nueva legislatura y los problemas a los que se enfrentará

Pocas legislaturas en la historia de la democracia en España han empezado con tantos interrogantes como la que se acaba de inaugurar. El 2.020 arranca con unas perspectivas que no dejan de ser poco halagüeñas y que se podrían resumir, sin tener en cuenta la situación internacional, en cuatro puntos principales.

La gran fragmentación del arco parlamentario obligará, al fin a que nuestros políticos tengan que hablar y negociar, si quieren llegar a algún acuerdo. El Gobierno de Sánchez llevaba en funciones casi un año, lo cual ha impedido regularizar las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas o la actualización de salarios de los funcionarios. Pero también ha bloqueado la subida del salario mínimo interprofesional y ha dejado la prometida subida de las pensiones en suspenso.

Según el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la revalorización de las pensiones sería del 0,9% para este año, en relación con la inflación prevista, y tendría un coste de 3.264 millones de euros.

Según declaraciones de la ministra Magdalena Valerio, esta subida tendrá lugar una vez conformado el Gobierno con plenitud de funciones, con carácter retroactivo desde el principio de año.

Por otro lado, el enquistado problema catalán debería por fin encarar la búsqueda de una solución. Algo a lo que no ayudará la inhabilitación de Quim Torra que podría provocar una crisis de Gobierno dentro de la Generalitat, un terremoto en sus instituciones (y en las calles, no hay que olvidarlo) y hasta la llegada al gobierno de alguien afín a Puigdemont. En definitiva, una casi seguro que pronta convocatoria de elecciones catalanas en las que nadie tiene muy claro su futuro.

Además,  la presión de Europa, agudizada por unos Presupuestos que amenazan con ser los más longevos de la historia, va a tener un gran protagonismo por el incumplimiento de varios compromisos clave. Por eso, el gran caballo de batalla va a ser la consecución de la aprobación de unos Presupuestos acordes con las medidas económicas que se pretender adoptar.

También hay que tener en cuenta que, desde enero, entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, algo que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2.020 o incluso a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente imposible. Sin duda aspectos que, en la situación actual, podrían ocasionar que cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.

De esta forma, lo que hasta ahora era un mandato de Bruselas, ya algo serio en sí mismo, pasaría a ser un dictado constitucional que reza literalmente que “el Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE para sus Estados miembros”.

Por último, una desaceleración económica cada vez más evidente. De hecho, las previsiones del Banco de España recogen un crecimiento económico del 2% para 2.019 y una cifra tres décimas inferior en 2.020. El enfriamiento continuará en años sucesivos, con pronósticos de incrementos del 1,6% y del 1,5% para 2.021 y 2.022, respectivamente

Todo indica que, si el nuevo Gobierno logra sacar adelante sus Presupuestos Generales (previsiblemente parecidos a los rechazados anteriormente), 2.020 será el año en que las tasas Tobin (la que grava las transacciones financieras) y Google (que hace lo propio sobre determinados servicios digitales) verán la luz, a pesar de que se esté negociando en este sentido en el seno de la OCDE. Según parece, la intención es sacar adelante estos tributos y adaptarse a lo acordado cuando proceda.

El problema podrían ser las consecuencias que podrían llegar. Francia ya aprobó su propia tasa Google y la reacción de Estados Unidos fue la imposición de aranceles por valor de 2.400 millones de dólares sobre productos galos. Por tanto, aunque se espera que se mantenga el superávit exterior gracias a la buena salud de las exportaciones, situar el ojo de Washington sobre nuestros productos, que ya han recibido un golpe en el caso de determinados productos agrícolas, como el vino y el aceite, con aranceles por valor de casi 1.000 millones de euros, podría no ser la mejor de las ideas.

Por otro lado, siguiendo con el tema de los Presupuestos, la idea de mantener su apuesta por la reforma fiscal, destinada a gravar, particularmente, a las grandes empresas y a las rentas altas, puede tener efectos rebote impredecibles. Dentro de esta estrategia se ubica la creación de un tipo mínimo para el impuesto de Sociedades del 15%, que subiría al 18% en el caso de las corporaciones pertenecientes al sector financiero y al de los hidrocarburos, así como un alza del IRPF de dos puntos porcentuales para las rentas superiores a los 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Todo esto por no hablar de la derogación de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. De hecho, es uno de los puntos destacables del acuerdo entre PSOE y Podemos para asegurar el apoyo en el Gobierno. Así se anuncia la elaboración del largamente anticipado nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, cuyas principales medidas será la recuperación de “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.