La debacle de los precios agrarios

Revuelta anda la situación el campo español ante el plante de grupos de agricultores exigiendo unos precios justos para sus productos. Sin ir más lejos en Don Benito (Badajoz) las concentraciones han adquirido el tinte de batallas campales cuando grupos de manifestantes, de los 7.000 que se concentraron, intentaron sobrepasar el cordón policial que los agentes antidisturbios habían dispuestos a las puertas de FEVAL, el recinto ferial donde se inauguraba la feria Agroexpo. Esto provocó que dichos agentes realizasen disparos al aire con pelotas de goma para disuadirlos primero, y cargasen contra los manifestantes después. El resultado fue de 16 heridos (como casi siempre, la mayoría policías) y 8 detenidos.

Dentro del recinto se encontraba el ministro de Agricultura, Luis Planas, acompañado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que tenía previsto reunirse con los dirigentes agrarios, algo que no se hizo a causa de los incidentes.

La exigencia de los agricultores se puede resumir en una: una intervención más directa del Gobierno a la hora de fijar los precios de sus producciones, sobre todo con el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un sector fuertemente castigado por el desempleo y por unos márgenes de rentabilidad mínimos.

A estas protestas se unen las que se llevan a cabo en Jaen, en las que las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG, Infaoliva y Cooperativas Agro-alimentarias han reivindicado que la crisis del precio del aceite de oliva “es un asunto de Estado”. Según estas organizaciones el sector vive “una situación de crisis estructural, que necesita que el Gobierno ponga orden” y acabe con “la mafia italiana que tenemos en Andalucía”.

De hecho, con este tema, el delito es flagrante: importadores italianos compran aceite en España Grecia y Túnez, principalmente a un precio que oscila entre 30 y 50 céntimos el kilo, lo mezclan con producción de su país, lo embotellan y etiquetan como italiano cien por cien y lo venden a precios rebajados, entre 2 y 4 euros. Así, el fraude es colosal, aunque hasta ahora pocos embrollos hayan salido a la luz. El más llamativo de los últimos años se conoció en el 2008: Veinte empresas de toda Italia estaban implicadas y se secuestraron 2.300 toneladas de aceite, procedentes de España, Grecia y Túnez. Se mezclaba con aceite local y se revendía como “producto italiano cien por cien” no solo en Italia, sino también en el extranjero, incluso en parte se despachaba como “biológico”.

El caso es que, sea por el motivo que sea, la realidad de la agricultura del siglo XXI es que año a año los productores agrícolas y ganaderos siguen viendo, a pesar de sus protestas, cómo el precio en origen de sus productos disminuye, lo que complica la viabilidad de sus explotaciones, mientras los precios en destino, nuestra cesta de la compra, aumentan.

La gran distribución marca los precios a los que se compran los productos agrarios, lo que significa una fuerte tensión a la baja de los mismos. La forma de mantener la viabilidad de las explotaciones, por parte de los productores es la protesta permanente ante el gobierno de turno (con mayor o menor vehemencia), orientar el negocio hacia un mayor volumen, aunque esto derive en una menor calidad, y la obtención de ayudas y subvenciones, sin las cuales no existiría ya un sector primario en buena parte de Europa.

Las consecuencias de esto para el consumidor están relacionadas con la calidad. Los productos son cada vez más homogéneos, presentan menos sabor y, a veces, menos cualidades nutricionales debido a una recolección temprana (con el consiguiente uso de sistemas de conservación y maduración en cámaras). Todo ello forzado para el productor si quiere llegar a un mínimo de ingresos.

Para ilustrar las diferencias entre precio en origen de los productos agrarios (lo que el productor cobra) y el precio en destino de los mismos (lo que el consumidor paga) la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) elabora mensualmente el informe de precios en origen y destino (IPOD) con algunos alimentos para que podamos conocer la diferencia de precio de los mismos desde que se producen en el campo hasta que llegan a la mesa del consumidor.

En este informe, y tomo como referencia el de diciembre de 2.019, se observa como un alimento tan básico como las patatas, se pagaron en origen a 0,15 €/Kg de media, mientras que nosotros las compramos en los comercios a 1,20 €/Kg, lo que supone un incremento de precio del 700% en el trayecto que va desde la huerta a la mesa. Algo similar se observa con naranjas, cebollas o ajos. Este índice, a pesar de no ser un indicativo oficial, ya que no está elaborado por un organismo público, podría ser una medida bastante real de los incrementos de precios, a veces abusivos, a los que nos vemos sometidos tanto productores, como consumidores finales.

Como indicador oficial, con la misma tendencia que el IPOD, pero con menores diferencias, existe el elaborado por el Observatorio de la Cadena Alimenticia, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que mide los incrementos de precio desde el origen hasta lo pagado en lonja.

¿Cuál es la razón de estos aumentos desproporcionados de precio? Simplemente las leyes de mercado. La distribución se halla en manos de unos pocos agentes con un poder desproporcionado frente a los productores.

El intento de legislar esta distorsión del mercado, mediante la denominada Ley de la Cadena Alimentaria, ha servido de muy poco. El desequilibrio de fuerzas sigue presente debido a la diferencias de fuerzas de los agentes y agudizado por la entrada en el mercado de nuevos competidores.

Aun así, sí que hay que reconocer avances gracias a esta legislación, como el haber obligado en las últimas campañas a firmar contratos entre productores y empresas o cooperativas a las que venden el producto, así como la vigilancia (con sanciones incluidas) a operadores por prácticas abusivas.

Igualmente, a nivel del Parlamento Europeo, se está estudiando una normativa aún más restrictiva para que no se puedan vender los productos de primera necesidad por debajo de su coste, siempre con el fin de que la poderosa industria de distribución de alimentos no abuse de los pequeños agricultores.