La lenta agonía de la Seguridad Social

Ya no es cuestión de este Gobierno, ya que fuese el que fuese la configuración política del mismo se encontraría con el mismo problema, pero lo cierto es que el sostenimiento de la Seguridad Social será uno de los principales lastres para la economía española durante los próximos años.

Es un hecho demostrado que la solución para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones parece lejos de encontrar arreglo si se atiende a que se enfrenta a un desfase entre ingresos y gastos que alcanza cada año los 18.000 millones de euros, es decir, el 1,5% del PIB de media.

Lo que sí parece cosa de la política de este Gobierno es la forma de encarar el problema. Por ahora, lejos de aportar medidas para atajar la sangría, según la proyección de déficit público para los próximos años aprobada en Consejo de Ministros, el déficit generado por la Seguridad Social con respecto a las pensiones supondrá para 2.023 el 90% del déficit de todas las administraciones públicas. Esto es debido a que la ruta de gasto asumida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vinculando la revalorización de las pagas conforme al IPC no frenará la brecha que el Sistema tiene entre ingresos y gastos. Lejos de ello, cálculos del Instituto de Actuarios apuntan que, de mantenerse esta tendencia, en el año 2.050 el déficit del sistema escalaría hasta el 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros.

Además, mientras que la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales se ha estancado desde el año 1.999 en el entorno del 10% del PIB, los gastos en pensiones de la Seguridad Social registran un incremento progresivo desde el 8,14% del PIB en 2.008 hasta el 11,55% del pasado ejercicio.

La principal medida por la que el ejecutivo está dispuesto a apostar firmemente es la encomiable de creación de empleo, siendo este uno de los propósitos fijados por el nuevo Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Con ello se lograría la cuadratura del círculo, ya que, según cálculos del profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, para lograr equilibrar el gasto en pensiones con los ingresos por cotizaciones, haría falta crear en torno a los 3,5 millones de empleos. Así, con una jugada magistral el ejecutivo de coalición habría logrado el pleno empleo en nuestro país al tiempo que garantizaría el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para conseguir esa creación de empleo España necesitaría crece durante los próximos diez años a un ritmo del 5,51%, es decir, a un nivel similar al crecimiento económico anual de China durante los últimos 10 años.

El problema viene de que quizás esta posibilidad no sea tan viable viendo el comportamiento del mercado laboral en los últimos tiempos cuando en el primer mes de 2.020, en el que el número de parados registrados subió en 90.248 personas en relación con el mes anterior conformó el peor dato de paro en este mes desde 2.014 (cuando aumentó en algo más de 113.000 personas).

Por otro lado, si hacemos caso a lo declarado por la Ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023. Esto se traduce en una media de 240.000 nuevos puestos de trabajo, la mitad de los que se generaban durante la última legislatura de Mariano Rajoy. Dato que es bueno, pero insuficiente.

Es por eso que el debate de la financiación de las pensiones sea algo ya endémico: todos los gobiernos, todas las formaciones políticas intentan, desde hace años, aportar sus soluciones, a veces, sin escuchar a los demás. Así, por poner un ejemplo, el Índice de Revalorización de las pensiones (IRP), introducido por el PP en 2.013 para limitar el gasto en prestaciones mientras el sistema esté en déficit, no tiene suficiente consenso ni político ni social. Por lo que está condenado, pero sin más alternativas que su derogación.

Lo único en lo que parece que se podría llegar a un acuerdo es en dos puntos:

Por un lado, hay acuerdo en que se deben reordenar las facturas que paga la Seguridad Social. Tanto es así que se podría decir que su déficit se debe en buena medida a gastos ajenos. Entre estos gastos figurarían las prestaciones no contributivas, como son las de maternidad o paternidad (2.500 millones entre enero y noviembre de 2019), ayudas por hijo a cargo o incluso los gastos de personal del Ministerio (otros 2.500 millones de euros). De este modo se reduciría la deuda de la Seguridad Social, que se vería trasvasada directamente a las arcas del Estado. En definitiva, se cambia de sitio el déficit, pero sin reducción del mismo.

Por otro lado, la otra medida en la que parece haber consenso es la de seguir retrasando la edad de jubilación. Es decir, se habla de profundizar en la reforma de 2.011 para llevar la edad real de jubilación desde los 62 años actuales a los 67. También se plantea la necesidad de ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 25 años.

Esta medida, al margen de que efectivamente disminuiría la cantidad de jubilados que cada año pasan a engrosar las filas de los pensionistas, es un paso atrás en la lucha contra el desempleo, ya que estos puestos de trabajo se retrasan en su salida al mercado laboral, por lo que lo que se ahorra en cotizaciones, se marcha en ayudas y prestaciones a desempleados.