Más de siete de cada diez empresarios en España considera que la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia del alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) decretado el año pasado tuvo un impacto negativo en su empresa.
Así se desprende de un informe realizado por KPMG, en colaboración con la CEOE, entre los pasados meses de noviembre y enero, cuando más de la mitad de los empresarios calificaban de “regular” la situación de la economía española.
Sobre el alza del 22,3% del SMI aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez hace un año, que pasaba de los 736 euros en 14 pagas a los 900 euros, y al que se suma la subida del 5,5%, hasta los 950 euros, de este año, los empresarios creen que tuvo un impacto negativo, al subir también de forma paralela las cotizaciones sociales.
Además, un 72% afirma que la situación política vivida el año pasado también impactó de forma negativa en el devenir de su negocio, ya que lastró sus decisiones de inversión para el 44% de ellos, que retrasó normativas que afectan a la compañía para el 37% o que paralizó decisiones de contratación de personal para el 33%.
Asimismo, a falta de conocer el impacto que tendrá finalmente la crisis del coronavirus, un 58% de los directivos y empresarios espera un crecimiento de las ventas en 2020, una cifra ligeramente inferior al 69% registrado en la pasada edición.
No obstante, en general los empresarios y directivos califican como “neutras” la mayoría de las medidas adoptadas por el Gobierno, como el impulso de la diversidad, los nuevos requisitos de información no financiera, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o registro del horario laboral.
PERSPECTIVAS
Respecto a las perspectivas para este año, un 59% cree que la economía empeorará a lo largo del año, frente al 48% que así lo pensaba hace un año. Para el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín, la visión de los empresarios españoles sobre la economía para 2020 es “cauta”, en un contexto en el que las herramientas tecnológicas, la contratación y la formación de los trabajadores aparecen entre las prioridades de inversión de los directivos para los próximos meses.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirma que el informe “deja claro que el parón político vivido en 2019 ha pasado factura a las decisiones de inversión de muchas empresas por lo que, ahora que tenemos un Gobierno formado, es el momento de ponerse en marcha y tratar de llevar a cabo las reformas que realmente necesita España”.
En este sentido, preguntados por las prioridades que debería tener el Gobierno este año en materia económica, los encuestados señalan, por este orden, la eficiencia del gasto público, las reformas estructurales y la reforma del sistema educativo. Para las administraciones autonómicas, las prioridades deberían ser la eficiencia del gasto público, la disminución de la presión fiscal y la simplificación administrativa.
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Claro un impacto negativo para sus bolsillos llenos.