La desigualdad en los tiempos del virus

Con el virus campando por nuestra geografía como si no hubiera un mañana, pero con la esperanza de tenerlo controlado en algún momento del futuro próximo, nuestro país se enfrenta a un reto que va más allá del meramente sanitario. Y es que el contagio no se está limitando a las personas, todos los sectores, todas las empresas, van a sentir los efectos económicos de lo que significa ralentizar la vida de un país y, además, hacer frente a una serie de gastos extras que obligarán a disparar el gasto y a seguir engordando una deuda pública que tampoco había encontrado freno en el último lustro de recuperación económica.

El caso es que nuestro país afronta la situación de emergencia desde un punto de partida que no se puede calificar de envidiable: el volumen de la deuda pública escaló en enero hasta 1.195.942 millones de euros. Un lastre de casi 1,2 billones que representa el 95,8% del PIB, según los datos del Banco de España.

Y es que no se puede decir que nos pillase esta situación totalmente desprevenidos. Si bien es cierto que la llegada del virus ha sido inesperada, tanto por su virulencia, como por sus consecuencias, “sí se sabía que nos encontrábamos en una fase madura del ciclo económico y que, por tanto, la fase contractiva o recesiva, por un motivo o por otro, no tardaría mucho en llegar”, explica Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de Comillas Icade.

Por suerte, la actitud del BCE ha sido, tras un comienzo titubeante, bastante rápida y contundente: con una histórica inyección de 750.000 millones de euros para la compra de deuda, los mercados parecen calmarse, rebajando la presión sobre la deuda de los países periféricos.

Este cambio de actitud del BCE, curiosamente puede representar una oportunidad para nuestro país, dada nuestra coyuntura. Si no fuese por esta crisis, las Autoridades Económicas Europeas hubieran sido mucho menos benevolentes con nuestra evolución del déficit o con la deuda pública de nuestro país. Tanto es así, que la Comisión Europea parece dispuesta a suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dando vía libre para que los estados olviden las metas de ajuste del déficit, lo que sería, dentro de la debacle, un pequeño respiro.

Sin embargo, lo peor de la crisis está claro quién se lo va a llevar. Para empezar, ¿cuántas personas pueden trabajar desde casa?, ¿quiénes pueden evitar el transporte público para ir a trabajar?, ¿quién tiene varios ordenadores y conexión a internet para que los niños estudien de forma remota?

La respuesta a estas cuestiones sólo nos lleva a una terrible conclusión. La enfermedad, las medidas de aislamiento y las consecuencias de las mismas se dejarán sentir mucho más en los estratos más vulnerables de la sociedad. Es decir, la epidemia está profundizando las diferencias sociales y algunos investigadores ya advierten que el golpe más fuerte recaerá sobre los más vulnerables, no solo por los efectos económicos, sino también porque están más expuestos a contagiarse.

Las personas con ingresos bajos son también las que menos pueden optar al teletrabajo y las que deben desplazarse en transporte público o estar en contacto con otras personas, lo que facilita el contagio. Y la alternativa no es mucho mejor, ya que supone quedarse sin ingresos. Sin contar con un acceso a una mejor sanidad o a unas mejores condiciones de vida.

Igualmente, si de niños hablamos, en España, donde todos los colegios y centros de enseñanza permanecen cerrados, las familias con bajos ingresos tienen dificultades para el acceso a internet o para tener un ordenador en casa con el que los pequeños puedan continuar con las clases suspendidas presencialmente. Esto es así en uno de cada cinco hogares, que no cuentan con acceso a un ordenador internet y el uno de cada diez, en los que no se cuenta con acceso a internet. Y así, algo que ya se venía comprobando tiempo atrás, que es que la desigualdad económica conlleva menor acceso a la cada vez más omnipresente tecnología, es un mecanismo que genera desigualdad en el aprendizaje y una falta de oportunidades de futuro.

Y esto por no hablar de los innumerables expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que van a provocar miles de personas afectadas por despidos. Y aunque las medidas auspiciadas por el Gobierno intentarán paliar en algo la sangría económica de estas familias, lo cierto es que el varapalo está servido.

La recuperación del empleo en su debido momento dependerá de la duración de esta situación de confinamiento, la cual depende de nuestra capacidad de atajar la expansión de la enfermedad. Es de desear que, si la situación no se alarga demasiado, los mecanismos de ajuste adoptados, que protegerán durante un tiempo a trabajadores y empresas, permitan retomar el pulso económico en un periodo razonable. El problema vendrá si la situación se alarga en el tiempo.

Lo cierto es que seguimos ciegos ante la realidad extremadamente desigual de nuestras sociedades. Hoy en día la desigualdad social se traduce en 15 o 7 años de diferencia de esperanza de vida si se pertenece a una clase social u otra. La experiencia de la crisis anterior ya nos llevó a un aumento de las desigualdades, que no se han corregido en estos años de bonanza. Aunque este virus esté siendo bastante democrático en lo que a personas afectadas se refiere, las consecuencias económicas que se tendrán que afrontar serán de todo menos igualitarias.