La tragedia de la falta de plazas en las residencias de ancianos

En nuestro país existen casi 9 millones de personas con más de 65 años, cifra que va aumentando en un país que envejece por momentos como el nuestro. Cuando ya la edad o una dependencia hace que estas personas acaben necesitando una plaza en una residencia de ancianos, nos encontramos con un auténtico drama. Y es que sólo un 4,3% de los mayores de 65 podrían optar a una de las 208.000 plazas en residencia pública o concertada existentes en nuestro país.

Hay que hacer notar que este 4,3% de cobertura pública supone una ratio por debajo de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se sitúa en un 5%. Esto significa que España presenta un déficit de 60.000 plazas geriátricas de carácter público o concertado.

Sin embargo, se supone que el resto de oferta de plazas, las de carácter privado, deberían ser el complemento perfecto a esta falta. La verdad dice precisamente que no. Los altos precios de estas plazas residenciales excluyen a buena parte de la demanda.

Y es que la oferta en centros privados y sin financiación pública (el 44% del total de plazas ofertadas) se hace a precio de mercado. El cual se sitúa a una media de 1.500 euros mensuales, lo que significa que aproximadamente sólo el 15% de los pensionistas puede acceder a dichas plazas con su pensión. Lo que está ocurriendo es que muchas familias se están endeudando para que sus mayores estén atendidos o que estas personas tengan que vender sus casas para poder pagar la residencia. En este caso estos mayores han de procurar vivir menos de lo que dure su dinero o se verán sin casa y en la calle.

Según el informe (PDF) elaborado por el IMSERSO cada dos años, las plazas en centros privados tienen a día de hoy un coste medio de mercado para el usuario por encima de los 1.400 euros. Una cifra que supone el 70% de la pensión máxima actual en España y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población potencialmente demandante de este servicio. Y es que hay que tener en cuenta que los usuarios de una plaza residencial son mayoritariamente personas mayores de 80 años y sobre todo mujeres (70%). Conviene tener muy presente que la pensión media percibida por las mujeres en España se sitúa en torno a los 700 euros mensuales.

Hay que tener en cuenta que, ante la falta de inversión pública, o hasta simplemente interés por la situación, se lleva produciendo un desembarco masivo de capital privado en los últimos años. Fondos de inversión internacionales -en especial franceses- han irrumpido en un sector en el que por cada plaza pública hay tres privadas. Primero fue la adquisición de empresas con centros en activo, pero la demanda y los precios se han disparado hasta un nivel en el que se están construyendo nuevos centros, ya que en 10-12 años los tienen amortizados.

Mientras tanto, los colectivos de afectados muestran su preocupación señalando la búsqueda de la máxima rentabilidad del capital riesgo y lamentan la falta de interés de la Administración pública.

En un país con la tasa de esperanza de vida más alta del mundo, se calcula, según el INE, que una de cada cuatro personas (25,2%) tendrá más de 65 años en 2033, un 33,1% más que en la actualidad (19,2%). Sin embargo, la inversión pública en residencias de mayores está estancada desde hace años, pese a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia, y las listas de espera se eternizan.

Este panorama ha transformado este servicio en una inversión asegurada. En 2018, el nicho de las residencias ya movía unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el ejercicio anterior, según los datos de la consultora DBK Informa. En ese mismo periodo las residencias privadas aumentaron en un 1,5%, lo que significa que la facturación aumenta a mayor velocidad que la oferta. Algo indicativo de la rentabilidad del negocio.

La inversión privada está llegando, mayoritariamente, vía fondos de inversión internacionales. Incluso se han creado socimis (figura jurídica que goza de importantes beneficios fiscales, como la exención de impuesto de sociedades) expresamente para ello. Algún ejemplo sería la creación de Healthcare Activos Yield, fruto de la unión del fondo español Altamar con Healthcare Activos, o bien Adriano Care, la socimi especializada del grupo Azora, Banca March e Indosuez.

En cuanto a los grupos líderes que están copando el mercado, encontramos a DomusVi, el primero de la lista en España -donde llegó en 2015- y tercero en Europa. La empresa controla 140 residencias (unas 20.000 camas) gracias a, entre otras operaciones, la compra y fusión de dos importantes grupos españoles (Geriatros en 2015 y, dos años después, SARquavitae).

Orpea -filial del grupo francés del mismo nombre- es el segundo gran operador en España y el primero en Madrid. Cuenta con medio centenar de residencias, unas 8000 camas.

La tercera operadora, Amavir (43 residencias, 8.000 plazas), forma parte del grupo francés Maisons de Famille, controlado a su vez por el fondo de inversión Creadev. Su propietario es la llamada Asociación Familiar Mulliez, que tiene en su cartera multinacionales como Decathlon, Leroy Merlin o Alcampo.

Estos grupos, además de construir nuevos centros tras la obtención de la debida concesión administrativa, están adquiriendo residencias públicas existentes, con lo que asumen los contratos de gestión pública. La voracidad de estos grupos empresariales lleva en muchos casos a que empeoren las condiciones de los residentes, ya que las ratios de personal son tan bajas que hacen que sea el paraíso para estos fondos de inversión.

Por poner un ejemplo, hay una ratio establecida de 0,47 trabajadores por cada residente. El residente está 24 horas, pero los trabajadores están ocho, así que en realidad hay 0,15 trabajadores por residente, y entre ellos entran jardineros, administradores, directores… No solo el personal de atención directa. Esto sólo significa que la atención disminuye a marchas forzadas ante la rapacidad de unos y la indiferencia de quien tiene que controlarlos.

Lo que está claro es que, ante la inactividad de la Administración, la llegada de estas empresas provoca que nuestros ancianos (y nosotros mismos en un futuro) tienen que hacer uso de sus instalaciones a precios inasequibles, gestionadas por un fondo de inversión que lo mismo engloba a la misma empresa con la que pelearon durante su vida laboral.