El fin de la paz social y el deterioro de la Seguridad Social

El origen de la seguridad social de la que se han nutrido todos los sistemas actuales pertenece al siglo XIX. Fue en la Alemania del último cuarto de siglo, en 1881, para ser más exacto, bajo el Reinado de Guillermo II y el gobierno del canciller Bismark, cuando vio la luz un sistema de reparto con pensiones contributivas, es decir, un sistema en el que existía una relación directa entre las contribuciones de los trabajadores y sus pensiones.

Este sistema, nacido bajo la presión y el amparo de la clase media alemana, representó una forma de combatir la disidencia y de cimentar la alianza de estos grupos sociales con el Reich, en contraposición con los movimientos socialistas. Con la aplicación de este sistema se trataba de satisfacer a la clase media ya que buscaba proporcionarle unos ahorros suficientes para su vejez.

Lo que no se suele contar es que Bismarck fijó la edad de jubilación en 70 años (no en 65 como cuenta el mito, al ser la edad de Bismarck) cuando la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y 38 para las mujeres. Este contraste entre edad de jubilación y esperanza de vida hizo financiable unas pensiones públicas, y fue del agrado de las clases medias y altas de la sociedad alemana, ya que las posibilidades de poder disfrutar estas pensiones jugaban a favor de ellos, más que a favor de la clase trabajadora.

Es nuestro país, el punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo.

En 1963, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, se buscará la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Estos principios se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967.

En la década de los ochenta se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al sistema de la Seguridad Social.

Ya en estos años se empezaba a atisbar el problema de financiación que iba a tener el sistema y empezaron a establecerse una serie de reformas para evitar su colapso. Así, se buscó la equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, lo que lleva a su contraprestación lógica: la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo. Si recaudas teniendo en cuenta la inflación, la prestación también tendrá que recogerla.

También se buscó la simplificación de la estructura de la Seguridad Social, con la racionalización de su legislación (llevado a cabo a través del nuevo Texto Refundido de 1994), la implantación de las prestaciones no contributivas, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral.

Pero fue el Pacto de Toledo, en 1995, el que estableció una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.

Lo que está claro es que las pensiones públicas tienen tres factores fundamentales: el número de trabajadores, el número de pensionistas y la esperanza de vida.

Para que el sistema público de pensiones sea sostenible debe haber más trabajadores activos que número de pensionistas, lo que significa que la continuidad del sistema tiene una fuerte dependencia de la pirámide poblacional. Sin embargo, en los últimos años el número de trabajadores ha descendido como consecuencia de la elevada tasa de paro, mientras que el número de pensionistas se ha visto incrementado; esto, unido a una evolución de la población en la que la tendencia indica que habrá cada vez más personas mayores y que estas vivirán más años, ha puesto en duda la sostenibilidad del sistema.

Paralelamente, los nuevos jubilados acceden a una pensión media más elevada, dado que han cotizado por bases mayores, mientras que los nuevos cotizantes se incorporan con salarios y por tanto con bases de cotización menores.

Para atajar la sangría económica de este sistema, las medidas adoptadas han sido ir aumentando paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años, aumentar el periodo de tiempo cotizado para acceder a una pensión de jubilación y desvincular el crecimiento de las prestaciones al índice de precios al consumo, para, de una forma paulatina, disminuir el importe de las mismas.

De esta forma nos encontramos que buena parte de los trabajadores de hoy en día, cotizarán más que nadie hasta la fecha, durante más tiempo y, si al final el sistema no colapsa y alcanzan una pensión a la edad que les corresponda, ésta será, comparativamente más baja que la que tuvieron sus padres.

Por tanto, si el sistema de pensiones nació como un mecanismo de contentar a las clases medias y bajas para conseguir la estabilidad social, su progresivo deterioro y su insostenibilidad pueden propiciar el efecto contrario, sobre todo en una sociedad en la que el trabajo, ni es accesible, ni está bien remunerado.