La pandemia de la política en España

Si nos remontáramos al comienzo de 2020, el mundo en el que vivimos hoy sería irreconocible. Para proteger la salud pública, la economía mundial entró en situación de estancamiento. Las tiendas cerraron, las fábricas suspendieron su actividad y la libertad de la gente se vio severamente restringida. Ningún país ha podido esquivar las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. Trágicamente, cientos de miles de personas han muerto y millones han sido infectadas. El FMI proyecta que la actividad económica mundial disminuirá en una escala no registrada desde la Gran Depresión. Se trata, sin duda, de una crisis sin precedentes.

Y todo esto a raíz de lo que se nos vendió como “una gripe un poco más fuerte de lo habitual”, opinión que yo también compré durante un tiempo, pero que está llamada a ser la peor pandemia desde la de la gripe española de principios del siglo XX, con el agravante de que, en aquella ocasión, el mundo casi entero acababa de librar una guerra que hizo que los esfuerzos no se pudieran centrar en combatir al nuevo enemigo.

En nuestro país, la guerra contra la expansión de la enfermedad se ha visto salpicada de nuestro más genuino producto nacional: la inoperancia de nuestra clase política que, centrada en sus respectivos réditos electorales, deja de lado la gestión de lo necesario para centrarse en la gestión de lo “importante”.

Y es por esto que, a pesar del asombro que despertamos en medio mundo (del otro medio simplemente no despertamos interés) por haber sido el país que más ha sufrido todos los efectos negativos de esta crisis, llámese primera oleada, consecuencias económicas debidas a un confinamiento radical y segunda oleada, de cuyas consecuencias aún no hemos visto, probablemente ni el principio.

Así no ha de extrañar el artículo del New York Times de hace unos días en el que se hablaba sin tapujos de que el mejor aliado para la expansión de la enfermedad no ha sido otro que la incompetencia de nuestros gobernantes. Y el ejemplo, sin entrar a valorar quien tiene razón, porque ninguno la tiene, es el enfrentamiento entre administraciones públicas en la Comunidad de Madrid en torno a las medidas más oportunas para combatir la propagación del virus. Mientras las organizaciones sanitarias a nivel internacional se sorprenden de que España sea el país con mayor incidencia, tanto en la primera como en la segunda oleada del coronavirus, dentro de nuestras fronteras se libran batallas ante la opinión pública que sólo buscan cómo mejorar las expectativas propias de cara al futuro y cómo destruir las del adversario.

España llegó a tener controlado el virus cuando puso fin al estado de alarma el 21 de junio. El presidente del Gobierno “proclamó que ‘hemos derrotado el virus y controlado la pandemia'” y “después del bloqueo más estricto de Europa, España se apresuró a su liberación”. “El verano hizo el resto: prestando atención al triunfalismo de Sánchez, los españoles volvieron a su feliz convivencia habitual en bares, discotecas y reuniones familiares”. Se organizó una desescalada apresurada que incluyó la reapertura del turismo y devolvió las competencias sanitarias a las regiones autónomas. La responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza (no debemos olvidar que el país lideró las cifras de mortalidad y trabajadores de salud contagiados) a 17 administraciones que lo han hecho con desidia, sin haber preparado nada, sin haber aprendido nada y sin tomar nota de cómo otros países lo habían hecho, ni escuchar lo que tuvieran que decir expertos (muchos de ellos de nuestro propio país) acerca de las medidas a tomar.

Así, una de las claves principales para frenar la propagación del virus, como es la realización de pruebas PCR a la mayor parte de la población posible que haya podido estar en contacto con el virus, se ha encontrado con tres problemas fundamentales: las pruebas son escasas, llegan tarde y a destiempo; la localización de los sospechosos es ridícula, de tal modo que, hasta un país como Zambia, que no destaca precisamente por su sistema de salud espacialmente organizado, nos supera y, por último, la clase dirigente está más centrada en sus ideologías y partidismos que en una gestión eficiente y honesta, siendo este el problema que origina los otros dos.

La primera oleada de la pandemia se saldó para nuestro país con más de 27.000 muertos (según cifras oficiales), un aumento del paro sin precedentes y un aumento de deuda de 250.000 millones de euros. En este sentido, la previsión del FMI es que al final del 2021 nuestra deuda alcanzará los 1.438 millones de euros. Aunque por suerte, una gran parte de esta factura la asumirá el BCE convirtiéndola en deuda perpetua, lo mismo que está haciendo la Reserva Federal con los quebrantos norteamericanos o el Banco de Inglaterra con la factura de Reino Unido.

Según la propuesta de la Comisión Europea, la fórmula prevista será utilizar 77.000 millones en transferencias, ayudas que no hay que devolver. A eso habrá que añadir 63.000 de créditos sin intereses y a larguísimo plazo. Otros 110.000 tendrá que conseguirse en el mercado contando con el respaldo del aval del banco europeo. Un auténtico plan Marshall para la reconstrucción de Europa.

Lógicamente, las autoridades europeas nos pondrán condiciones para prestarnos esa cantidad de dinero. Los inversores también exigirán una política económica capaz de impulsar el crecimiento y la productividad, que tradicionalmente ha sido muy baja, para garantizar que a medio y largo plazo podamos devolverles lo que les debemos.

Y esto nos lleva de nuevo al otro virus que nos afecta: el de la incompetencia de nuestros políticos. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Los españoles solo pueden votar a sus candidatos en bloque, a través de listas cerradas elaboradas por los propios partidos tras un proceso de selección donde la intriga y las relaciones cuentan más que la preparación. La mayoría de nuestros representantes llegan a puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Solo el 36 por ciento de los diputados del Congreso declaraban haber trabajado alguna vez en la empresa privada en 2018.

Por tanto, urge cambiar la ley electoral para que los votantes escojan a sus representantes en listas abiertas, replantearse una organización territorial que ha provocado una gran descoordinación entre regiones y renovar las instituciones de gobierno para que dejen de ser una agencia de colocación de políticos y militantes afines a los partidos en el poder. Y, sin embargo, nada de ello servirá mientras no se responsabilice a los dirigentes españoles por sus fracasos y que estos tengan consecuencias políticas en las urnas, es decir, mientras sigamos siendo tan torpes y nos sigamos mereciendo a los políticos que nos gobiernan. Lo peor es que para esta enfermedad no se espera vacuna.