Un poco de realismo

Este artículo fue publicado originalmente por Droblo en enero de 2017. Lo publicamos de nuevo con datos actualizados.

3 de los 5 gastos más importantes (los otros dos son salarios del personal e intereses de la deuda) de las partidas de gasto de las Administraciones Públicas españolas, son la base del llamado “estado del bienestar”: pensiones (cuyo coste es 100% responsabilidad de la Administración Central) y sanidad y educación (que en un 90%, al estar transferidas, son abonadas por las Comunidades Autónomas). Hay quien incluiría el número de funcionarios (por cierto, tan solo la mitad de los contratados públicos totales) como parte del estado del bienestar pero en general creo que el garantizar a toda la población una sanidad y una educación decente y el pago de una pensión, incluso a quien no contribuyó a ella, es el gran éxito social de países como España y otros de nuestro entorno.

Tomando como punto de partida la Transición, llevamos 40 años en el que estos 3 gastos han mantenido una constante clara de ascenso que se vio interrumpida por la crisis iniciada en 2008 y, sobre todo, por el comienzo de los “recortes” -en mayo de 2010 cuando aún mandaba ZP- que llegaron ante la necesidad de reducir el déficit público (básicamente los ingresos se hundieron pero no los gastos lo que aumentó el desajuste que fue cubierto por emisión de deuda lo que motivó un mayor coste por el pago de intereses). Recortar siempre es polémico aunque pueda ser necesario. Muchos creemos que se puede recortar (aunque la suma de todo seguramente no eliminaría el déficit) eliminando el Senado, la duplicidad autonomías/diputaciones, reduciendo el número de políticos, televisiones públicas, publicidad institucional, subvenciones… pero lo cierto es que nuestros gobernantes han elegido lo fácil que es tocar las partidas más grandes. Aun así, sigue habiendo déficit y debemos, sólo de deuda pública, más de un billón de euros.

En la web de Absolutexe podemos encontrar un gran trabajo donde se puede apreciar la estructura de la población española (los datos son del cuarto trimestre de 2020):

No voy a entrar en la polémica de si la parte privada es la única productiva porque entiendo que los empleados públicos también son necesarios (y además mucho empleo privado se subcontratado por la Administración), sino en lo que suponen los “quesitos” más oscuros: la población inactiva, que es de más del 50% del total de la población y el 60% si sumamos a los parados. Esto quiere decir que incluso si alcanzáramos un utópico pleno empleo, y teniendo en cuenta que todos somos receptores de los servicios públicos, el grueso del peso de financiarlos recae en un porcentaje minoritario. Por supuesto siempre hay quien dice que todo se arregla con más impuestos aunque lo cierto es que llevamos 40 años aumentándolos, incluso creando nuevos, y nunca hemos debido tanto dinero como ahora. El problema es que los impuestos solo se aplican sobre todo a la población activa que es la que tiene ingresos o a las empresas que se benefician de los gastos, mayormente de esa misma población activa, por lo tanto si su tamaño se reduce, básicamente por un tema demográfico, el que los subamos no resuelve de dónde sacar el billón de euros que debemos con lo que, aunque eleváramos los impuestos y consiguiéramos aumentar la recaudación, tampoco podríamos financiar con ello más gasto.

Todos estos temas dan para muchos artículos pero quería simplemente exponer los datos porque esta grave situación de nuestras finanzas públicas ocurre en un contexto de crecimiento económico nacional e internacional que, dado que las crisis son periódicas, tendrá una duración temporal. Incluso si no hay crisis en un futuro cercano, el aumento del pago de intereses de la deuda (si no hay crisis, acabarán subiendo los tipos de interés) será un problema. Con estas cifras en los que claramente los pilares de nuestro estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones y empleados públicos) están en riesgo, ¿No deberíamos centrarnos en conseguir que sean sostenibles, en que, sea mediante ajustes del gasto, con más ingresos o con una combinación de ambas, dejemos de gastar más de lo que ingresamos y podamos reducir la deuda?

Entonces, si nuestro estado del bienestar está en riesgo y debemos conseguir con las políticas adecuadas blindarlo para que sea sostenible, incluso tras la próxima recesión, ¿A qué viene debatir sobre nuevos y enormes gastos? Hablar de dar una paga, sin entrar en otras consideraciones, a los casi 39 millones de españoles mayores de 16 años –una renta básica universal- es pura ciencia ficción. Debemos ser realistas, es comprensible querer mejorar pero antes de planear siquiera cómo aumentar nuestra cobertura social por encima de la que teníamos hace 10 años -cuando había menos pensionistas, más trabajadores y más actividad económica- debemos conseguir no perder la que tenemos, que es mucha, tanta que más del 90% de la población mundial soñaría con tenerla. Y está bien que todos queramos más pero no debemos olvidar que el estado no da nada, lo que hace es distribuirlo: lo que da a unos se lo quita a otros.