La formación política Podemos está preparando una proposición de ley que, de ser aprobada, obligará a los bancos a formar un fondo de garantía que protegerá a los clientes frente a una eventual oleada de impagos hipotecarios que podría ser provocada por la subida de los tipos de interés. La proposición de ley es una respuesta a la preocupación de que, sin tal medida, el número de ejecuciones hipotecarias podría incrementar de manera significativa, causando una crisis social y económica.
Los defensores de esta propuesta argumentan que tal fondo ayudaría a equilibrar el rescate bancario que el gobierno tuvo que implementar durante la crisis financiera de 2008. En ese tiempo, el Estado desembolsó una considerable cantidad de dinero para ayudar a los bancos en dificultades, y muchos argumentan que esta medida sería una forma de que los bancos “devuelvan” ese dinero a la sociedad.
Según Ione Belarra, líder de Podemos y Ministra de Derechos Sociales, el fondo de garantía sería nutrido con los 60.000 millones de euros provenientes del rescate bancario. “Este fondo permitiría a la gente vivir un poco mejor y tener un último resguardo cuando no pueda pagar la hipoteca”, declaró durante un acto de campaña en Tarragona.
La propuesta también considera la promoción normativa de la dación en pago, un mecanismo por el cual un deudor puede cancelar una deuda entregando el bien hipotecado. Además, la ley establecería procedimientos que obligarían a los bancos a renegociar los contratos en periodos de crisis y fomentaría la quita de deuda, es decir, la eliminación de parte de la deuda en función de los ingresos del cliente.
Podemos augura que la revisión de las cuotas hipotecarias, que en muchos casos se realizará en junio, provocará un incremento relevante en las mismas, lo que podría llevar a un aumento masivo de impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, con consecuencias sociales y económicas perjudiciales para la población en general.
El fondo de garantía estaría dirigido por una comisión gestora, compuesta principalmente por representantes del sector público, incluyendo ministerios implicados como Economía, Hacienda, Agenda Urbana, Consumo y Derechos Sociales, del Banco de España y de las entidades financieras. El Banco de España colaboraría con la comisión para determinar la cantidad de dinero que cada entidad financiera debe aportar al fondo.
La ley que Podemos está proponiendo también buscaría prevenir una ola de ejecuciones hipotecarias similar a la que se produjo durante la crisis financiera de 2008 a 2014, que se estima afectó a más de medio millón de personas. La formación política defiende que la implementación de este fondo de garantía contribuiría a controlar una “burbuja inmobiliaria” que, según ellos, ya está presente en el mercado.
Finalmente, la proposición de ley también incluiría la obligación de los bancos de renegociar términos de contratos hipotecarios cuando ocurran circunstancias excepcionales, como pérdida de empleo, subida de tipos, crisis económica o una catástrofe natural. Esta regulación se conoce como cláusula ‘rebus sic stantibus’. Si no se logra un acuerdo de revisión entre bancos y clientes, se podría recurrir a una conciliación voluntaria en sede judicial o la actuación ordinaria de los tribunales.