En España, la vivienda se ha transformado en un verdadero desafío económico para tres millones de familias, que se ven en la necesidad de destinar más del 60% (exactamente un 63%) de sus ingresos a cubrir gastos relacionados con el hogar, tales como la vivienda en sí, los servicios básicos y la alimentación.
El informe titulado “Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida”, presentado recientemente por Cáritas Española y la Fundación Foessa, destaca una realidad preocupante: el 16,8% de las familias españolas caen bajo el umbral de pobreza extrema tras abonar los costes de la vivienda (principalmente la hipoteca) y servicios esenciales, según lo indicó el investigador Daniel Rodríguez.
La situación ha llevado a un número creciente de familias a buscar alternativas como el subarriendo de habitaciones, una opción adoptada por 1,2 millones de hogares. Además, un notable número de personas, concretamente 4,2 millones, residen en condiciones de vivienda precarias, como pisos compartidos, viviendas cedidas sin contrato formal e, incluso, en circunstancias de desahucio.
El informe también resalta una tendencia alarmante: el aumento en el número de familias que viven en condiciones de habitabilidad inadecuadas, es decir, viviendas que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad. Esta cifra ha escalado del 25% en 2018 al 30% en 2021, afectando a 5,6 millones de familias, una situación que el análisis califica como “preocupante”.
Lamentablemente esta cifra seguirá en aumento a medida que las próximas revisiones de las hipotecas sean al alza debido al incremento que el Euribor ha sufrido durante estos últimos meses.
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Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. No sé vosotros pero para mi ayer fue…
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Solo un misera.ble publicaria algo asi
El Código de Buenas Prácticas, para que las familias con problemas económicos, en tiempos de crisis, puedan acogerse a un año o dos de carencia en el pago hipotecario, debería ser de fácil aplicación - por razones humanitarias- y no una quimera. Los bancos generalmente rechazan al 95 por ciento de los solicitantes que, aunque cumplan las condiciones, no saben o no pueden gestionar la solicitud.