Los bancos no están por la labor de ayudar a los hipotecados en apuros

María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), sostiene que no existen “elementos objetivos” que justifiquen o aconsejen modificar el Código hipotecario de Buenas Prácticas, diseñado para aliviar las cargas hipotecarias de familias vulnerables o en riesgo de serlo. Esta postura de la AEB contrasta con la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar el límite de ingresos para acceder a estas medidas de alivio de 30.000 a 38.000 euros.

Abascal rememora la actualización anticipada del Código de 2012, realizada en noviembre de 2022, para adaptarlo a la creciente subida del Euríbor y la nueva situación de los tipos de interés, incluyendo a familias en riesgo de vulnerabilidad. Destaca los resultados positivos tras esta actualización, mencionando la baja tasa de morosidad hipotecaria en España, del 2,45%, y la solidez del mercado laboral, que ha impulsado el ahorro y la reducción del endeudamiento.

Antonio Romero, director corporativo de servicios asociativos y recursos de CECA, al ser cuestionado sobre el 40% de rechazos en las solicitudes hipotecarias, señala que cada caso tiene su motivo específico. Además, enfatiza que las entidades financieras simplemente verifican el cumplimiento de los requisitos legales en las solicitudes, sin tener poder de decisión autónomo.

Romero también sugiere que se debería esperar más tiempo antes de considerar una expansión del Código. Paralelamente, sobre el proyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, María Abascal apoya la mejora de los servicios de reclamación existentes en el Banco de España y la CNMV, rechazando la creación de una nueva entidad.

Por último, Romero critica el impuesto temporal a la banca, advirtiendo que podría extenderse indefinidamente y alega que los beneficios actuales del sector no son extraordinarios, sino resultado de una normalización de los tipos de interés. Argumenta que este impuesto podría afectar la capacidad de generación de crédito en España y rechaza el caso italiano, donde un impuesto similar tuvo que ser revisado tras las repercusiones en el mercado y las advertencias del BCE.