En 2015, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas que exigían a los clientes asumir los costes de formalización de hipotecas. Esta decisión provocó un aumento masivo de demandas, llevando a la creación de juzgados especializados en 2017 para evitar el colapso del sistema judicial.
Más adelante, el Tribunal Supremo especificó qué gastos deben ser reembolsados por los bancos: los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad, tasación de la vivienda, gestoría y la mitad de los gastos notariales. A partir de enero de 2021, se estableció claramente que estos gastos deben ser cubiertos en su mayoría por los bancos.
La compensación media para los clientes que reclaman estos gastos es de unos 1.000 euros, más intereses. Cualquier persona que haya firmado su hipoteca antes de 2019 tiene derecho a reclamar.
Sin embargo, surge una incertidumbre: ¿cuál es el plazo límite para reclamar estos gastos? La decisión final depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinará si el plazo concluye el 23 de enero de 2024, en julio de 2025 o si se cuenta desde la declaración de nulidad de la cláusula en cada hipoteca.
Mientras se espera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido decisivo en varios casos de gran huella, los clientes no deben dejar pasar la oportunidad de reclamar lo que les corresponde. Es importante recordar que, en lugar de proceder a un reembolso voluntario, los bancos han seguido exigiendo a los clientes que recurran a los tribunales.
En resumen, así como los bancos no dudan en cobrar todo tipo de gastos y comisiones, y ajustar los tipos de interés, los clientes afectados por estas cláusulas abusivas tienen la oportunidad de obtener una compensación justa. Sin embargo, es importante actuar rápidamente, ya que el 23 de enero de 2024 podría ser la última oportunidad para iniciar una reclamación y evitar la pérdida de derechos.