Llevábamos mucho tiempo sin que las medidas para los hipotecados en apuros saltasen a la política, parece que con el cambio de tendencia del Euribor el problema se había solucionado, aunque es algo que me temo que todavía le queda recorrido.
En este entorno, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles un plan de choque con diez nuevas medidas de impulso en materia de vivienda 2024/25, que incluye nuevos incentivos fiscales, como una nueva deducción en el IRPF del 25% para los hipotecados a los que haya subido el interés de su hipoteca respecto a diciembre de 2022.
Asimismo, el plan incluye el cambio temporal de uso de suelo de oficinas, un seguro de impago gratuito durante más anualidades y más oferta en los pequeños municipios de la región.
“Madrid se ha consolidado en los últimos años como la capital y como la región con mayores expectativas de crecimiento y desarrollo de Europa. Para abordar estos cambios y todo lo que está por venir es fundamental que la vivienda sea un aliado”, ha subrayado Ayuso.
La presidenta ha convocado la reunión del Pacto Regional por la Vivienda, que se ha celebrado en la sede de la Consejería, en el reformado Pabellón Antonio Palacios. Ante las 30 entidades que han participado en esta cita, la dirigente autonómica ha destacado la creación de una ‘versión plus’ tanto del Plan Alquila como de Mi Primera Vivienda.
En el primer caso, se proponen nuevos incentivos, como ampliar a tres anualidades el seguro de impago gratuito, que era de dos para menores de 35 y de uno para el resto. Asimismo, para movilizar pisos desactualizados, la Comunidad pondrá en contacto a los futuros arrendatarios con empresas rehabilitadoras acreditadas. A esto habrá que sumar el Plan Alquila Comparte, para ofrecer seguridad jurídica a aquellos propietarios que quieran arrendar pisos por habitaciones.
También se mejora el programa ‘Mi Primera Vivienda’, que facilita el acceso a una hipoteca a madrileños que no superen los 35 años, ampliando la financiación del 95 al 100% e incrementando el límite de edad hasta los 40, además de extender el beneficio a las familias numerosas o monoparentales.
Asimismo, entre las acciones legislativas, destaca la posibilidad temporal de cambio de uso por dos anualidades de edificios o parcelas destinadas a oficinas que pasen a ser hogares. Esta transformación sería mediante licencia sin necesidad de planeamiento. Igualmente, se ahondará en la promoción de viviendas en alquiler asequible, facilitando a las cooperativas el acceso a préstamos con protección pública, con aval de la Comunidad.
REBAJAS FISCALES EN COMPRA Y ALQUILER
Por otro lado, ha avanzado un paquete de rebajas fiscales para compra y alquiler de vivienda con un ahorro de casi 100 millones. Entre las medidas, se incluye una nueva deducción en el IRPF para contrarrestar la subida de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios por residencia habitual.
Para ello, se creará una bonificación del 25% sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales y con la condición de que el tipo de interés de la hipoteca sea variable. Se estima que esta actuación beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes, con un ahorro fiscal de 90 millones.
Además, otra deducción de 1.000 euros en el IRPF se destinará a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos un año, siempre que se incorporen al mercado del alquiler con contratos de duración efectiva superior a tres años.
MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN
También se han diseñado incentivos fiscales para que los jóvenes menores de 35 años establezcan su residencia habitual en alguno de los 73 pueblos de la región con menos de 2.500 habitantes, bien sea en régimen de compra, reforma o alquiler. Además, podrán ser acumulables y generarán un ahorro cercano a los 9 millones.
Por un lado, habrá una deducción de 1.000 euros por traslado a esas localidades en el periodo impositivo en que se produzca, siempre que se mantenga allí la vivienda habitual durante todo ese año y tres siguientes.
Además, se incluye una rebaja para estos contribuyentes en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de su domicilio habitual, que será del 10% del precio de adquisición o reforma, con un límite anual de 1.500 euros. Junto a ello, otra bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de un inmueble de segunda mano, como de Actos Jurídicos Documentados, en caso de que sea nuevo.
Otra de las actuaciones avanzadas es la creación de una línea de ayudas, con cargo al PIR, para impulsar la obtención municipal de suelo y que se puedan levantar inmuebles de obra nueva o destinados a su renovación en localidades de menos de 20.000 habitantes.
También está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento de Vivienda con Protección Pública, que redunde en un mayor volumen de actividad y permita recuperar la figura del arrendamiento con opción a compra.
Igualmente, la Administración autonómica seguirá potenciando “un marco regulatorio estable y transparente”. En este punto, ha recordado la labor que desarrolla el Consejo Arbitral, “un instrumento vanguardista y de referencia en la resolución de conflictos que evita acudir a la vía judicial”.
MADRID, HUB DE INDUSTRIALIZACIÓN
La jefa del Ejecutivo madrileño ha recordado su compromiso para crear en la autonomía el mayor hub de industrialización a nivel nacional, para seguir avanzando en un método de edificación que aporta “importantes progresos respecto al tradicional, disminuyendo los costes económicos y ambientales, mejorando los tiempos y reduciendo los riesgos laborales”.
Desde el Gobierno regional han hecho hincapié en que la madrileña es actualmente la Administración que más casas de titularidad pública y a menor cuantía construye en España. El Plan Vive de alquiler a precio asequible suma 6.500 viviendas ya adjudicadas en 12 municipios y otras 1.912 en licitación en 10 localidades. Esto arroja un saldo de casi 8.500 hogares a los que también se añadirán las 1.200 del Plan Solución Joven.
Otra de las iniciativas es la actualización de los precios máximos de venta y renta de vivienda con protección pública. Desde el Ejecutivo han indicado que esta es “una medida necesaria ya que llevan congelados tanto tiempo que, de no adaptarse, puede frenar la construcción de 30.000 hogares asequibles de promoción privada en los próximos cuatro años”.
“Todas estas iniciativas están destinadas a construir más y mejor vivienda en la Comunidad de Madrid. Nuestra intención es ponerlas en marcha en los próximos 24 meses de manera simultánea con los programas de vivienda que ya están en vigor”, ha subrayado.
RECLAMACIONES AL GOBIERNO CENTRAL
Por último, ha incidido en que “la Administración General del Estado también debe contribuir en la medida” en la que lo hacen desde la Comunidad para “crear un escudo fiscal estatal para la vivienda, para ser realmente competitivos”. En este sentido, ha apuntado a que es responsabilidad del Gobierno “abordar en serio el problema de la okupación ilegal”.
“Además está más que demostrado que el intervencionismo es una lacra para la economía, el empleo, el desarrollo y la inversión. Es imprescindible que los propietarios y los inversores tengan máximas garantías de seguridad jurídica”, ha indicado.
Ayuso ha hecho hincapié en que “la ley de vivienda es nefasta y está causando, entre otros muchos perjuicios, la reducción de la oferta y el incremento de los precios”. “El objetivo de este plan es ir en el sentido contrario, es que la Comunidad de Madrid pueda aumentar esa oferta de vivienda, seguir consolidándonos como la región más atractiva para la inversión y seguir transformando nuestras áreas urbanas, haciéndolas más habitables, más cómodas y más accesibles para todas las economías”, ha concluido.