El panorama para los hipotecados de España podría experimentar un cambio favorable en el corto a medio plazo, según las recientes declaraciones de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España quien ha asegurado esta semana que “las hipotecas van a empezar a ver un cierto alivio” en términos de carga financiera, especialmente los créditos fijados a tipo variable.
Hernández de Cos ha expresado optimismo sobre la posibilidad de que las hipotecas experimenten un alivio en su carga financiera. Esta perspectiva se basa en la anticipación de que el Banco Central Europeo (BCE) podría optar por una reducción de los tipos de interés en futuras decisiones, siempre y cuando no surjan imprevistos relevantes que alteren el panorama económico actual. Dicha expectativa ya se refleja en el comportamiento del euríbor a un año, lo que indica una posible disminución en los costos para los hogares con hipotecas a tipo variable.
El momento exacto para esta potencial disminución de los tipos de interés depende críticamente de la evolución de la inflación y su sostenida reducción. Aunque el BCE proyecta una disminución gradual de la inflación en el corto plazo, con expectativas de alcanzar el objetivo de estabilidad en torno al 2% para los años 2025-2026, el gobernador enfatiza la importancia de mantener la inflación controlada, evitando desviaciones tanto por encima como por debajo de este umbral.
Durante su discurso, Hernández de Cos también ha resaltado el papel constructivo del sector bancario durante y después de la pandemia, señalando mejoras en la solvencia, la reducción de activos deteriorados y un incremento en la rentabilidad. Sin embargo, advierte sobre los retos que suponen los efectos secundarios del aumento de los tipos de interés, como el incremento del riesgo de crédito, lo que requiere un sector bancario aún más resiliente frente a la incertidumbre.
Además, el gobernador ha abordado la cuestión del euro digital, explicando que el BCE está explorando la viabilidad de su introducción como un medio para asegurar que los ciudadanos europeos puedan realizar transacciones en un entorno digital con la misma facilidad que con el dinero físico. Este esfuerzo responde a la creciente competencia de monedas digitales no oficiales y la dominancia de empresas no europeas en el mercado de pagos.