Cada vez hay más gente que reclama la devolución de los gastos de la hipoteca

La devolución de los gastos de constitución de hipotecas es un tipo de reclamación bastante aconsejable ya que se tiene todas las de ganar y esto le ha llevado a ser el asunto legal más consultados por los españoles en 2023. Así se desprende del Observatorio Jurídico de Legálitas, que analizó un total de 1.085.206 asesoramientos jurídicos realizados por sus abogados a lo largo del año pasado, suponiendo la mayor muestra examinada en este tipo de estudios en el sector legal.

Una de cada cuatro consultas estuvo relacionada con Consumo

Por temáticas, Consumo, que aglutina dudas sobre banca, contratación de suministros, comercio, ocio y turismo, volvió a ser un año más el área que más consultas de los ciudadanos acaparó, con un 25,87%, representando que una de cada cuatro necesidades jurídicas fuese sobre esta materia.

Las consultas sobre temas bancarios aumentaron hasta representar más de la mitad de las recibidas en esta área, especialmente, por las dudas que genera la devolución de los gastos de constitución de hipotecas. Las cuestiones relacionadas con suministros (gas, luz y telecomunicaciones, etc.) bajaron levemente debido a las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la inflación.

Los españoles mostraron este año una mayor sensibilización hacia los temas laborales, especialmente, sobre los derechos de los trabajadores (solicitar una excedencia o reducción de jornada, teletrabajo, permisos laborales, etc.), que fueron una de las consultas estrella del ejercicio. No obstante, las prestaciones a la Seguridad Social y a las Mutuas, pese a que descendieron en volumen, siguieron representaron uno de los asuntos más repetidos en materia Laboral.

Esta área de Laboral, con un 17,47% de los asesoramientos, desbancó en el ranking a las consultas relacionadas con Inmueble (16,47%), donde las cuestiones relacionadas con los alquileres fueron la principal preocupación de los ciudadanos.

A las problemáticas habituales (impagos de renta, firma o resolución de contratos, conflictos entre propietario e inquilino por arreglos o gastos, etc.), se sumaron las originadas por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno como, por ejemplo, la nueva Ley de Vivienda y las dudas sobre quién debe pagar los gastos de gestión inmobiliaria en un arrendamiento, la prórroga de la limitación en la actualización de la renta del precio del alquiler o la prórroga hasta 2025 de la suspensión de los lanzamientos en procedimientos de desahucio por vulnerabilidad del inquilino.