Pese a que desde una parte de la escena política se niega el problema de la ocupación, los datos del Ministerio del Interior reflejan que desde 2020 se han detenido o investigado a 36.842 personas por delitos relacionados con la ocupación de viviendas, de los cuales la mitad son ciudadanos extranjeros, así como que hay una tendencia descendente tanto de las investigaciones con arrestados como de infracciones penales por denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles.
Un total de 7.057 personas fueros detenidas o investigadas por los delitos de ocupación de viviendas, de los que la mitad de ellos (3.544) fueron extranjeros, de acuerdo a la estadística del Ministerio del Interior entre enero y septiembre de 2023, según una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press.
En 2022 fueron detenidos o investigados –entre enero y diciembre– un total de 9.721 personas, de las que 4.866 fueron extranjeros y otros 4.855 de nacionalidad española. Ese año se registraron 16.765 infracciones penales por usurpación o allanamiento de inmuebles, frente a los 11.539 anotados entre enero y septiembre de 2023.
En los años precedentes se mantiene esta proporción en relación con la ocupación de viviendas, según una respuesta parlamentaria a Vox con los datos aportados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales al Sistema Estadístico de Criminalidad.
BAJAN DETENIDOS Y LAS INFRACCIONES
La estadística de Interior refleja que, a falta de anotar los tres últimos meses de 2023, el número de detenidos o investigados ha ido bajando ligeramente desde 2020, un año marcado por las restricciones de la pandemia de Covid-19 y en el que se dictaron instrucciones contra la ‘okupación’.
En 2021, los detenidos o investigados subieron hasta 10.030 personas –de ellos, 4.969 extranjeros–, prácticamente el mismo dato que en 2020, cuando fueron 10.034 –entonces, con 5.359 extranjeros–.
En paralelo, las infracciones penales por usurpación y allanamiento repuntaron desde las 14.792 en 2020 a las 17.274 en 2021, para luego moderarse hasta las 16.765 infracciones en toda España en 2022 y seguir la tendencia a la baja entre enero y septiembre de 2023, con 11.539 denuncias.
ORDEN DE DESALOJO “INMEDIATO”
Los datos figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno, con fecha de 12 de febrero, en la que se recuerda las instrucciones de Fiscalía y del Ministerio del Interior para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen de “forma urgente y perentoria en caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y éste haya presentado una denuncia”.
“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada”, continúa el Gobierno, que explica que en estos casos la intervención policial queda sujeta a una orden judicial de desalojo previa, “además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad”.
Esto es así en casos de usurpación, añaden, “salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento”.
La estadística de Interior también refleja que Cataluña suma más casos de ocupación de viviendas que Andalucía, Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, las tres comunidades autónomas que le siguen con más infracciones penales tanto de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) como de usurpaciones, sea o no residenciales y mediando o no la violencia (artículo 245).
Las infracciones relacionadas con la ‘okupación’ sufren una leve tendencia a la baja en el conjunto de España desde que, en septiembre de 2020, entraron en vigor las órdenes de Fiscalía y del Ministerio del Interior para combatir esta problemática. En concreto, Cataluña sigue liderando de forma destacada las ‘okupaciones’ al sumar el 40% del total.
EVOLUCIÓN DESDE LA INSTRUCCIÓN DE 2020
El septiembre de 2020, después de un verano con noticias sobre ocupaciones de inmuebles que derivó en debate político, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada, a lo que siguió otra instrucción de Interior para unificar criterios de actuación.
Según la estadística de Interior consultada por Europa Press, con datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2020 se contabilizaron un total de 14.792 infracciones penales. En 2021, primer año con la instrucción en vigor, estos delitos subieron a 17.274 (+16%), aunque en 2022 la cifra ya sí se moderó a 16.726 (-3%). En 2023, hasta septiembre, en el conjunto de España hubo 11.539 ‘okupaciones’.
En 2020, al aprobar la instrucción ‘antiokupas’, el Ministerio del Interior reconocía la “confusión y alarma social”, y lo relacionó a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas “sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, de forma inmediata”, incluyendo la “identificación de los ocupantes y su detención si procede”.
Desde Interior se remiten a los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, donde queda constancia de que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.
3 comentarios
Uy Uy UY el gobierno no aprueba este tipo de noticias
Es que esta “noticia” pone el foco en la nacionalidad cuando el elemento discriminante es la pobreza. Ya sabes, correlación no implica causalidad. O dicho de otro modo: que la mitad sean inmigrantes no quiere decir que los inmigrantes, por serlo, vayan a ser okupas. Pero poner el foco en la nacionalidad hace que los de “abajo” se peleen entre ellos en lugar de apuntar al verdadero problema, que no es la inmigración, sino la falta de redistribución de la riqueza.
Por supuesto que el elemento discriminante es la pobreza. Pero hay que mirar un poco mas a fondo, si la mayoria de inmigrantes entran dentro de ese nivel de pobreza, habra que estudiar el porque. Si miramos a la inmigracion legal, lo normal es que vengan con contrato de trabajo y no se vean obligados por la vida a la ocupacion. En cambio la inmigracion ilegal no tiene nada que perder y si mucho que ganar, por tanto ocupan viviendas. Si paras la inmigracion ilegal, como han hecho otros paises (Nueva Zelanda o Australia) quizas mejorariamos mucho el problema.