La banca aprobó en 2023 el 12% de solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas hipotecarios, pero rechazó el 43%, la mayoría por no cumplir con los requisitos para poder ser beneficiarios de las medidas de alivio para los deudores vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad.
Estas cifras se recoge en el informe de Estabilidad Financiera de Primavera de 2024, que acaba de publicar el Banco de España, y donde el supervisor explica que el uso de los Códigos de Buenas Prácticas se disparó en 2023, aunque sus volúmenes se mantienen contenidos en comparación con el saldo vivo hipotecario de las entidades.
El supervisor ha informado este lunes de que en 2023 la banca ha recibido alrededor de 61.000 solicitudes de adhesión, que representan un total de 7.600 millones de euros en deuda hipotecaria. De esta cantidad, la banca aprobó un 12% de solicitudes, representativas de 907 millones de euros, o lo que es lo mismo, del 0,2% del saldo vivo hipotecario.
Estas cifras se disparan con respecto a 2022, cuando la deuda sujeta a medidas de alivio hipotecario era de 135 millones de euros, que suponían un 0,03% del saldo vivo hipotecario a finales de 2021.
En cambio, la banca rechazó un 43% de las 61.000 solicitudes, que representaban en torno a 3.360 millones de euros en volumen de deuda, la mayoría, más de un 80%, por no cumplir con los requisitos para beneficiarse de las medidas.
En cuanto a la calidad crediticia de las operaciones que se han acogido a los códigos, el Banco de España indica la existencia de un “cierto deterioro” en 2023. “Debido a la orientación de estas facilidades hacia los hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, era esperable que se observaran ratios de calidad crediticia peores que para el conjunto de la cartera del crédito a vivienda”, explica en concreto.
Así, explica que del volumen de deuda sujeta a estos códigos, un 46,9% corresponden a operaciones reestructuradas dudosas, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022; un 2,7% a operaciones dudosas no reestructuradas, con un incremento de dos puntos porcentuales; y un 26,4% a operaciones en vigilancia especial, que aumentan en 5,3 puntos porcentuales.
Conviene recordar que a finales de 2022, el Gobierno y la banca acordaron reformar el Código de Buenas Prácticas hipotecario de 2012 para deudores vulnerables y crear un código para familias en riesgo de vulnerabilidad –este último con una vigencia hasta finales de 2024– ante la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la previsión de un empeoramiento de la economía.
Así, el Ejecutivo estimaba en aquel momento que estas medidas podrían beneficiar a un millón de hogares, una cifra que luego el Banco de España rebajó a los 549.000 potenciales beneficiarios ante el mejor desempeño económico.