La reciente cumbre sobre vivienda ha evidenciado las tensiones entre el Gobierno y varias comunidades autónomas a la hora de aplicar la nueva Ley de Vivienda. La reunión, que buscaba acordar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, pone en el centro del debate el control de alquileres y la declaración de zonas tensionadas. Mientras que el Ejecutivo insiste en que ambas estrategias pueden contener precios y facilitar el acceso de jóvenes al centro urbano, autonomías como las gobernadas por el Partido Popular consideran que intervenir en el mercado es una medida errónea, y se muestran reticentes a declarar zonas tensionadas.
Mientras el debate político se intensifica, los datos muestran una realidad inquietante para quienes desean comprar o alquilar en España. En el segundo trimestre de 2023, el precio de la vivienda en el país subió un 3,6%, el doble que la media de la Eurozona. Este crecimiento, que ya lleva una década, responde a varios factores, siendo la escasez de oferta el más destacado. Según Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la falta de viviendas en zonas tensionadas limita la capacidad de las familias jóvenes para encontrar opciones asequibles, y este problema va más allá de los controles de alquileres.
El déficit de suelo urbanizable es una de las causas más relevantes. Torres señala que, pese a que España tiene una baja densidad poblacional comparada con otros países de la Unión Europea, no se ha destinado suficiente suelo a la construcción de viviendas. “Si los ayuntamientos y comunidades no ponen suelo en el mercado, los precios seguirán subiendo”, comenta Torres, quien destaca que los poderes públicos han fallado en reaccionar a la escasez de oferta durante años.
Además, Torres subraya que aunque la demanda de vivienda sigue aumentando, la mano de obra en el sector de la construcción es limitada. Esta falta de personal podría agravar aún más el cuello de botella en el futuro, impidiendo una expansión rápida de la oferta. La situación se complica porque no basta con construir más; según el experto, las viviendas modulares, las cooperativas o la rehabilitación de inmuebles desocupados son ideas que están ganando tracción en otros países, y que podrían ofrecer una vía alternativa en España.
A corto plazo, Torres menciona que activar viviendas vacías, controlar el alquiler turístico y fomentar la construcción en terrenos ya urbanizados podrían contribuir a frenar el alza de precios. No obstante, se debe tener cuidado en la intervención sobre el alquiler turístico, pues el turismo es una fuente importante de ingresos en España.
Por otro lado, un dato que refuerza el papel de la demanda externa en este mercado es que el 15% de las viviendas en España han sido compradas por ciudadanos extranjeros. Esta cifra resalta el atractivo de la propiedad inmobiliaria en el país, especialmente en un contexto en el que otras economías europeas también enfrentan problemas de acceso a la vivienda.
La cumbre sobre la Ley de Vivienda deja entrever que el acceso a la vivienda sigue siendo un tema complejo en el que confluyen múltiples factores, desde la escasez de suelo y la falta de oferta hasta la presión de la demanda extranjera y la política de los poderes públicos. La solución, según los expertos, pasa por un esfuerzo conjunto entre gobierno central, comunidades y municipios para reactivar el suelo y avanzar hacia un mercado más equilibrado.
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