Ojo, los desahucios suben un 7,8%

El último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que durante el segundo trimestre de 2024, se llevaron a cabo un total de 7.850 lanzamientos en España, lo que representa un aumento del 7,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra refleja un incremento notable en las ejecuciones judiciales, destacando la presión que enfrentan tanto arrendatarios como propietarios en el contexto actual del mercado inmobiliario.

De los lanzamientos realizados, un 74,8% (equivalente a 5.874) se relacionó con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta ley, que regula los contratos de alquiler de vivienda, ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en un momento en que la oferta de vivienda es limitada y los precios de alquiler continúan en aumento. Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias representaron el 18,7% del total, con 1.469 casos. Los 507 lanzamientos restantes se debieron a otras causas, lo que sugiere una diversidad de situaciones que afectan a los inquilinos y propietarios en el país.

Un aspecto destacado del informe es la disminución de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que cayeron un 1,9% respecto al segundo trimestre de 2023. Esta tendencia podría interpretarse como un signo de mejora en la capacidad de las familias para hacer frente a sus hipotecas, o bien como un resultado de las políticas implementadas para prevenir desahucios en un contexto económico incierto. En contraste, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos aumentaron un 10,7%, lo que podría indicar un endurecimiento en el mercado del alquiler y la creciente dificultad de muchos inquilinos para cumplir con sus obligaciones contractuales.

Por comunidades autónomas, Cataluña se posiciona como la región con el mayor número de lanzamientos, contabilizando 2.091, lo que equivale al 26,6% del total nacional. La región es seguida por Andalucía, con 1.129 lanzamientos; la Comunidad Valenciana, con 1.006; y Madrid, con 831. Este fenómeno no es sorprendente, dado que Cataluña ha experimentado una significativa presión en el sector del alquiler, lo que podría estar relacionado con la alta demanda de vivienda en las áreas urbanas y la falta de opciones asequibles.

En el ámbito de las ejecuciones hipotecarias, se presentaron 5.483 casos en el segundo trimestre, un 6,2% más que en el mismo periodo de 2023. Andalucía lideró este indicador con 1.238 ejecuciones, representando un 22,6% del total nacional. Sin embargo, si se analiza el dato en relación con la población, Murcia sobresale con 19,1 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que resalta la situación crítica en estas regiones.

Por otro lado, el informe también revela un descenso en los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. En el segundo trimestre de 2024, se registraron 639 demandas, lo que supone una reducción del 19,1% en comparación con el año anterior. Esta caída es interesante, ya que refleja la dinámica del mercado inmobiliario y el enfoque que están adoptando los propietarios ante la ocupación ilegal, un tema que ha generado considerable preocupación en la sociedad española.

El dato más alto de demandas por ocupación ilegal se dio en Cataluña, con 128 casos, seguido de Andalucía con 120 y la Comunidad Valenciana con 102. Estos números pueden servir como un indicativo del desafío que enfrentan los propietarios de viviendas en ciertas regiones del país, donde la ocupación ilegal ha sido un problema persistente.