El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a la sociedad, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde el precio de los alquileres ha alcanzado niveles prácticamente inasequibles. A pesar de las expectativas puestas en las políticas del Gobierno para aliviar esta situación, la realidad es que el precio tanto de los alquileres como de la compra de inmuebles no ha dejado de dispararse.
Hoy en día, encontrar un alquiler por debajo de los 900 o 1.000 euros en estas ciudades es una rareza, y en caso de hacerlo, se trata de inmuebles extremadamente reducidos, de apenas 15 o 30 metros cuadrados. Esta situación ha provocado una ola de descontento social, que se materializó el pasado domingo en multitudinarias manifestaciones por todo el país, exigiendo soluciones reales y efectivas.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su intervención en el foro internacional ‘World in Progress Barcelona’ para anunciar una serie de medidas que buscan aliviar el problema de acceso a la vivienda. Entre ellas, destacó la asignación de 200 millones de euros en bonos de alquiler para jóvenes, una iniciativa ya en marcha desde hace dos años, pero que se refuerza con este nuevo paquete de ayudas. La medida busca ofrecer una ayuda mensual de 250 euros a los jóvenes para hacer frente a los elevados precios del alquiler, especialmente en las zonas más afectadas.
Sin embargo, el acceso a este bono joven de alquiler está restringido por una serie de requisitos. Para poder beneficiarse de esta ayuda, los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años, estar trabajando, y contar con ingresos anuales inferiores a 24.000 euros. A estos requisitos económicos se suma la imposibilidad de ser propietario o usufructuario de una vivienda en territorio español, salvo en casos excepcionales, como separaciones o divorcios que impidan el uso del inmueble.
Otro de los obstáculos más importantes para acceder al bono joven es el precio del alquiler. Según los criterios actuales, el coste de la vivienda alquilada no debe superar los 600 euros al mes, o 300 euros si se trata de una habitación. No obstante, en determinadas zonas donde los precios son más elevados, este límite puede ampliarse hasta 900 euros al mes para inmuebles completos, o 450 euros para habitaciones, si la Comisión de Seguimiento lo considera adecuado.
Durante su intervención, Sánchez también anunció un nuevo reglamento que tiene como objetivo evitar fraudes en contratos de alquiler turístico y de temporada, un fenómeno que ha contribuido a encarecer los precios del mercado inmobiliario. Esta regulación busca poner freno a la especulación que agrava la escasez de viviendas asequibles, especialmente en las grandes ciudades.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó que la nueva convocatoria del bono joven fue llevada al Consejo de Ministros este martes, con el objetivo de agilizar su implementación. “Hemos dirigido ayudas como los 200 millones de euros que esta semana llevaremos al Consejo de Ministros, para que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas”, indicó la ministra, haciendo un llamamiento a las administraciones locales para gestionar estas ayudas con mayor rapidez y eficiencia, dado que en muchos casos las demoras en la concesión de estos bonos han sido objeto de duras críticas por parte de los beneficiarios potenciales.