Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, espera que el Congreso acepte este martes tramitar su propuesta de ley, que obligaría a las entidades financieras a ofrecer a sus clientes formas claras y accesibles para reclamar cláusulas abusivas relacionadas con el pago de la hipoteca y los intereses. Se trata de una medida que busca dar respuesta a miles de familias afectadas por prácticas bancarias poco transparentes en los contratos hipotecarios.
La proposición de ley pone el foco en las cláusulas conocidas como ‘Redito ad Libitum’ (Redal), incluidas en muchas hipotecas mediante métodos matemáticos engañosos o a través de sistemas de subamortización encubiertos, según explica el grupo parlamentario. Estas prácticas, que afectan a la amortización de los pagos, han generado confusión entre los consumidores, quienes a menudo no comprenden del todo cómo se calculan sus cuotas mensuales.
Desde Sumar, aseguran que es posible que el PSOE apoye la iniciativa, mientras que el Partido Popular (PP) podría optar por la abstención. Esto sería suficiente para garantizar que la propuesta avance en su trámite parlamentario, lo que marcaría un paso importante hacia la defensa de los derechos de los consumidores frente a la banca.
Guillem Bou Bauzá, un experto que ya habló sobre estas cláusulas en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, advirtió que muchas de las hipotecas afectadas no contenían la fórmula de cálculo de las cuotas, lo que las convierte en poco claras y potencialmente abusivas. Bou Bauzá, quien también elaboró un informe para el Gobierno balear sobre este tema, destacó que el problema radica en la falta de transparencia en la forma en que las entidades financieras presentan estos productos a los clientes.
Félix Alonso, diputado de En Comú y uno de los impulsores de la propuesta de ley, denunció en rueda de prensa que estas cláusulas son una clara muestra de “mala praxis por parte de la banca”, afectando gravemente a muchas familias. Según Alonso, “se engañó a los clientes” con contratos que carecían de transparencia, publicidad adecuada y credibilidad.
Tras la comparecencia de Bou Bauzá en la comisión, varios grupos parlamentarios reconocieron que las fórmulas matemáticas incluidas en los contratos eran confusas y que podría haber motivos suficientes para considerarlas abusivas. Esto ha dado un impulso relevante a la propuesta de Sumar, que ahora espera obtener el apoyo necesario en el Congreso para continuar con su proceso.
Alonso ha expresado su confianza en que “la gran mayoría, si no todos, de los grupos parlamentarios” respaldarán esta iniciativa, que busca proteger a los consumidores y exigir a los bancos mayor claridad en la redacción de los contratos hipotecarios.