El sector bancario español está movilizándose para ofrecer una moratoria de tres meses ampliables en los préstamosde aquellos particulares, autónomos y pequeñas empresas afectadas por las devastadoras inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en Valencia. La medida, que fue presentada por las tres principales asociaciones del sector —AEB, CECA y Unacc— tras una reunión con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, busca brindar un respiro financiero a los afectados mientras reconstruyen sus viviendas y negocios.
Este tipo de apoyo no es nuevo para el sector bancario en situaciones de catástrofes naturales. En 2021, tras la erupción volcánica en La Palma, los bancos españoles implementaron una medida similar para los afectados. En ese caso, concedieron 3.227 moratorias por un total de 133,8 millones de euros, siendo operaciones hipotecarias el 69% del total. La experiencia positiva de esa iniciativa ha llevado a que la banca contemple la misma fórmula para quienes ahora enfrentan las secuelas de la DANA en Valencia.
Aunque las evaluaciones de daños aún están en curso, la patronal de los seguros, Unespa, ya ha advertido que estas inundaciones podrían convertirse en el desastre climático más costoso en la historia de España. Según la organización de autónomos ATA, en las zonas afectadas trabajan unas 54.200 empresas y 51.000 trabajadores por cuenta propia. La moratoria en los préstamos podría ser clave para muchos de estos negocios, que se enfrentan a una drástica reducción de ingresos tras el impacto de la DANA y la necesidad urgente de cubrir daños materiales.
Además de la moratoria, el sector bancario también está en conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)para establecer otras medidas de apoyo. La colaboración con el ICO, que en ocasiones anteriores ha facilitado líneas de crédito avaladas por el Estado para empresas afectadas por crisis, podría permitir el lanzamiento de financiación especial para los damnificados por la DANA. Esta estrategia recuerda a la implementación de las líneas de crédito con aval estatal durante la pandemia del COVID-19, que brindaron un respaldo fundamental a empresas y autónomos en momentos críticos.
Esta moratoria y las posibles líneas de crédito ICO son iniciativas que buscan aliviar la presión financiera para los afectados y que podrían significar la supervivencia de numerosos negocios en las zonas más castigadas de Valencia. Mientras tanto, los bancos esperan la articulación legal de esta medida, que debe ser formalizada por el Ministerio de Economía en las próximas semanas.
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