El próximo 31 de diciembre expirará una de las medidas estrella del paquete de alivio hipotecario aprobado por el Gobierno en noviembre de 2022. Esta disposición, que permitía a los titulares de hipotecas modificar las condiciones de sus préstamos para cambiar de tipo variable a fijo o mixto sin el pago de comisiones, así como realizar amortizaciones anticipadas sin costes adicionales, llega a su fin.
La medida formaba parte del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, una iniciativa impulsada en plena crisis inflacionaria y ante las agresivas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). En un principio, la duración de este alivio estaba prevista hasta diciembre de 2023, pero fue ampliada un año más debido a los impactos económicos derivados de la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la persistente sequía en Europa.
Sin embargo, el panorama ha cambiado significativamente en los últimos meses. El BCE ha relajado su política monetaria desde junio, lo que ha llevado al Euríbor —el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España— a situarse en torno al 2,4 %, después de haber alcanzado máximos históricos cercanos al 4 % en 2023. Esta tendencia a la baja ha llevado al Ejecutivo a no prorrogar la medida para 2025.
A partir del 1 de enero de 2025, los titulares de hipotecas que quieran modificar las condiciones de su préstamo —ya sea mediante una novación (ajuste de las condiciones con la misma entidad) o una subrogación (traslado de la hipoteca a otra entidad bancaria)— deberán enfrentarse nuevamente a los costes asociados a estos trámites, que incluyen comisiones y otros gastos administrativos.
Asimismo, quienes deseen realizar reembolsos anticipados de su deuda hipotecaria también deberán asumir las comisiones habituales establecidas en sus contratos. Este escenario podría desalentar a algunos hipotecados de realizar ajustes en sus préstamos, a pesar de la previsión de que los tipos de interés puedan mantenerse en niveles moderados durante 2025.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido prorrogar el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, una medida que beneficia a las familias con mayores dificultades económicas. Este código, que nació en 2012 durante la crisis financiera, ofrece mecanismos de protección para los hogares con ingresos inferiores a 38.000 euros anuales.
Además, aquellos afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) tendrán una protección extendida hasta mayo de 2026, mientras que el resto de hipotecados en situación de vulnerabilidad podrán acogerse a las medidas del código hasta noviembre de 2025.
Entre las herramientas que ofrece el Código de Buenas Prácticas destacan:
Estas opciones están reservadas exclusivamente para los deudores que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, tener una renta inferior a 4,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Ante el fin de esta medida, los expertos recomiendan a los titulares de hipotecas a revisar sus contratos actuales y valorar si es conveniente realizar una novación o subrogación antes de que termine el año. El objetivo es aprovechar las condiciones más favorables mientras no existan comisiones asociadas.
El impacto de esta decisión dependerá en gran medida de la evolución del Euríbor en los próximos meses y de la capacidad de los hipotecados para adaptarse a un entorno financiero que, aunque más estable, sigue siendo incierto.
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