La Agencia Tributaria ha trazado su hoja de ruta para el año 2025 con un mensaje claro: reforzar la lucha contra el fraude fiscal y vigilar de cerca los signos externos de riqueza que no se correspondan con la renta o el patrimonio declarado. Así lo recoge el Plan de Control Tributario 2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una de las principales líneas de actuación será intensificar la vigilancia sobre aquellas personas físicas que mantengan un nivel de vida difícil de justificar a partir de sus declaraciones fiscales. Se trata de contribuyentes que aparentan una elevada capacidad económica—vehículos de alta gama, viviendas de lujo, gastos suntuarios—pero que, según su información tributaria, no deberían permitirse semejantes lujos.
La Agencia pondrá especial atención en los casos donde se utilicen sociedades instrumentales para desviar gastos personales o simular operaciones mercantiles que oculten rentas reales. Por ejemplo, personas que cargan a sus empresas gastos de uso personal—desde embarcaciones hasta viviendas—o que simulan préstamos ficticios para justificar ingresos sin tributar por ellos. Hacienda analizará estas estructuras con detalle para recalificar como rentas personales aquellas inversiones y gastos que, siendo de disfrute exclusivo, se declaran como gastos de empresa.
Facturas falsas, pagos en metálico y no residentes, bajo el radar
El control también se endurecerá sobre los empresarios o profesionales que declaren ingresos incompatibles con su actividad, como aquellos que no registren cobros con tarjeta en sectores donde es lo habitual. Además, Hacienda vigilará las facturas irregulares que se utilizan para inflar gastos deducibles o lograr devoluciones indebidas de IVA. Tanto el emisor como el receptor de esas facturas serán objeto de inspección, advirtió el organismo.
En el ámbito de los no residentes, el foco se pondrá en la regularización de las rentas derivadas de inmuebles en España, así como en las retenciones insuficientes aplicadas a artistas y deportistas extranjeros, sectores tradicionalmente sensibles a la ingeniería fiscal.
Más control sobre criptomonedas, TPV y comercio electrónico
El auge de la economía digital también está en el punto de mira de Hacienda. El control se reforzará en sectores con alto riesgo de economía sumergida, prestando especial atención a los terminales de punto de venta (TPV) y a los sistemas de facturación, donde se quiere erradicar el uso del conocido software de doble uso que permite ocultar ventas reales.
Las criptomonedas seguirán siendo objeto de escrutinio. La Agencia Tributaria actuará contra quienes operen con monedas virtuales sin declarar sus ganancias. Por otro lado, el comercio electrónico y los alquileres turísticosmediante plataformas también se someterán a un control más exhaustivo, gracias a la nueva información transfronteriza sobre pagos y al intercambio de datos internacionales a través del protocolo DAC7.
Inteligencia artificial y pago por Bizum para facilitar el cumplimiento
En paralelo a este refuerzo del control, la Agencia Tributaria también quiere facilitar las cosas a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Una de las novedades de este 2025 será la implantación del servicio ‘Renta Directa’, que permitirá presentar declaraciones sencillas de IRPF de forma inmediata.
Además, se generalizarán los pagos a través de Bizum, incluso en la atención presencial y telefónica, y se ampliarán las opciones de pago con tarjeta en condiciones de comercio electrónico seguro. La simplificación del lenguaje administrativo, que afectará a más de 4,1 millones de documentos, también busca que el contribuyente entienda mejor las comunicaciones de la Agencia.
Por último, la inteligencia artificial comenzará a asistir al contribuyente en trámites censales y declaraciones, a través de asistentes virtuales y la modernización del sistema de cita previa, que permitirá recibir atención telefónica el mismo día de la solicitud.
Endurecimiento del control recaudatorio
En el ámbito recaudatorio, Hacienda anticipará el control sobre los riesgos de cobro, especialmente en delitos fiscales, contrabando y concursos fraudulentos. Se actualizarán los procedimientos de embargo y se vigilará a los deudores que aparenten insolvencia mediante el vaciamiento patrimonial o la creación de sociedades refugio.