En 2003 el Gobierno austriaco creó un fondo de capitalización individual con aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador, este fondo es lo que se denomina “mochila austriaca”. Ese dinero, que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado por una entidad financiera.En otros países ya existía –y existe- algo similar exclusivamente para las pensiones, la diferencia en este caso es que si llega el despido de ese trabajador, no recibe indemnización sino que se lleva consigo el contenido de esa “mochila” y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión (tanto de la pública como de otra privada que haya podido contratar). Aunque sus defensores dicen que allí ha logrado reducir la tasa de paro así como promover la movilidad funcional, geográfica y entre empresas, tal y como suena parece una forma de no pagar por el despido de hoy a cambio de que el pensionista tenga esos fondos en el futuro, lo que a priori, aunque pueda ser muy inteligente en términos económicos y de inversión, no parece muy atractivo a muchos que prefieren el dinero hoy que la paga futura.
Precisamente para “mejorar” la oferta ahora –Sánchez lo incluyó en el programa de reformas que remitió a Bruselas hace unos meses y aunque Ciudadanos lo haya incluido en su programa, lo cierto es que ya en la época de Zapatero éste estudió su aplicación- se propone que el estado se implique garantizando una rentabilidad mínima de esos fondos de tal manera que se asegurase que el ahorro depositado en la “mochila” no perdiese valor debido a la inflación o la mala evolución de la inversión que se haga de ese dinero. Esto supone un coste y además hay que convencer también a los empleadores. Si los trabajadores temen que suponga un abaratamiento –de hecho lo es, aunque sea compatible con el cobro del paro- del despido, los empresarios temen que sea una nueva carga para ellos.
Las ventajas son dobles: por un lado favorece la movilidad laboral ya que sea alguien fijo o temporal, sea despedido o se vaya voluntariamente, tiene lo que ha cotizado el tiempo que ha trabajado y ya nadie debe tener miedo de irse de un trabajo en el que lleva muchos años “para no perder la antigüedad”, y por otro aumenta el ahorro de los trabajadores y por tanto también su salud financiera en la jubilación. Y luego hay una tercera: incluso si el estado se gasta un dinero en garantizar una rentabilidad mínima (y en eximir de impuestos –sería lo lógico- a los beneficios generados), se verá muy beneficiado al reducir el problema social de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas al tener éstos más ingresos. Esto precisamente puede ser un arma de doble filo: ¿gastará el estado lo mismo en pensiones públicas cuando sepa que gracias a este sistema no “necesita” hacerlo, acabarán las pensiones públicas beneficiando sólo a los que nunca han trabajado –no contributivas- en detrimento de los que sí lo han hecho y por tanto tienen esa “mochila” como “colchón”?
Dejando de lado el tema de las pensiones (porque el destino de esos fondos también podría ser para crear una empresa por ejemplo, todo es cuestión de cuándo y en qué los gasta el beneficiario) lo que más miedo provoca en los sindicatos es que favorezca el despido al ser gratuito. Si con lo caro que resultaba despedir en 2008 y 2009, se perdieron tantísimos puestos de trabajo, si éste resulta gratis, ¿qué ocurrirá en la próxima crisis? Puesto que el gasto de despedir ya está realizado, no hay razones económicas para no ejecutarlo, ¿esto sería un incentivo a aumentar los despidos? Es una cuestión importante si bien hay que puntualizar que en principio este sistema lo que supone es un aumento de los costes laborales para el empresario, y no una rebaja. Es cierto que no gasta la indemnización al despedir pero a cambio debe pagar de más cada mes (se calcula que en torno a un 2% del salario bruto) por lo que no es que sea un chollo para los empleadores precisamente. ¿Qué es posible que despidan más? Sí, pero también lo es que contraten más. Al fin y al cabo países donde el despido libre es común tienen tasas de paro muy inferiores a las nuestras. Y la ventaja de este sistema es que cada mes el trabajador aumenta sus ahorros, le despidan o no. Y por fortuna a la mayoría no los despiden.
En resumen, es una propuesta interesante pero no es posible, antes de su aplicación, saber su funcionará o no y hay que resolver muchas dudas sobre su implementación. Además, si comenzara a aplicarse durante muchos años convivirían el modelo antiguo y el nuevo lo que no sería fácil y no sería rápido ver sus consecuencias. Si se quiere ser justo ni se le pueden aplicar cargos retroactivos a los empleadores ni pérdidas de derechos adquiridos a los trabajadores por lo que sólo se podría aplicar esto a los nuevos contratos, así que los beneficios, si los hubiera, tardarían en notarse años y sólo entonces veremos si hay más dinamismo y las contrataciones superan a los despidos, y décadas para saber si supone un cambio para las jubilaciones. En cualquier caso, es un tema a seguir.