Cambiar la estructura política.
Nuestro sistema político tiene muchos defectos pero a la vez creo que éstos son un reflejo de la sociedad española que es muy complaciente con las mentiras, con la corrupción, con el despilfarro… nos quejamos mucho de los políticos y a la vez les hacemos el juego, hay mucho conformismo en España y en mi opinión hay demasiado miedo a perder lo que se tiene como para intentar hacer el cambio radical que se necesita. No obstante, aunque los españoles seamos los principales responsables del sistema actual lo cierto es que los que montaron el actual tinglado han dificultado mucho que pueda haber un cambio real que pasaría, en primer lugar, por una nueva constitución –elegida por los españoles de hoy- que sustituyera a la anterior. Toda reforma que se quiera hacer en este país pasa por una nueva –o renovada- Constitución, esa “ley de leyes” que una parte de los españoles nacidos antes de 1960 votó en 1978 y que seguimos sufriendo en la actualidad y que parece ser deberemos padecer por los siglos de los siglos: hay que dejar de lado el miedo al cambio y el mantener a toda costa un sistema que cada vez convence menos.
Las críticas al actual sistema son constantes: hay quien insiste en la contradicción de no poder elegir por votación popular al jefe de estado, hay quien critica la falta de independencia de la justicia, la inutilidad del Senado, las listas cerradas, la ausencia de requisitos objetivos para ir en ellas, el injusto sistema electoral, que coexistan autonomías y diputaciones, el inmenso número de políticos, el aún mayor de asesores a dedo, la falta de castigo a los gestores públicos que gastan por sistema mucho más de lo que ingresan, lo barata que sale la corrupción… En todo estoy de acuerdo pero creo que no es la clave del mayor problema de nuestra democracia: que está mal construida porque no hace lo suficiente para que exista una efectiva separación de poderes. Fue el filósofo Montesquieu quien en “El espíritu de las leyes” (1748) acuñó el término “división de poderes” que ha llegado a nuestros días. Básicamente establecía, contra el criterio absolutista que “Los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial deben ser distintos y diferentes” y añadía: “Para que exista un gobierno libre los poderes propios de uno de los departamentos no deben ser administrados completa ni directamente por cualquiera de los otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe poseer, directa o indirectamente, una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere a la administración de sus respectivos poderes.” Así pues, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Esta es una teoría de contrapesos, donde un poder equilibra al otro. Sin embargo en el caso español las leyes las hacen los parlamentos que están dominados por los mismos que han elegido al ejecutivo, la separación prácticamente no existe y sólo el Tribunal Constitucional puede y debe frenar una ley si es anticonstitucional. Con lo que sólo tenemos como independiente el poder judicial al que se llega por estudios pero cuyos órganos superiores también están de algún modo influidos por el ejecutivo pues son cargos propuestos por partidos políticos. De hecho, el propio Tribunal Constitucional también es elegido por el poder legislativo como todos los órganos que en teoría podrían frenar su poder.
Así pues, si un ejecutivo está en el poder el suficiente tiempo domina los principales cargos del poder judicial, ha influido en el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional, hace las leyes que quiere si tiene una mayoría parlamentaria suficientemente amplia (algo a lo que ayuda la actual ley electoral). Y como la percepción de lo que es bueno o es malo a la mayoría de la gente le llega a través del filtro de los medios de comunicación, la independencia de estos es clave pero muy difícil dada su gran dependencia económica –e incluso de funcionamiento- de decisiones políticas (en las licencias de radio y televisión, en la utilización de las campañas de publicidad institucional como presión hacia la prensa etc.). Por supuesto todo este excesivo control sobre todas las áreas de poder también incluye la economía, sin un buen sistema de contrapesos es muy fácil para los gestores políticos el caer en la tentación de la corrupción: no podemos confiar –por desgracia lo hemos comprobado- en la bondad de nadie, es mejor tener un sistema que dificulte al máximo la posibilidad del latrocinio. Igual que es mejor tener un sistema de semáforos en los cruces que confiar en la educación vial de los conductores.
Para separar el poder ejecutivo del legislativo una Nueva Constitución quizás debería fijarse en el sistema norteamericano y que el pueblo elija por un lado a los parlamentarios para que elaboren y aprueben o rechacen leyes y por otro al primer ministro para que gobierne y prepare y cumpla los Presupuestos Generales del Estado. También se debe cambiar la estructura administrativa cara e ineficiente que tenemos, el injusto sistema electoral, las listas cerradas o que no podamos elegir al jefe del estado. Lo más curioso es que la tecnología y un sistema electoral justo nos permitirían acercarnos al sueño de la democracia directa y acabar con el déficit democrático actual: se podría votar con el propio móvil –igual que ya se hacen pagos con él- simplemente dándolo de alta en el Ministerio del Interior o estableciendo para todos los móviles nuevos al comprarlos una especie de matrícula que da derecho al poseedor del aparato a votar con él. Sería algo voluntario y complementario a las urnas al principio pero creo se impondría al ser mucho más barato, rápido y eficaz. Sí, las personas podrían vender su voto pero claro, también lo pueden hacer con el método tradicional ya que nadie garantiza un reconocimiento facial al comprobar la foto del DNI con la persona que vota y el sistema de papeles en urnas no es precisamente un ejemplo de seguridad. Tampoco lo es el de voto por correo y sin embargo es el mayoritario en el país que a comienzos del siglo XXI es el mayor exponente de democracia directa (listas abiertas, mayoría de políticos vocacionales, numerosos referendos vinculantes etc.) y participación ciudadana: Suiza.
En principio con los votos por móvil se pueden seguir eligiendo diputados pero sobran las circunscripciones electorales, es absurdo que valga menos votos un escaño en Soria que en Barcelona si al fin y al cabo el diputado elegido defiende las posturas de su partido y no las de su provincia. Así pues, si los votos son 30 millones y los escaños 351 –mejor un número impar para evitar empates- se puede establecer que cada escaño cuesta 85470 votos, es decir, 30000000/351. Si sólo vota la mitad de la gente, pues sólo habrá la mitad de diputados ya que no es justo que si los políticos no saben motivar a los votantes obtengan el mismo resultado. Con el tiempo mi esperanza, si se impusiera un sistema similar, es que en vez de votar cada 4 años, lo hagamos cada vez que el proyecto que se debatiera en el Parlamento fuera de importancia general, así como celebrar referendos asiduamente. Antes de poder votar, cada ciudadano debería responder a un test con 3 preguntas muy breves y básicas sobre el texto antes de elegirlo o rechazarlo, de este modo se garantiza que el votante demuestre que está informado sobre lo que vota o que al menos se tome la molestia de buscar las respuestas correctas en un buscador de internet, que demuestre interés más allá de las afinidades que pueda tener hacia el líder que pida que se apruebe o se deniegue algo. Seguro el porcentaje de abstención será muy alto -lo cual es una elección también-, pero nadie debe obligar a nadie a implicarse si no quiere.
Idealmente, la política debe convertirse en una cuestión de confianza: se supone que todos los gobernantes intentan hacerlo lo mejor posible –aunque sólo sea para mantenerse en el cargo- y su principal labor es hacer una buena redistribución –detectando dónde se debe aumentar la inversión y donde se debe reducir- de lo que recaudan. Es decir, que elaboren los mejores Presupuestos Generales del Estado y los cumplan correctamente ajustando con la mayor exactitud gastos con ingresos (debería ser muy impopular un equipo de gobierno que no sabe cuadrar los números). Así, los votantes deberíamos elegir a las personas que más confianza nos dan, independientemente del partido político. De hecho ¿por qué debe ser político el elegido? Con este método de elección directa no haría falta la estructura de partidos políticos para que hubiera candidatos populares y eso vale para presidentes del gobierno pero también para alcaldes.
Sea esta u otra, lo cierto es que hace falta una reforma política de calado en España.
